Luego de que la Argentina no pidiera una nueva prórroga en la ejecución de la sentencia que la condena a pagar a distintos fondos buitres una cifra cercana a los 1000 millones de dólares, desde hoy podrá comenzar la ímproba tarea, por parte de los acreedores con sentencia favorable, de ejecutar activos argentinos. Esta posibilidad, que no constituye ningún dato nuevo, parece haber exitado la imaginación de muchos supuestos representantes de tenedores de títulos en default, así como de sectores interesados de fuera y dentro de la Argentina, quienes ya comenzaron a agitar el fantasma de los embargos masivos de bienes del país “en todo el mundo”.
A la cabeza de los “representantes de los bonistas” del exterior, se encuentra, por centimetraje ocupado en la prensa, el italiano Nicola Stock, un ex directivo del Banco de Roma reciclado por la ABI, la Asociación Bancaria Italiana, cuyo único punto en común con los miles de “jubilados” italianos tenedores de bonos a quien dice representar, no reside en tener bonos, sino en haber estado también jubilado antes que la ABI le ofrezca regresar a la escena pública.
El objetivo: intentar que los furiosos ahorristas a los que los socios de la ABI le colocaron papeles basura, cobrando jugosas comisiones por hacerlo, apunten sus cañones para otro lado, por ejemplo, hacia el insensible gobierno argentino.
Stock cobró cierta fama cuando creó la “Task Force Argentina”, un verdadero sello de goma. Si algún lector curioso visita la página de internet de la TFA e intenta contactar a sus responsables verá allí que todas las direcciones de correo electrónico terminan en @abi.it. Curiosamente, quien se encarga de las relaciones públicas de Stock también es el representante de prensa de la ABI.
En retrospectiva resulta notable que los bancos italianos, que también les vendieron a sus clientes acciones de Enron y de Parmalat, fueran capaces de colocar los papeles de deuda argentina hasta fines de 2001, fecha en que todos los analistas financieros internacionales, incluidos la totalidad de los principales bancos de inversión, descontaban el default de la Argentina. El JP Morgan, por ejemplo, había advertido el “riesgo sistémico” de las finanzas argentinas tan temprano como en agosto de 2001, inmediatamente después del ruinoso megacanje realizado en julio. Que el sector financiero italiano trate ahora que sus clientes miren para otro lado se encuadra en el más básico instinto de supervivencia.
Como si no bastase con el histrionismo de Stock, ayer también se escucharon declaraciones de Mauro Sandri, otro “abogado de bonistas italianos”. La oportunidad, claro, fue la posibilidad de ejecuciones abiertas por el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa en beneficio de fondos buitres a quienes, dicho sea de paso, ya había favorecido en otros procesos de reestructuración de deuda soberana; por ejemplo, falló a favor del especulador Kenneth Dart en una demanda contra Brasil por 1400 millones de dólares. Subiéndose al fallo generoso de Griesa, Sandri declaró a una radio local que dará una “fuerte lucha” para embargar “los bienes argentinos”.
Según su proyección, “en Europa se abrirá una lucha muy fuerte, tal como en Estados Unidos, muchos miles de italianos se preparan para abrir un juicio ante las Cortes de Nueva York para embargar los bienes argentinos en todo el mundo”, afirmó. Al parecer, el abogado desconoce uno de los principios básicos del derecho internacional, como el de territorialidad. Un juez neoyorquino puede solicitar embargos de bienes dentro del territorio estadounidense, pero nunca en todo el mundo.
Con el mismo tono que algunos defensores locales de los acreedores, Sandri aseguró que la administración de Néstor Kirchner “no quiere afrontar seriamente” la reestructuración de su deuda. Desde Rímini, sostuvo también que “el comportamiento del gobierno argentino es totalmente cerrado a los acreedores privados y servil para con el Fondo Monetario Internacional”.
En este punto, la Argentina sostiene el criterio del “bolsillo único”. En la medida en que los organismos financieros internacionales sean acreedores privilegiados, sólo se puede pagar a los privados con lo que resta. La alternativa demandada por los acreedores consiste en aumentar el superávit fiscal a más de 3 puntos del PIB, lo que a su vez supone subir impuestos o bien contraer el gasto público aún más de lo que ya se consiguió con la devaluación. En cualquiera de los dos casos, se desaceleraría la recuperación de la economía y por ende el margen de superávit para pagar deuda. Se trata así de una alternativa tan dolorosa en términos sociales como de suma cero en el mediano plazo. En lenguaje del FMI, el aumento del superávit sería una vía “no sustentable”.
Por último, salvo para los especuladores de largo aliento y que estén dispuestos a esperar el cambio de condiciones de la Argentina, sea porque puedan interferir en una futura colocación de títulos en mercados del exterior o porque exista otra administración dispuesta a “honrar las deudas”, los acreedores que opten por responder al llamado de sus supuestos representantes corren el riesgo de recibir menos que lo ofrecido con la quita del 75 por ciento.
Esto es así porque una vez obtenido un fallo judicial favorable, deberán identificar los activos embargables de la Argentina, los que por convenciones y tratados internacionales son sólo aquellos que no utiliza el Estado para su representación. Esto significa que no pueden embargarse ni las embajadas, ni el avión presidencial, ni mucho menos los bienes de los particulares, como llegó a especularse.
Los activos ejecutables son sólo los que tienen carácter comercial, de los que después de la década menemista si quedan, quedan pocos. Si además se cree en la palabra del ministro Roberto Lavagna, tales bienes estarían “a buen resguardo”. Lo embargable puede ser nada.
Y litigar puede tener costos inesperados. Si no hay nada que embargar, los abogados intentarán cobrar las costas de algún modo, por ejemplo yendo contra los bienes de sus clientes.