Un hogar que antes del aumento del gas pagaba 50 pesos por bimestre ahora pagará en promedio 174 pesos; el que abonaba 85 pesos pasará a afrontar una boleta bimestral de 317 pesos, mientras que la factura de 109 pesos sube a un promedio de 396 pesos. En todos los casos, bajo el supuesto de que se mantiene constante el nivel de consumo de gas. Una pequeña empresa sin utilización intensiva del gas pasará de pagar 833 pesos a 3452, mientras que para una compañía de mayor porte el incremento promedio en el servicio es de 12.110 pesos a 53.472. Esos son algunos de los números que dejó la saga del aumento tarifario del gas. El nuevo capítulo tiene fecha de estreno en abril de 2017, cuando el Gobierno comience la aplicación de una nueva ronda de aumentos semestrales para continuar con el plan de eliminación de subsidios a los servicios públicos. El objetivo final del Ejecutivo se lograría en octubre de 2019, cuando el usuario afronte plenamente el valor del servicio. Salvo en los usuarios residenciales de mayor nivel de consumo, en todos los casos la tarifa social actual es más cara que la tarifa regular anterior.

La novela del gas comenzó en abril, cuando el Ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren publicó la resolución 28 por la cual estableció las subas tarifarias. El aumento promedio a igual nivel de consumo fue del 200 por ciento para los usuarios residenciales y 697 por ciento para comercios, pymes e industrias. Esos valores llegaban al 539 y 1200 por ciento en los hogares y comercios, respectivamente, de la región patagónica. Sin embargo, el aumento en los hechos fue todavía mucho más violento porque el año pasado fue un otoño cálido y eso permitió a los usuarios aprovechar los incentivos de ahorro otorgados por el Gobierno anterior, con lo que pudieron reducir su boleta en ese período. Este otoño fue frío, con el consiguiente aumento del consumo.

Las espectaculares subas tarifarias motivaron reclamos masivos en todo el país, cacerolazos, frazadazos, críticas de la oposición y hasta dentro del Gobierno. La respuesta oficial fue establecer topes del 400 y 500 por ciento a las subas tarifarias que no contentaron a nadie. Encima, Aranguren enfrentaba problemas formales, porque los aumentos se aplicaron sin convocar a audiencia pública previa, como marca la Constitución, lo que alimentó los argumentos judiciales en contra del tarifazo. El punto final de ese proceso fue la anulación definitiva por parte de la Corte Suprema a mediados de agosto. Un mes después se realizó la audiencia pública y posteriormente el Gobierno publicó el nuevo cuadro tarifario. Un informe de la Fundación Generación Sur al que accedió este diario detalla cómo quedó la situación de tarifas del gas.

Para los comercios, clubes de barrio, centros culturales e industrias, la factura promedio de la categoría SGP2, que engloba a la mayor cantidad de usuarios no residenciales, pasó de 833 pesos a 7977 pesos en abril y en la actualidad está en 3452 pesos, un aumento final del 314 por ciento. La categoría más alta (SGP3), pasó de 12.110 pesos a 81.878 pesos en abril y ahora ronda los 53.472 pesos, un incremento frente a principios de año del 342 por ciento. La categoría más baja (SGP2) registró un aumento en abril de 141 a 1056 pesos (651 por ciento) que luego quedó en 532 pesos (279 por ciento).

Un punto discutido en momentos de anulación del tarifazo original fue el supuesto perjuicio que recibirían los usuarios inscriptos en la tarifa social. Sin embargo, los números desmienten esa versión, incluso con el cuadro tarifario actual que tiene los aumentos “aminorados”. La factura promedio de un usuario R1 antes del aumento era de 50 pesos, mientras que por ese mismo nivel de consumo la boleta actual con tarifa social es de 95 pesos. El usuario R12 pasa de 85 pesos sin beneficio a 139 pesos con tarifa social. La categoría R22, de 109 pesos con “tarifa plena” a 179 con el beneficio; y la R23, de 156 a 216 con tarifa social. En cambio, la categoría más alta, la R34, pasa de pagar 1123 pesos de gas con el cuadro tarifario anterior a 758 pesos si recibe la tarifa social. Esta situación se da porque la tarifa social bonifica completamente el precio del gas en la boleta, no así la retribución para el servicio de distribución y transporte. De manera que a medida que aumenta el peso de ese componente en la factura final, mayor es el beneficio de la tarifa social.

Entre los usuarios residenciales, una factura de 50 pesos en marzo pasa a 174 pesos, de 85 pesos a 317 pesos, de 109 a 396 pesos, de 152 a 481 pesos, de 261 a 839 pesos, de 381 a 1027, de 603 a 1303 y de 1282 a 2634 pesos. Representan subas que van del 274 al 105 por ciento.