Las empresas de medicina prepaga que fueron obligadas por el Gobierno a cancelar el aumento de sus tarifas deberán emitir nuevas facturas y devolver la diferencia a aquellos clientes a los que ya les hayan cobrado, por ejemplo, mediante el sistema de débito automático. Distintas asociaciones de consumidores advirtieron a los afiliados que no acepten los ajustes y que reclamen ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor si las prestadoras se niegan a suspender los incrementos o a reintegrar lo que hayan percibido de más. La mayoría de las compañías eligió manejarse con cautela frente a la medida oficial, evitando agrandar la confrontación. De todos modos, varias de ellas deslizaron que apelarán la resolución de Patricia Vaca Narvaja.
“El Gobierno no tiene ninguna vocación de controlar precios. Simplemente, una de las tareas de Defensa del Consumidor es advertir sobre posibles abusos de las prestadoras”, se escudó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La dependencia de Vaca Narvaja “habrá entendido que es así, que estamos en presencia de una situación” de abuso, agregó el funcionario. El discurso oficial fue que las empresas cometieron infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor y que por eso deben frenar los aumentos. Pero en el Ejecutivo se preocuparon en cerrar la puerta a cualquier otra interpretación, como que se trate de una revancha por la negativa de las prepagas a rever su posición o, como aclaró Fernández, que se esté implementando una nueva política de control de precios.
Las compañías de salud tienen hasta el próximo miércoles para apelar la resolución de Defensa del Consumidor. La mayoría de ellas lo hará, según adelantaron extraoficialmente. Aunque las empresas acudan a la Justicia, la decisión de Vaca Narvaja quedará firme hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo: si las prepagas violaron o no la Ley de Defensa del Consumidor. El trámite puede durar de tres meses a un año, según los plazos que calculan en el Gobierno. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal será la encargada de dictaminar quién tiene razón. Cada caso es distinto, ya que depende de las características de los contratos que cada firma suscribió con sus afiliados.
Las denuncias de los usuarios ante los organismos y las asociaciones que los defienden se incrementaron ayer. En la Capital Federal, antes de esta situación, el servicio de medicina privado ya era el que más quejas recibía, según lo puntualizó el secretario de Producción de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn. Para formular reclamos, los usuarios pueden comunicarse con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación (0800-666-1518) o con la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad (0800-999-2727). Epszteyn advirtió que las prepagas que ya hayan emitido sus facturas con los precios aumentados deberán anularlas y reemplazarlas por otras que mantengan los valores anteriores. “Tampoco pueden reducir la calidad de la prestación” porque ello representaría “una nueva violación” a la legislación vigente, agregó.
La dependencia de Vaca Narvaja emitirá hoy o en los próximos días nuevas resoluciones para frenar las subas en otras empresas, más allá de las diecinueve que ya fueron notificadas. La única prepaga que opinó públicamente sobre la situación fue Omint. “El aumento está justificado en función del incremento del costo laboral y del costo médico”, señaló a través de un comunicado. Si bien aclaró que acatará la resolución del Gobierno, dejó entrever que la apelará.