Antes de haber terminado la renegociación de los contratos con distribuidoras y transportistas de gas, el gobierno de Néstor Kirchner introdujo por decreto drásticos cambios en las pautas de estas privatizaciones. De ahora en más, las licenciatarias estarán eximidas de costear con su caja las estratégicas inversiones para expandir las redes, obras que hasta ahora formaban parte de las obligaciones contractuales. Esos emprendimientos, a financiar en parte con el aporte de los usuarios actuales y en parte por los futuros “beneficiarios directos”, serán realizados en la órbita de las licenciatarias pero bajo la directa fiscalización del Estado, que decidirá cómo y cuándo se hará cada cosa. Por esta vía, gana injerencia en las privatizaciones gasíferas, a semejanza de la que consiguió en la relicitación de los peajes, cuando limitó la acción de los privados al mantenimiento y gerenciamiento de las redes.
Las nuevas reglas fueron introducidas a través de los decretos 180 y 181 publicados ayer en el Boletín Oficial. El primero de ellos prevé la creación de uno o varios fondos fiduciarios para financiar las obras de expansión, aquellas que las empresas transportistas y distribuidoras dejaron en suspenso desde que sus tarifas fueron congeladas.
La flamante norma aclara expresamente que el Estado no hará ningún aporte directo de dinero al fondo, que debería nutrirse de estas tres fuentes: programas especiales de crédito (por ejemplo, recursos del Banco Mundial para infraestructura); un “aporte específico” de los beneficiarios directos de las nuevas obras y “cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios de transporte y distribución”. Esta obligación de los usuarios hacia el fondo es tan contundente que subsistirá aun en el caso de que una distribuidora o transportista abandonara la concesión.
Lo que el aludido decreto no precisa es si aquel cargo es una porción de la tarifa actual, cuyo nivel definitivo se está definiendo en la renegociación, o si podría autorizarse un aumento sobre el precio del gas para todas las categorías de usuarios, justamente para que ese ingreso adicional sea destinado a la ampliación de las redes de gas natural.
Un esquema parecido utilizó el Gobierno para garantizar la ejecución de algunas inversiones en la órbita de Aguas Argentinas. Fórmula similar a la empleada para relicitar las rutas nacionales por peajes, en las que las obras sustanciales serán responsabilidad directa del Estado, que utilizará para esto al Fondo Fiduciario de Infraestructura alimentado con impuestos sobre los combustibles. La salida también está a tono con la idea que se barajó para mantener las privatizaciones de trenes urbanos; en todos los casos, sobre la base de un mayor protagonismo estatal sobre estas privatizaciones.
El nuevo esquema también entraña una redefinición de los grandes usuarios, habilitados a contratar directamente con los productores de gas, omitiendo a las distribuidoras. Esta facultad, que hasta el viernes ya existía para un puñado de grandes consumidores al estilo de las usinas de electricidad, por ejemplo, ahora se hará extensiva a otros relativamente más modestos. “Un gran hotel o un importante restaurante de Puerto Madero podría dejar de ser cliente nuestro y sólo contratarnos el servicio de distribución”, advertían ayer en una distribuidora, sugiriendo que su negocio está resultando malherido.
Tampoco están muy entusiasmadas por la anunciada autorización para subir el precio a los grandes consumidores: como el margen de distribución permanece inalterado, firmas como Metrogas, Gas Natural Ban o TGN y TGS, entre otras, no reforzarían su caja y sólo verían pasar por sus manos un dinero que refuerza los ingresos de los productores. Pero esta presunta mella en el negocio de estas privatizadas tendría una compensación: distribuidoras y transportistas podrán también actuar como “comercializadoras”, comprando gas a granel y vendiéndoselo a esos mismos clientes que hoy corren riesgo de perder.