Si prosperara una de las líneas de investigación parlamentaria en torno al decreto que fundó el corralito financiero en su versión original, éste podría desmoronarse rápidamente bajo la avalancha de presentaciones judiciales. El decreto 1570, que firmaron los ministros delarruistas el 1º de diciembre pasado, no habría tenido estudios técnicos que fundamenten su razonabilidad, algo que allanaría el camino para considerarlo inconstitucional. Ayer, la ex directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía –actual funcionaria de Obras Públicas– tuvo que dar explicaciones sobre el tema ante un puñado de senadores, dispuestos ahora a citar a ex funcionarios de mayor rango.
El polémico decreto que dio origen al corralito está avalado por su correspondiente dictamen jurídico. Entre otras razones para no objetarlo, éste alude a la “transitoriedad del régimen, ya que el mismo tendrá vigencia desde la fecha de su dictado hasta las 24 horas del día siguiente al del cierre de las operaciones previstas en el artículo 24 del decreto 1387/01 (que preveía la renegociación de la deuda externa)”.
Amén de que esa transitoriedad quedó relativizada, el expediente del decreto 1570 no incluye ningún informe técnico que haya justificado la imposición de aquellas restricciones financieras ni la forma que éstas adoptaron (por qué se acotó el margen de extracción a 1000 pesos por mes y no a 50 o a 3000, por ejemplo), con lo que se habrían violado disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos que exigen fundar las disposiciones en hechos objetivos que las hagan razonables.
El tema surgió a los ojos parlamentarios cuando la comisión constituida en el Senado para investigar el desempeño de los bancos en la actual crisis financiera recibió de Economía los antecedentes legales del corralito que les envió el propio secretario Legal y Técnico, Eduardo Ratti. Se trata de un grupo de siete miembros, tres radicales y cuatro justicialistas, entre éstos su presidente, la tucumana Malvina Seguí, espejo de la que en Diputados estudia la fuga de divisas después de la vigencia del corralito.
“¿Quién dijo técnicamente que eso (el límite de extracción) es razonable?”, increpó ayer Seguí a María Esther Fanti, actual directora de Obras Públicas, pero a cargo de Asuntos Jurídicos de Economía en diciembre pasado. “Esas cosas debería preguntárselas al ministro, al secretario y subsecretario del ramo y no a una pobre directora, que además de vivir con 250 pesos semanales le toca venir a dar explicaciones”, se defendió la funcionaria.
Los senadores justicialistas de la comisión planean convocar en los próximos días a los aludidos ex funcionarios Domingo Cavallo y Daniel Marx, entre ellos. De ese modo, no sólo ahondarían su pretendida investigación sino que consumarían una embestida política contra la gestión anterior. Salvo Raúl Baglini, el resto de sus miembros son nuevos y nadie podría imputarle no haber trabajado para reunir los dos tercios que necesita el Congreso para oponerse a un decreto de necesidad y urgencia como el 1570. Este decreto fue modificado por normas posteriores, pero aun así, es el que funda el corralito en su origen.