Coincidiendo con una etapa de aumento en la flexibilización laboral, el gobierno envió al Senado un proyecto de ley complementaria al régimen de las aseguradoras de riesgos de trabajo que incorpora, como elemento central, la intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales. Con el explícito objetivo de reducir la capacidad de iniciar juicios laborales por parte de los empleados, la norma le otorga a dichas comisiones médicas la condición de ser la “instancia previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, a los efectos de determinar los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo”. Para los especialistas en legislación laboral, estas modificaciones no sólo limitan la posibilidad de defensa de sus derechos por parte de los trabajadores sino que, además, desconoce “la amplísima jurisprudencia de la Corte Suprema” en la materia y legisla exclusivamente en favor de las compañías de seguro.

“En vez de adecuar la ley a la jurisprudencia sobre accidentes laborales, trabajando sobre la prevención de los mismos, seguimos recortando las posibilidades de los trabajadores para defender sus derechos”, advirtió uno de los responsables del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma. Por otra parte, cuestionó que a través de las facultades otorgadas a las comisiones médicas jurisdiccionales, sean las mismas ART y las compañías de seguro (a través de ellas) las que controlen la determinación del grado de incapacidad del afectado, “porque tienen intereses creados en el monto de indemnización que se defina”. También cuestionó que, con el fin supuestamente de agilizar los trámites judiciales, se saque a los juicios por accidentes laborales del fuero del Trabajo y se los transfiera al de Seguridad Social. “Por ese mecanismo, se los está enviando a vía muerta”, sentenció la fuente consultada.

El abogado laboralista y dirigente del FpV Mariano Recalde también objetó el proyecto del Poder Ejecutivo, ya que no resuelve problemas básicos del sistema y, en algunos aspectos, los agrava. “Las ART no cumplen con sus obligaciones; no trabajan en la prevención de accidentes y funcionan como un sistema de lucro que las aleja de sus objetivos”, advirtió el ex candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad. “Había un mecanismo de control a las ART a través de sanciones, que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo había aumentado en su momento para inducirlas a un mayor cumplimiento de sus obligaciones, pero hace un mes fueron derogadas”, recordó. En su opinión, este proyecto “es un nuevo intento de avanzar en la flexibilización normativa en contra del trabajador, que acompaña la flexibilización de hecho que se está viendo en las relaciones laborales; el primer intento de flexibilización en materia normativa había sido la ley del empleo joven”.

Recalde también apuntó sobre el argumento oficial –que reitera la postura de las cámaras empresarias– referida a la urgente necesidad de detener una escalada en los niveles de litigiosidad contra el sistema de riesgos de trabajo. Según una estadística oportunamente difundida la semana pasada, la cantidad de demandas presentadas en los primeros meses de este año aumentaron en un 45 por ciento con respecto a las cifras del año pasado. “Lo que se debería hacer es estudiar por qué aumentaron los juicios, en vez de aprovecharse de la situación para flexibilizar las leyes; hacer un estudio de campo y determinar si, realmente, son el producto de una aventura judicial de los demandantes, cosa que dudo. A mí me parece que más que frente a una aventura del juicio, estamos frente a la aventura del prejuicio: de los dirigentes empresarios y el gobierno contra los trabajadores”, señaló.

Para ampliar su alcance y restringir las posibilidades de litigiosidad, en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso se invita a las provincias a que “deleguen en la Nación la sustanciación y resolución de los procesos administrativos propios de las comisiones médicas jurisdiccionales”. Los trabajadores accidentados o víctimas de enfermedades laborales, tras pasar por la comisión médica, podrán pedir la homologación del otorgamiento de las prestaciones dinerarias (indemnización). El Servicio de Homologación, creado por la propia ley elevada por el PEN, funcionará en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales, cuyas normas de procedimiento serán dictadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

El jueves por la noche el secretario de Finanzas, Luis Caputo, participó de la celebración del Día del Seguro que se desarrolló en el Hotel Alvear, organizada por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Allí anunció que ya estaba lista la modificación de la nueva ley de Seguros del Riesgo del Trabajo, y le garantizó a los dirigentes del sector asegurador que se tomarían los requerimientos para delinear “las políticas para el futuro del sector, que enfrenta una creciente litigiosidad”. La novedad fue recibida con entusiasmo por los responsables de las mayores aseguradoras del país allí presentes, como no podía ser de otro modo. A esa misma hora, el proyecto del Ejecutivo iniciaba su camino hacia el Congreso.