El costo anual de Fútbol para Todos equivale al 0,7 por ciento de los 261 mil millones de pesos de deuda que asumió el Gobierno solo en los últimos dos meses. El plan de atención odontológica Argentina Sonríe costaba mucho menos, apenas el 0,09 por ciento de esa cifra. Sin embargo, las autoridades nacionales resolvieron terminar con ambos programas. También decidieron aplicar recortes de gastos para ciencia y tecnología, derechos humanos, cobertura de medicamentos a jubilados, asistencia a la agricultura familiar, distribución de computadoras a estudiantes secundarios, planes de apoyo a las pymes, pago de pensiones no contributivas a discapacitados, subsidios al transporte, gas, electricidad y agua. Son apenas algunos ejemplos para dimensionar la magnitud del ajuste del gasto y de la distribución regresiva del ingreso que encaró Cambiemos. Fútbol para Todos le insume al Estado unos 120 millones de dólares al año, el 0,4 por ciento de los 32.000 millones de dólares de deuda externa emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿No había posibilidad fiscal de destinar el 0,4 por ciento de ese gigantesco endeudamiento a la transmisión gratuita del deporte nacional, que miran cada semana millones de personas? Resulta evidente que no se trata de un problema fiscal, sino de cómo se asignan los recursos, de cuáles son las prioridades de gestión, de cómo se reparten los negocios. Es un factor ausente en el debate económico de estos días, pese a su centralidad para explicar una crisis que no encuentra piso. En televisión se transmiten informes especiales sobre el costo para la Argentina de dar educación universitaria a estudiantes extranjeros, mientras ejércitos de elefantes pasan detrás de las cámaras. En agosto unas 650 mil personas se beneficiaron de la eliminación de los controles a la compra de divisas, la finalización del “maldito cepo”. Una pequeña proporción de la población compró 23.000 millones de dólares entre enero y ese mes. Pero la obsesión del periodismo oficialista es el 0,1 por ciento de esa cifra invertida por el Estado en estudiantes extranjeros, unos 360 millones de pesos, de acuerdo a su versión, 23 millones de dólares al cambio de ayer.

Como la Argentina no emite dólares y las divisas que ingresan son insuficientes para abastecer la demanda, el Gobierno promueve el endeudamiento en moneda dura con la misma irresponsabilidad que lo hicieron antes los genocidas de la dictadura, el menemismo y la primera Alianza. Y no lo hace para sostener Fútbol para Todos, Argentina Sonríe y todos los demás derechos consignados más arriba, sino para que una cúpula pueda dolarizar sus excedentes y sentir que tiene “más libertad”. Es una inversión costosa, dada la carga de intereses que va acumulando esa deuda y la necesidad de practicar ajustes sobre la inmensa mayoría de la población para poder afrontarla. Es un proceso que el país ya atravesó en el pasado, que en 1982 terminó con la estatización de la deuda privada, en los ‘90 se pagó entregando las empresas públicas y en 2001 condujo a la peor crisis económica, social y política que recuerde la Argentina, con el 25 por ciento de los ciudadanos desocupados y el 50 por ciento debajo de la línea de pobreza. ¿Por qué esta vez será diferente? ¿Tal vez porque Macri les pide a los empresarios que se rompan el traste?

Las ventas de divisas para atesoramiento, viajes al exterior y transferencias fuera del país totalizaron entre enero y agosto 23.106 millones de dólares, según datos del Banco Central revelados por el periodista Alfredo Zaiat. La radiografía del mercado de cambios durante agosto detalla que compraron dólares billetes 647 mil clientes, por 1567 millones. El 49 por ciento de las ventas fueron hasta 10 mil dólares, un 19 por ciento entre 10 mil y 50 mil dólares, un 16 por ciento entre 50 mil y 500 mil, un 7 por ciento entre 500 mil y 2 millones, un 3 por ciento entre 2 millones y 5 millones y el 6 por ciento restante registró compras superiores a los 5 millones. El Gobierno debería explicar cuál fue la utilidad social de habilitar ventas por más de 5 millones de dólares, que pudieron realizarse gracias a que el Banco Central eliminó todo límite a la adquisición de divisas.

“Conocemos el destino final de este esquema, y tenemos muy presente en nuestro país cuáles son las consecuencias económicas y sociales de un default por sobrecarga de la deuda. Ocurrió hace poco, en 2001”, explicó el lunes pasado en este diario el economista Agustín D’Atellis al abordar la cuestión. También advirtió que la condición indispensable cuando se recurre al endeudamiento externo es generar un marco de desarrollo productivo que garantice el repago de esa deuda. “No es lo que ocurre”, sentenció. Lo que se ha configurado es el escenario de la puerta giratoria: “Los dólares que ingresan por endeudamiento externo -que recae sobre todos- financian la salida de capitales de un pequeño grupo, o el déficit fiscal generado por la caída de la recaudación, consecuencia de políticas de concentración de ingresos y debilitamiento del mercado interno”, ilustró D’Atellis.

Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, describió el impacto distributivo de las principales medidas económicas del Gobierno. Las transferencias del Estado a sectores de altos ingresos por la devaluación de diciembre (44.500 millones de pesos para el sector financiero, 69.500 millones para los exportadores y 50.000 millones por la compra de moneda extranjera), las ganancias fabulosas por las operaciones con dólar futuro (53.700 millones) y la quita de retenciones al agro, la industria y la minería (53.750 millones) totalizaron 18.100 millones de dólares, el 4,3 por ciento del PIB. En cambio, las transferencias para los sectores de ingresos medios y bajos fueron equivalentes a 5300 millones de dólares, el 1,3 por ciento del PIB, por el pago extra de 400 pesos a jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo, el reintegro del IVA a esos mismos sectores, el aumento de las asignaciones familiares a trabajadores registrados, la ley pyme, la extensión de la AUH a monotributistas sociales y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Es decir, casi 13 mil millones de dólares más para los primeros, sin contar el impacto del tarifazo a los servicios públicos ni el prometido bono de fin de año a jubilados y perceptores de la AUH. Si se suman esos ítems, es 1 punto más del PIB para los sectores concentrados contra 0,1 en provecho de jubilados y beneficiarios de la AUH, indicó el economista. En conclusión, la cuenta arroja 5,3 puntos del PIB para los ganadores del modelo económico contra 1,4 hacia los más vulnerables.

Esa lógica de reparto de los recursos explica en buena medida la dura recesión que atraviesa la economía. Cambiemos tomó en diez meses casi tanta deuda en términos nominales como la dictadura en siete años, pero eso no evitó que el consumo cayera de manera estrepitosa, la desocupación escalara a dos dígitos en los principales centros productivos, miles de empresas entraran en crisis, la obra pública quedara reducida a su mínima expresión, la inversión privada sufriera una violenta contracción y se multiplicara la fuga de divisas. Las señales que sigue enviando el Gobierno a la sociedad son de ajuste para las mayorías y beneficios extraordinarios para una elite. “Hay que salir del círculo vicioso del desempleo, la recesión y la bicicleta financiera para entrar al círculo virtuoso del empleo, la producción y el consumo”, resumió en su último informe Económico Laboral el especialista Adrián Caneto. Lo que refleja el proyecto de presupuesto para 2017 y las decisiones que sigue tomando el Gobierno demuestran lo contrario. Eso aumenta la incertidumbre sobre si habrá rebote o no de la economía en el año electoral, y a qué sectores alcanzará en caso de que se produzca.