El perito contador de la Justicia Nacional Alfredo Popritkin ha sido sumariado, aparentemente no por no haber periciado, sino por haberlo hecho. ¿Pero por haber periciado qué cosa? Un indicio puede hallarse en las preguntas que le formuló por escrito el doctor Jorge Nicolás Schiavo, decano del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Justicia Nacional. Schiavo quiere saber “si peritó presuntas entregas dinerarias a señores jueces y/o fiscales y/u otros funcionarios del Poder Judicial”. Los dineros provendrían de fondos reservados manejados por la SIDE. Schiavo reclama, “en caso afirmativo, exhaustiva y detallada información sobre: a) Procedimiento de peritaje y/o revisión y/o análisis utilizado. b) Detalle de evidencias consideradas y lugar donde se encuentran. c) Conclusiones. Todo esto corresponde a la causa 512/01, caratulada “NN sobre malversación de caudales públicos”, que tramita el juez Rodolfo Canicoba Corral. Schiavo, que como decano no tendría facultades para inmiscuirse en ningún expediente, porque cada perito responde exclusivamente ante el juez que le encomendó la tarea, le exige a Popritkin que le exhiba sus papeles de trabajo y que éstos queden depositados en el organismo. En cuanto al sumario, se lo inició Juan Carlos García, titular de la Dirección General Pericial, sin que se haya explicitado de qué se lo acusa.
La mencionada causa, sobre la cual informó Página/12 en sucesivas notas entre diciembre y enero últimos, luego recogidas en otros matutinos, investiga el destino de 4152,8 millones de pesos/dólares que Hacienda entregó entre 1988 y 2001 a 13 organismos en carácter de fondos reservados. La instrucción había sido confiada a los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, los mismos de la Ley Banelco, pero a mediados de 2002 Canicoba, que también se ocupa de los presuntos sobornos al Senado, los apartó, asumiéndola personalmente.
Luego de invernar largo tiempo y de marchas y contramarchas, el juez federal, que el 14 de octubre pasado había ordenado proseguir la pericia, el 17 de diciembre mandó pararla. El perito Popritkin, especialista en fraudes, redondeó el trabajo que ya tenía en marcha y elevó a fines de enero un informe bastante explosivo, en el que entre otros hallazgos consta que Ejército y Marina procedieron a la destrucción sistemática de registros y comprobantes, y que en Diputados los fondos secretos se repartían como sobresueldo entre los legisladores individuales y en pagos a las bancadas, proporcionales a su número, constando que sólo el Partido Comunista rehusaba recibir esa plata oculta.
Popritkin fue citado perentoriamente mediante la Policía y sometido a una declaración testimonial el pasado 4 de febrero. En la ocasión, Marcelo Sombico, a cargo de la secretaría sexta del Juzgado Federal número 3, no mostró ningún interés por la pericia. Lo que quería saber es por qué el perito la había presentado, intimándolo a entregar toda la documentación y haciéndole saber que lo apartaban del caso. Popritkin apeló la resolución, pero en medios de la Fiscalía se teme que exista el propósito de abrirle una causa por “desobediencia”, incriminándolo por haber continuado investigando después de que Canicoba resolviera detener la pesquisa. El caso ya interesó a miembros de la Corte Suprema, en un principio enterados a través de la prensa.
Además de las inquietas consultas y presiones de algunos organismos en particular la SIDE, que recibió 2857 millones de pesos/dólares, se presume en medios jurídicos que en los tribunales mismos preocupa la posibilidad de que se esclarezca el destino último de los fondos secretos, ya que entre los receptores podrían aparecer jueces y fiscales. Esta es la enorme importancia de las preguntas que formuló sorprendentemente por escrito el mencionado Schiavo. Por otro lado, esta causa sobre malversación, completamente aletargada, cobró nueva vida cuando saltaron las denuncias de Mario Pontaquarto. Curiosamente, en el 2000 el Senado ya no recibió directamente fondos reservados.
La pericia estableció que el monto total de fondos reservados tuvo un notable incremento entre los años 1989 y 1994 (primera presidencia de Carlos Menem), período en que pasaron de $ 143 a 404 millones anuales. Se mantuvieron luego en la franja de los 350 a 400 millones hasta 1999 (fin de Menem), reduciéndose a la mitad en 2000 y 2001 (gestión De la Rúa). El perito constata “serias falencias en los sistemas de control en los más altos niveles jerárquicos de los organismos receptores, que facilitan su utilización para fines ajenos al interés del Estado”. Ministros como el de Interior o el de Relaciones Exteriores no rindieron cuentas ni dejaron constancias sobre el destino del dinero.
El Estado Mayor General del Ejército recibió entre 1988 y 1995, según la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía, 87,8 millones, además de la suma no establecida que le transfirió Defensa. Ejército reconoció haber recibido 396,3 millones en el lapso 1990-2001, pero procedió a “destruir los libros de registros contables y la documentación que respalda los ingresos y egresos de fondos reservados...” Ello pese a que por el Reglamento Interno de la Fuerza debería haber conservado esa documentación durante 20 años.
La pericia señala que “el carácter reservado de los fondos tiene por finalidad no hacer pública la operatoria que puede ser considerada estratégica para el Estado y la seguridad individual de las personas involucradas, pero ello no incluye a las más altas autoridades políticas ni tampoco a los investigadores judiciales, quienes deben contar con las constancias y evidencias para llevar a cabo sus actividades con la amplitud que requieran”. Todo lo que pudo establecerse es que el Jefe II de Inteligencia era quien recibía y redistribuía los fondos. En general una vez al año se emitía orden de incinerar toda la documentación contable y financiera. Tan pronto las llamas cumplían su cometido, se emitía un “acta de eliminación de documentos”. En la Armada tampoco se conserva constancia alguna, mientras que la SIDE, el pez más gordo de este sigiloso cardumen, no proporcionó información alguna.