ECONOMíA › OPINIóN
› Por Pablo Manzanelli *
Tanto el paro de docentes y estatales como los anuncios de un futuro –y aún incierto– paro general se inscriben en un escenario de aumento de la desocupación y fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios. Se trata de reclamos con sólidos fundamentos empíricos: más de medio millón de nuevos desocupados y una caída del salario real que solo es superada en términos históricos por las grandes crisis de la historia reciente del país.
En cuanto al empleo, los datos del Indec indican que la desocupación trepó del 6,6 al 9,3 por ciento entre el segundo trimestre de 2015 y 2016, lo que implica 598.010 trabajadores arrojados al desempleo si se proyecta la información de los aglomerados urbanos de la EPH al total del país. El Gobierno apela a la escasa confiabilidad de las estadísticas públicas anteriores para entorpecer la comparación, pero en rigor de verdad ese no era un indicador cuestionado, al menos en una magnitud considerable, y la pérdida de empleo es consistente con la recesión económica y fundamentalmente con la fuerte contracción de la industria y la construcción.
Por su parte, es indiscutible que los salarios reales se contrajeron considerablemente a pesar de que las negociaciones paritarias fueron superiores a los topes que quiso establecer el gobierno inicialmente. La devaluación, la quita de retenciones y la suba de las tarifas provocaron el nivel de inflación más significativo desde las hiperinflaciones de 1989-1990, superando el 46 por ciento interanual en julio según el IPC 9 Provincias de Cifra. Así, a pesar de la caída en agosto y eventualmente de la desaceleración en los meses que siguen, la inflación anual se ubicará en torno al 43 por ciento.
Aun sin considerar los salarios de los trabajadores no registrados y del sector público, la inflación provocó una contracción de los salarios reales en los trabajadores registrados del sector privado del 10,3 por ciento en julio de 2016 respecto al mismo mes del año anterior y se estima que el salario real anual caiga en torno al 7 por ciento en el año para el caso de los trabajadores registrados. Con la incorporación de los trabajadores informales en el cálculo la caída sería superior.
En ese marco, cabe el siguiente interrogante: ¿es la caída del salario real de una magnitud tal que amerite la reapertura de las negociaciones paritarias? Las evidencias empíricas indican que si se contrasta la caída del salario real de este año con las caídas desde la restauración democrática en 1983, la contracción salarial de 2016 solo es superada por las últimas dos grandes crisis de la economía argentina. Es decir, que este nivel de contracción no ocurría desde 2002, cuando implosionó la convertibilidad y el salario real cayó 18,9 por ciento. O hay que remontarse a la hiperinflación de fines de los 80 para observar reducciones superiores: caída del 20 por ciento en 1988 y del 14,5 en 1989.
Es indudable, entonces, que la magnitud de la caída del salario real en 2016 es significativa en términos históricos. Las organizaciones sindicales tendrán mayor o menor “paciencia” ante esta esta situación para activar los reclamos salariales, pero es un hecho que esta caída afecta significativamente a los trabajadores y que se trata, en línea con los intereses del poder económico, de una política central del gobierno como lo insinúa el ajuste salarial implícito en el techo del 17 por ciento que consta en el presupuesto de 2017.
* Investigador de Flacso y Cifra-CTA.
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