Por Andrea López *

Para los mentores del neoliberalismo, la decisión gubernamental de dar marcha atrás con las concesiones del correo y del espectro radioeléctrico es una señal de alarma. Avizoran una vuelta al estatismo populista que, para ellos, llevó el país al aislamiento y al atraso. Los que atrasan, sin embargo, son ellos. La política del Gobierno en materia de privatizadas aún no termina de definirse por completo, ni parece encaminada a las nacionalizaciones masivas, pero lo que se advierte es una incipiente voluntad política de modificar la absoluta pasividad estatal, hoy tan cuestionada a la luz de los estragos causados durante los ‘90. Esto sí es una diferencia no menor ni subestimable.
Las privatizaciones caídas tienen en común que fueron realizadas después de 1997, por decreto, rodeadas de sospechas y con fuerte oposición. Además, ambas tuvieron el raro privilegio de ser casi inéditas en el mundo en su tipo. Hay sólo cuatro países que privatizaron sus correos oficiales y el control del espacio radioeléctrico en manos privadas registra el antecedente de dos naciones africanas. Volver atrás con estos contratos escandalosamente incumplidos es un paso importante para recuperar soberanía estatal en una materia tan sensible como las comunicaciones.
También es un mensaje hacia la sociedad y hacia el resto de las privatizadas. Claro que su contenido definitivo dependerá de las medidas que efectivamente se tomen en el resto de los servicios. Si la dureza queda aquí, significará que se optó por cortar el hilo por lo más delgado, para exhibir ante la sociedad, apenas, cierto cambio de estilo con servicios de menor impacto, pero sin mayores consecuencias para la actual configuración de poder social. Lo crucial es que se avance efectivamente en la revisión total del resto de los contratos de las privatizadas, comenzando por el de Aguas Argentinas, que arrastra gruesos incumplimientos, e incluyendo una discusión profunda sobre el sector energético, comenzando por el petróleo.
Dadas las graves falencias que arrastran casi todas las empresas de servicios, exigir con firmeza que cumplan puntual y escrupulosamente con lo pactado sería, en este contexto, casi revolucionario y cambiaría de manera sustantiva la relación con los operadores privados. Una consecuencia lógica sería que varias operadoras perdieran las concesiones mal habidas o mal llevadas. Más aún, sería la oportunidad para inaugurar otras formas de gestión de los servicios públicos, más favorables a los ciudadanos usuarios que la persecución del lucro vigente hasta ahora. No hay razones económicas ni técnicas que impidan hacerlo. La clave reside en la voluntad política de enfrentar los poderosos intereses en juego.

* Profesora e investigadora de la UBA.