El juez estadounidense Thomas Griesa mantendrá el bloqueo sobre dos cuentas de la empresa Correo Argentino S.A. en Nueva York a la espera de contar con más elementos para determinar si pueden ser embargadas para el pago de deuda con acreedores privados. Fuentes gubernamentales consideraron que este es el primer paso para la caída de la inhibición.
La controvertida decisión judicial de bloquear dos cuentas por 11 millones de dólares a una empresa privada en el contexto de la reestructuración de la deuda en default quedó en compás de espera y tardará al menos 10 días en ser definida. En una audiencia que reunió a la defensa del país y a quien el pasado viernes logró la medida preventiva, el abogado de origen argentino Guillermo Gleizer, el juez Griesa pidió al demandante que en 48 horas presentara un escrito explicando por qué cree que los activos del Correo Argentino, empresa privada en quiebra del Grupo Macri, es una firma perteneciente al Estado. Gleizer es representante de la firma Macrotecnic, una tenedora de bonos en default por alrededor de 500.000 dólares y con fallo favorable para cobrar del Poder Judicial de Nueva York.
Los abogados que representan a la Argentina basaron la presentación realizada ayer en tres ejes: que los activos en cuestión no pertenecían a la República; que pertenecen, en cambio, a una quiebra tramitada en un juzgado local, y que el hecho de que el Estado haya revocado la concesión y asumido el servicio no significaba que la empresa haya sido reestatizada. El estudio que representa a la Argentina está convencido de que, en este punto, el escrito de Gleizer es deliberadamente confuso y, por ello, consideró positivo que Griesa haya pedido explicaciones. No obstante, el magistrado decidió mantener la medida precautoria que pesa sobre dos cuentas en los bancos Lehman Brothers y BNP Paribas.
A pesar de la verdadera situación jurídica de la firma del grupo Macri, en la audiencia Gleizer volvió a centrar su argumentación en que, tras su quiebra, la empresa se volvió estatal. Jonathan Blakman, uno de los abogados del gobierno argentino, afirmó en cambio que la firma no ha sido nacionalizada, sino que se encuentra bajo la ley de quiebras.
De acuerdo con lo informado por las agencias internacionales, Gleizer insistió en que “el dinero pertenece a Argentina, porque la compañía ahora pertenece a Argentina”. Además repitió el argumento de que “el deudor de mi deudor es mi deudor”. Este razonamiento entusiasmó a muchos abogados locales, que encontraron ecos en la legislación argentina. Se trata de la “acción pauliana”, también conocida como acción colateral, una herramienta que viene del derecho romano y que está consagrada por el artículo 962 del Código Civil.
Cualquiera sea el resultado final de la inhibición no puede negarse que Gleizer logró un impresionante golpe de marketing. En su afán de representar a la mayor cantidad de tenedores de títulos argentinos en cesación de pagos consiguió que Griesa, conocido por sus fallos favorables a los fondos buitres, interfiera bienes de una empresa privada que está en el centro del debate público local. También inhibir activos con 22 veces más valor que el reclamado por su representado. Ello le valió la inmediata notoriedad que puede serle útil en su objetivo de máxima: lograr una “acción de clase” contra el Estado argentino. Tal acción es un mecanismo existente en el aparato judicial estadounidense que permite agrupar a “toda una clase” de damnificados por un solo actor, por ejemplo, los tenedores de bonos en default, para litigar como si fuesen uno solo. Las estadísticas judiciales de Estados Unidos muestran que los abogados cobran por estas acciones, cuando son favorables, entre un 12 y un 20 por ciento del dinero recuperado. En su estrategia, Gleizer también intentó dar un giro progesista a su propuesta de atacar bienes de empresas privadas. La argumentación sui generis es que la deuda deben pagarla quienes “le robaron al país”. En declaraciones radiales sostuvo que, entre otros activos, tiene en la mira bienes de IBM, cuyo robo al Estado fue cobrarsobreprecios en los contratos, y cuentas de María Julia Alsogaray y otros ex funcionarios menemistas. Lo que no dijo es por qué debe ser la Justicia del exterior la que decida sobre la realidad argentina.
En tanto, Raúl Casa, responsable del Correo Argentino S.A., apoyó la estrategia que está desarrollando el Gobierno en relación al pago de la deuda y expresó que las cuentas neoyorquinas están “destinadas a responder ante los acreedores del concurso”. También dijo que la empresa “mantiene sus controversias y defiende sus derechos dentro del sistema judicial argentino”.