Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el comportamiento de las empresas de transporte y distribución de gas muestra graves incumplimientos contractuales, especialmente en las metas de inversión obligatorias. También, ineficacia en las tareas de control por parte del Enargas, el ente encargado de la regulación sectorial. El informe fue entregado al ministro Roberto Lavagna en el contexto de la discusión por el aumento de tarifas atado al cumplimiento de contratos, suba que ya benefició a las firmas productoras sin pasar por este filtro. El trabajo resume 22 auditorías que sintetizan la evolución del sector desde que se produjeron las privatizaciones, es decir, desde 1993 a la fecha.
De acuerdo con el informe al que accedió Página/12, los hallazgos más relevantes son los incumplimientos relacionados con “los planes y metas obligatorias de inversión, la calidad del servicio, la atención comercial, los reclamos de usuarios, el régimen sancionatorio y los aspectos tarifarios”. Sin caer en exageraciones, esto quiere decir que las irregularidades se detectaron prácticamente en todas las dimensiones del negocio. Lo notable es que se trata de severas ineficiencias en el comportamiento de una de las áreas privatizadas que, en teoría, mejor funcionaba y dentro de la cual se discuten aumentos graduales de tarifas. Se trata, además, de información que fue generada dentro del mismo Poder Ejecutivo.
La AGN detectó que las licenciatarias no cumplieron el cronograma de las metas de inversiones obligatorias comprometidas en los contratos de concesión. En algunos casos los incumplimientos se relacionan con la postergación de obras, pero en muchos otros representan directamente su falta de ejecución. Por el lado de la regulación y frente a los “persistentes incumplimientos”, el Enargas no realizó “acciones en tiempo y forma que permitieran revertir” la situación.
Las auditorías de la AGN también encontraron problemas de “calidad del servicio brindado al usuario”, como cortes improcedentes, habilitaciones y rehabilitaciones del servicio demoradas, facturación errónea y escaso suministro. La licenciataria Metrogas incurrió, por ejemplo, en interrupciones y suministro deficiente del servicio por baja presión debido a la presencia de agua en sus cañerías. A pesar de ello, no formuló “proyectos de obras u otros que contemplaran medidas idóneas para solucionar definitivamente las irregularidades”. Cabe destacar que la solución de estos problemas es una exigencia tanto de los contratos de concesión como del marco regulatorio.
Los informes muestran además que, desde la privatización, la atención comercial y la respuesta a los reclamos de los usuarios fueron deficientes. Así, “el tiempo insumido por las licenciatarias y el ente regulador para la tramitación de los reclamos excedió los plazos razonables”. El Enargas, por ejemplo, no realizó el seguimiento del resultado de los reclamos y desconoce si finalmente fueron solucionados o no los inconvenientes planteados.
Los controles del ente regulador también fueron insuficientes sobre el desarrollo y ejecución de obras correspondientes a la expansión del servicio aprobadas por la Revisión Quinquenal Tarifaria. El cumplimiento de estas inversiones tendría que haber sido determinante para los “ajustes y aprobación de los cuadros tarifarios de distribución de gas natural” del 2001. En concreto, una inversión en mejoramiento o expansión del servicio sólo puede fundamentar un aumento de tarifas si es verificada y aprobada por el Enargas. Sin embargo, la AGN concluyó que “ni de los expedientes administrativos ni de las Actas de Auditoría surge que haya existido un control adecuado y pleno acerca de su realización”.
Adicionalmente, las tarifas diferenciales para jubilados y pensionados, cuya aplicación fue auditada especialmente en los primeros años post-privatización, presentaron “asimetrías y disparidades en cuanto a su alcance, los criterios de asignación del beneficio y los procedimientos para reintegrar los fondos a las empresas prestadoras”. A ello se agrega que, hasta el presente, las licenciatarias no han implementado el sistema denominado “tarifa social” destinado a los sectores de menores recursos.
El conjunto de conclusiones enviadas al ministro Lavagna cuestiona el mito del buen desempeño del sector gasífero tras su privatización. El cuadro se completa con otro informe, curiosamente del Enargas, que mostró cómo las gasíferas distribuyeron fuertes utilidades mientras financiaron inversiones con endeudamiento externo. Se trata de elementos a considerar en un mercado donde los paquetes accionarios de productoras, transportadoras y distribuidoras están cruzados (por ejemplo, Repsol y Gas Natural Ban, Techint y TGN) y en los que, por fuera de la renegociación de contratos, la administración actual concedió los primeros aumentos tarifarios.