El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU opina que el acuerdo con los buitres firmado por el gobierno de Mauricio Macri “representa un retroceso en el proceso encaminado a establecer un mecanismo internacional para reestructurar las deudas soberanas”. Añade que “los expertos en derechos humanos han expresado su profundo pesar”.

Página/12 tuvo acceso exclusivo al texto, que ya fue redactado por completo y será sometido este mes al Consejo de Derechos Humanos, el órgano mayor del área en las Naciones Unidas.

En septiembre de 2014, hace dos años, el Consejo condenó a los fondos buitre por su influencia en la violación de derechos humanos. Sobre los 47 Estados que integran el Consejo votaron en contra de la condena solo Gran Bretaña, los Estados Unidos, Alemania, Japón y la República Checa. El Consejo evaluó que los buitres son un factor de vulneración de derechos económicos y sociales. De inmediato formó un grupo de trabajo y puso a la cabeza a Jean Ziegler, el investigador suizo que aprendió para siempre las claves del lavado de activos cuando rastreó la ruta de los bienes robados por los nazis a los judíos en el Holocausto.

“Mensaje equivocado”

El informe de Ziegler tiene 21 páginas. Incluye lo sucedido entre los buitres y la Argentina hasta su capítulo final, el de la negociación de Macri. Hace centro en las maniobras del fondo NML Capital Ltd., con base en las Islas Caimán. Recuerda el documento que NML compró parte de los bonos antes del default del 2001 pero adquirió la mayoría después, a precios de pichincha. Por ejemplo compró por 48,7 millones una partida de bonos por 220 millones de dólares. Incluso se hizo de bonos de la deuda soberana argentina después de los dos canjes encarados por el gobierno, el de 2005 y el de 2010.

Cuando en noviembre de 2012 el juez de Nueva York Thomas Griesa ordenó pagar a NML y otros buitres el total de 1,3 mil millones de dólares, estaba convalidando una ganancia del 1600 por ciento. El problema es que la Argentina quedó impedida de pagar sus obligaciones a los bonistas con los que había llegado a un arreglo. Aunque Macri nunca le haya aplicado su insulto preferido en política, Griesa se convirtió en un palo en la rueda.

Cuentan Ziegler y su equipo: “Los hechos se aceleraron y en abril, cediendo a la masiva presión financiera, la Argentina revirtió abruptamente su política previa y llegó a un arreglo extrajudicial para pagarles 6,5 mil millones de dólares a los holdouts”.

Ése fue el retroceso. “Pagarles a los fondos buitres mucho más de lo que había sido pagado a los acreedores cooperativos en las reestructuraciones previas de deuda es un resultado molesto”, dice el documento. Fue un “mensaje equivocado” haber premiado a los que habían rechazado participar en los esfuerzos de reestructuración de deuda.

Puesto el tema en perspectiva de derechos humanos, el Comité Asesor busca ser preciso. Por un lado, indica que “haberle puesto un final a más de una década de disputas judiciales, en el corto plazo puede reforzar la credibilidad del país y permitirle pedir préstamos en los mercados financieros internacionales”. Pero, al pagarles a los holdouts, “el gobierno fue forzado a incrementar el peso de la deuda, un hecho que a largo plazo puede debilitar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales, al mismo tiempo que podría exacerbar la desigualdad y la inestabilidad financiera”.

De todos modos, y sea cual sea el resultado del arreglo, el comité cree que conviene “regular las prácticas de inversión especulativa para ponerlas en línea con el enfoque de derechos humanos y sus necesidades”.

Otra necesidad futura estaría dada por el establecimiento de un mecanismo multilateral “con un mandato para resolver litigios sobre deuda soberana de una manera independiente e imparcial”. Ese mecanismo serviría para compensar la doctrina de los tribunales norteamericanos, que al amparar a los buitres les dan mayor credibilidad y “los incentivarán a seguir con las mismas estrategias en el futuro”. El caso argentino no es una excepción.

Los fondos buitre suelen obtener ganancias fabulosas después de usar formas disruptivas de litigio. Solo en el período 1976-2010 hubo 120 juicios contra 26 países en default en tribunales de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Los buitres ganaron el 72 por ciento de los casos, sobre todo de países de África y América Latina. En África las derrotas judiciales fueron tan serias que el Banco de Desarrollo Africano creó un organismo de asistencia jurídica a los países en peligro.

Pero entre los países centrales solo dos Estados –Gran Bretaña y Bélgica– crearon mecanismos para desalentar el litigio disruptivo de los buitres. Iniciativas parecidas fracasaron en Francia y en los Estados Unidos.

“Interés público”

El Comité Asesor no se queda en el simple registro de desdichas. Sugiere cambiar las leyes y promulgar otras que tengan en cuenta “las preocupaciones sobre la situación socioeconómica del Estado deudor y el bienestar de su población”.

Advierte también que NML está accionando contra las autoridades belgas para cambiar la legislación adversa. Su principal argumento es que las leyes atacan el derecho de propiedad.

La comunidad internacional reaccionó de distintas formas contra los buitres. Hubo una crítica discursiva con pronunciamientos que van de uno emitido por el Grupo de los Ocho (los países más poderosos) a otro escrito por los ministros de finanzas de los países del Commonwealth.

La iniciativa con mayor consenso partió del Grupo de los 77 con el agregado de China y fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de septiembre de 2014 con el título de “Hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana”. Fue la victoria más preciada del entonces canciller Héctor Timerman y de un trío de diplomáticos conformado por la representante argentina Marita Perceval, el representante boliviano Sacha Llorenti, ambos en Nueva York, y en Ginebra el delegado argentino ante los organismos internacionales, Alberto D’Alotto. Para el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos es importante que la resolución de la Asamblea considerase la protección de la viabilidad de los Estados y su crecimiento cuando se ven sometidos a un ataque de los buitres.

Un año después, en septiembre de 2015, otra resolución de la Asamblea General señaló que la reestructuración de deudas soberanas no podía ir contra el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sustentable. La sustentabilidad es para la ONU el principio rector “para promover y proteger el desarrollo económico, el crecimiento y los derechos humanos”. El principio va mucho más allá de los buitres. Así lo resume el Comité Asesor: “El interés privado de los acreedores no puede ser protegido a expensas del interés público de promover y proteger el crecimiento sustentable e inclusivo y el desarrollo sustentable de un país”.

El documento que el Comité Asesor elevó al Consejo de Derechos Humanos sugiere mantener el tema en la agenda internacional, vigilar el impacto negativo de los buitres en los derechos económicos, sociales y culturales, recomendar a las administraciones nacionales de Justicia que limiten el valor de las demandas.

En 2014, cuando empezó su trabajo, Ziegler dijo a Página/12 que los buitres son un caso de “bandidismo financiero” y presumió que constituyen el instrumento de trabajo sucio utilizado por la gran banca internacional como Goldman Sachs.

También dejó un pronóstico: “La batalla que comenzará cuando entreguemos el informe será dura”.

Llegó el día.

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