En las últimas horas hubo dos medidas que beneficiarán a los usuarios de servicios públicos bonaerenses que se encuentren en mora por tener problemas económicos. Por un lado, la Legislatura provincial sancionó una ley por la cual se prohibió, dentro de un nuevo marco regulatorio eléctrico, la interrupción del servicio a los clientes domiciliarios por falta de pago cuando se comprueben carencias económicas. Felipe Solá tiene seis meses para promulgar la normativa. Esa reglamentación será la que, en definitiva, defina qué tipo de usuarios podrá acogerse al beneficio. Según trascendió, el Gobierno sería partidario de instalar un “limitador de corriente” que permita consumir la energía eléctrica mínima indispensable para el funcionamiento del hogar.
Por su parte, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la provincia de Buenos Aires exigió a la empresa Aguas del Gran Buenos Aires que se abstuviera de cortar el suministro a los usuarios indigentes y jubilados de bajos recursos con facturas impagas. A su vez, el organismo advirtió que tiene “poder de policía” sobre los servicios sanitarios del territorio bonaerense y que debe asegurar “la calidad de los servicios y la protección de los intereses de la comunidad”.