Un centenar de inspectores de la AFIP y unos 50 agentes de la Policía Federal llevaron adelante ayer 24 allanamientos en empresas acusadas de evasión tributaria. Este es el primer caso en el que entra en vigencia la figura de “asociación ilícita” para los delitos tributarios, aprobada en la última reforma de la ley antievasión.
Si bien la AFIP no confirmó el monto de la evasión, fuentes de la investigación señalaron que superaría el millón de pesos. La AFIP precisó que los allanamientos cobraron forma, luego de que la Cámara en lo Penal Económico ratificara ayer el procesamiento y prisión preventiva de los responsables de una “asociación ilícita” integrada por abogados y una escribana dedicada a la confección de facturas “truchas”. La medida recayó sobre el abogado Antonio Aleart –bajo el cargo de jefe de la asociación ilícita”–, el gestor Enrique Real de Azua y de Roberto Félix Ontivero, considerados como los organizadores y sobre la escribana María Noel Devoto y la contadora Susana Cristina Cirigliano.