Barry Metzger, consultor jurídico de la norteamericana Coudert Brothers, siguió de cerca cómo las empresas prestadoras de servicios públicos asiáticas se rearmaron tras la crisis financiera y las devaluaciones que devastaron las economías de sus países a fines de los ‘90. Contratado por el Banco Mundial, el jurista norteamericano ahora difunde esa experiencia desde el microcine del Ministerio de Economía, adonde acuden empresarios de las privatizadas y funcionarios. Sus dichos reflejan la posición que la entidad presidida por James Wolfensohn sostiene para el caso argentino, justo cuando en el país se dispone a repactar los contratos con las privatizadas: el precio de los servicios deben reflejar los mayores costos y no hay que pensar en un seguro de cambio.
Metzger concedió a Página/12 la entrevista a condición de no opinar sobre la situación argentina. Sin embargo, su misión no es otra que transmitir un mensaje del Banco Mundial en el sentido de que el ajuste tarifario es tan ineludible como inminente. De lo contrario, las empresas podrían quebrar.
–¿Qué tiene de similar la crisis argentina y la de Asia? ¿Pueden ser comparables?
–Primero, por la envergadura de la devaluación. En Argentina la gente busca experiencias similares a la que sufre hoy y aquella es similar.
–¿Similar por la magnitud de la devaluación o por lo repentina?
–Por ejemplo, en Tailandia o Filipinas hubo devaluaciones similares en magnitud a la de Argentina. Pero en otros países fue aún mucho peor. En Indonesia, el dólar se encareció muchísimo más, aumentando alrededor de siete veces. El impacto de esas modificaciones en el tipo de cambio fue igualmente dañino en las empresas que proveen servicios de agua, luz o teléfonos allá y en Argentina. Después de la devaluación, es imposible que las empresas contengan sus costos, aunque el gobierno lo quiera. No sólo porque suben sus insumos sino porque se disparó su costo financiero: sufren lo mismo que otras empresas de la economía, a las que la depreciación del peso también perjudica. En las naciones asiáticas, a muchas concesionarias les resultó insoportable seguir afrontando sus deudas contraídas en moneda fuerte.
–¿En el caso de los países asiáticos las tarifas estaban dolarizadas?
–No. Eso es diferente. Las pautas para fijar tarifas allá es que sean económicas y que reflejen los costos. Cuando hay una crisis, los costos no pueden pasar directamente a la tarifa, de una vez. Pero a largo plazo, éstas deben reflejar todos las modificaciones. Lo que pasa en la mayoría de las renegociaciones que se dan en el medio de un colapso económico es que las empresas plantean que se dispara su costo financiero, lo cual es cierto, que posiblemente pueden caer por ello en default porque no pueden afrontar sus compromisos. Riesgo que es real. O que sus insumos resultan más caros. Finalmente, toda esta carga tendrá que impactar en el precio del servicio.
–¿Es válido exigir a las empresas que absorban esos mayores costos porque tuvieron muchas ganancias en el período previo a la crisis?
–Es como cuando hay un enfermo en la familia: hay que curarlo aunque antes haya gozado de buena salud. Si las empresas prestadoras de servicios públicos están enfermas, hay que tratar de reestructurarlas para que puedan seguir con sus prestaciones. Después de una crisis financiera y una devaluación, si las empresas no corrigen los precios de sus tarifas indefectiblemente quiebran.
–¿Y cómo afrontaron en Asia el problema las prestadoras de servicios?
–Los accionistas reforzaron sus inversiones pero celebraron, al mismo tiempo, un acuerdo con sus acreedores para reestructurar sus deudas: consiguieron más plazos pero, al mismo tiempo, cancelaron al contado una parte de la deuda. Algunas también vendieron bienes. Pero la clave es que hubo también un aumento de tarifas. El objetivo de los gobiernos fue que las empresas recuperasen su salud económica. Y eso lleva tiempo. En Asiallevó de dos años y medio a tres. En Manila, una prestadora del servicio de aguas tenía una millonaria deuda que saltó de 40 a 100 millones expresados en su moneda, tras la devaluación. Sufría algo similar a lo que sufren las empresas acá: gran parte de ese compromiso era en dólares. Para salvar la situación, terminó aumentando sus tarifas un 72 por ciento.
–¿Y cómo pagó su deuda?
–Reestructurándola y consiguiendo más ingresos por la vía de ese ajuste.
–¿Cree que el Estado debe auxiliar a las empresas que tienen deudas en dólares otorgando, por ejemplo, un seguro de cambio?
–No. A los gobiernos les interesa garantizar la continuidad de las empresas para que provean el servicio. Para eso es necesario admitir aumentos, tal vez no todos de una vez, pero éstos son imprescindibles para evitar el quiebre de las prestadoras. El día antes de la devaluación, las empresas no tenían el problema que les ocasionaron las políticas del gobierno y, en cierta medida, la situación internacional.
–¿Cuál debe ser el criterio para ajustar las tarifas públicas: en base a la inflación o por sus propios costos?
–El impacto de la devaluación debe ser negociado como una situación única y especial. Después, creo que lo mejor es ajustarlas en base a lo que ocurra con el costo de las empresas. Porque, tal como ocurrió en Asia, aun después de la devaluación, la inflación suele estar relativamente baja y, a veces, no refleja el mayor costo que deben afrontar las empresas como consecuencia de la devaluación.