En medio del carnicero de Zárate que persiguió y mató al ladrón, contribuyendo al debate cavernícola sobre lo aceptable o no de la ley de la selva, volvieron a cruzarse variados datos confirmatorios de un presente y horizonte económico cada vez más complejos.

Corresponde empezar por el reconocimiento del ministro Prat-Gay acerca de que los ultra-prometidos cambios en el Impuesto a las Ganancias, para los trabajadores en relación de dependencia, llevarán al menos dos años. El Gobierno abandona así uno de los compromisos publicitados con mayor intensidad durante la campaña de Cambiemos, porque ahora dice haber descubierto que las implicancias fiscales de lo ofrecido alegremente antes de las urnas requiere “una propuesta realista” (¿de modo que las anteriores fueron una estafa electoral?). Macri se cansó de jurar que en su gestión los laburantes no pagarían Ganancias, al punto de haberlo registrado en uno de los spots más difundidos de las estratagemas previas al 22 de noviembre. Pero no fue una irresponsabilidad haber anunciado con tanto bombo y platillo lo que hoy desandan. Es otra consecuencia de un modelo de transferencia feroz hacia los sectores de mayores ingresos. De la misma manera en que tensaron la cuerda con los tarifazos para probar la reacción social, hoy reniegan de las modificaciones en el impuesto porque los gobernadores están con arcas exánimes. Entonces, provocar un nuevo agujero fiscal por vía de rebajar Ganancias a los trabajadores privaría a las provincias de los fondos coparticipables que necesitan como el agua. La pregunta vuelve a ser: ¿Macri y sus tan brillantes equipos de CEOs y tecnócratas qué esperaban que ocurriese, después de haber molido al Estado con la quita de retenciones al complejo agroexportador más una megadevaluación simultánea? Suponiendo que en verdad confiaban en una lluvia de inversiones que ni siquiera es garúa, ¿pensaron que tormentas benéficas de esa naturaleza dan sus frutos de la noche a la mañana? El gobierno de Macri, con diez meses recién cumplidos, provocó el endeudamiento externo más fenomenal que se registre en un lapso tan corto: alrededor de 38 mil millones de dólares, según la cifra admitida oficialmente porque al fin y al cabo es una constatación técnica. De eso está viviendo, junto al agregado de provincias que también se lanzaron a un festival de bonos con intereses dolarizados, para captar fondos a como sea, y que a plazo más corto o levemente más largo habrá que pagar. No es Cambiemos. Es Volvamos a lo Peor.

La explicación más extendida entre varios analistas, algunos de ellos muy prestigiosos y aplicados a entender el mundo PRO desde su surgimiento, es que la inexperiencia de sus cuadros empresariales puestos en funciones de manejo político nacional los llevó, aunque parezca increíble, a pensar en que la adhesión ideológica del establishment significaría un apoyo concreto y traducido en artes de magia aquí y en el exterior. Puede ser, si se le suma que contaron y todavía disponen de los versos de la herencia recibida y, más luego, el avance a derecha que muestra la región. Pero en todo caso asoma más atendible todavía que la clave es el conjunto de intereses reaccionarios, unívocos, representados en una administración como la macrista, porque eso va más allá de los cálculos que hayan sacado sobre el apoyo específico que encontrarían. En otras palabras, no se trata de que el Gobierno vaya a retroceder siendo que no halló lo que aguardaba. Por el contrario, es esperable que profundice un rumbo cuyo destino, inevitable, es la represión de la protesta social, de lo que ya hay signos en forma cotidiana. El anuncio de que pasa a mejor vida la eliminación de Ganancias a los trabajadores –y que no deja de girar en torno de sólo el 10 por ciento de la población económicamente activa– motorizará el paro general de todas las centrales sindicales. Es un cuadro de relación inversamente proporcional al agotamiento de las culpas kirchneristas como todo argumento, si es por el andar de la economía. Les queda, por cierto, arreciar con las embestidas judiciales. Sin embargo, daría la sensación –alimentada por la caída de la imagen del Gobierno en toda encuesta, aun las de orientación oficialista– de que ese recurso presenta igualmente signos de estar cansando a la gente, tanto como el denuncismo sin ton ni son. Acerca de la dichosa herencia, y a pesar de que ya circuló con profusión en las redes y en algunos artículos periodísticos, cabe distinguir al paper que nuevamente propagandizó el macrismo para hablar del clima favorable a las inversiones en Argentina. Los grandes ejecutivos internacionales que se agruparon en el Centro Cultural Kirchner la última semana (unos 1600 de más de 60 países) pudieron leer que somos el segundo PBI per cápita más alto de la región; que ocupamos el puesto latinoamericano número uno en Educación y en el índice de Desarrollo Humano, y que se tiene la segunda mayor conectividad del subcontinente con 65 por ciento de usuarios de Internet. No publicitaron, en cambio, que además recibieron el gobierno con uno de los endeudamientos en dólares más bajos del mundo, para volver a situarlo al cabo de diez meses en un rango alarmante.

Se verá, a todo esto, en qué termina la audiencia pública desarrollada desde el viernes y hasta ayer por el tarifazo del gas; pero difícilmente haya servido para ventilar (y menos que menos corregir) aspectos estructurales de los costos de producción, transporte y distribución del sector. La ausencia de preguntas a los expositores convierte al hecho en una puesta en escena, aunque podría quedar habilitada una nueva vía judicial si, entre el resumen escrito de lo presentado y las impugnaciones, se demuestra que el Gobierno no justifica sus cuentas de acuerdo con lo ordenado por la Corte. El domingo pasado, Página/12 reveló las conclusiones del grupo de expertos que el diario convocó para analizar los balances de las empresas concesionarias del servicio. De allí surge por qué el Gobierno no abre la información: bajo la modalidad de asistencia técnica con los propios accionistas de las concesionarias, se giraron utilidades al exterior, por miles de millones de dólares, mientras los balances presentados en Argentina declaraban quebrantos. Tal lo resumido por el colega Raúl Dellatorre, las autoridades ni siquiera se preocuparon por desmentir con tibieza este estudio que no sólo se aplicó al segmento del transporte sino a los otros eslabones de la cadena. Pérez Companc, Enron, Techint, TGN y TGS (las dos transportistas del gas), Compañía General de Combustibles, Total Gas, integran la nómina de grupos accionistas. Alguno tuvo destacada participación en el foro de Gente como Uno desarrollado en el CCK, que según parece estaba en condiciones edilicias impecables y no sumido en el deterioro lamentable que los macristas denunciaron a poco de asumir. Los expertos que analizaron los balances gasíferos sugirieron también que la metodología de encubrir utilidades hacia fuera y lagrimear quebrantos internos “es análoga a la que utilizaba TBA, la concesionaria del tren Sarmiento”. La auditoría y el fallo judicial ya habían señalado “la centralidad del factor económico” como desencadenante de la tragedia de Once. Mientras la concesionaria reclamaba por el supuesto retraso de los ajustes tarifarios, contrataba de manera directa con sus accionistas, trasladaba la ganancia a esos actores y evidenciaba rentabilidad nula en cabeza de la concesionaria.

Si es cuestión de perlitas, de todas formas, se llevó las palmas el ministro de Educación y Deportes. Esteban Bullrich estuvo el jueves en un acto en la ciudad rionegrina de Choele Choel y conviene repasar sus palabras textualmente. “Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia, y planteábamos con el Presidente que no puede haber independencia sin educación. Y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva Campaña del Desierto. Pero no con la espada, sino con la educación.” La frase del ministro provocó algo así como vergüenza ajena hasta en los voceros mediáticos del macrismo, y es comprensible. Puede continuarse hasta el cansancio la polémica sobre Roca y sus andanzas. Pero comparar una pretensión de gesta educativa con lo que objetivamente fue una masacre, que muchos historiadores y estudiosos elevan al nivel de etnocidio institucional, es de mínima una ofensa al intelecto. Y que incurra en ella nada menos que el ministro nacional de Educación, lleva el asunto a un terreno complicado de descifrar porque, convengamos, refuerza el interrogante ya formulado cuando advirtieron que cambiar la moto o el celular, o viajar al exterior, era una fiesta que no puede ser para todos; cuando alertaron que si la nafta estaba cara había que dejar de usar el auto; cuando les pidieron perdón a los españoles por haberles expropiado YPF; cuando llamaron a ir abrigado por la casa en lugar de usar la calefacción; o cuando el 9 de julio, precisamente, Macri aludió a “la angustia” que sintieron los patriotas al separarse de la corona. ¿Son o se hacen?

Las dos cosas.