Vie 27.02.2004

ECONOMíA  › EL MINISTRO SE REUNIO CON LA DELEGACION DEL FMI

Sigue la novela interminable

El ministro Roberto Lavagna se reunió ayer con la misión del FMI que monitorea las metas para la segunda revisión del acuerdo firmado en septiembre de 2003. Aunque el tema central fue la renegociación de la deuda con los acreedores privados, también se trataron las restantes cuestiones que continúan desvelando a los técnicos del organismo, entre ellas la reforma de la coparticipación federal de impuestos, el ajuste en las tarifas de los servicios públicos y la evolución de la banca pública, tema en el que el FMI recibió ayer un nuevo guiño.
Antes de reunirse con Lavagna, el jefe de la misión del FMI, John Thornton, y el representante permanente del organismo en Buenos Aires, John Dodsworth, recibieron una buena noticia. Pudieron leer en el Boletín Oficial la respuesta a una vieja demanda. El Gobierno convocó a licitación para una consultoría privada cuyo objeto será presentar un informe integral de la situación de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires (ver aparte). Esto significa que, a pesar de no abandonar la presión para una mejora de la oferta a los acreedores privados, el Fondo mantiene sus obsesiones de siempre.
Así, luego del aumento de tarifas conseguido tras el último encuentro entre Horst Köhler, el número 1 del organismo, y Lavagna, la misión en Buenos Aires se llevará la promesa de auditoría sobre la banca pública. Además, los técnicos del FMI se reunieron durante varias horas con el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. El tema excluyente fue el mecanismo a emplear para mejorar la oferta a los acreedores privados. Según dejaron trascender fuentes de la Secretaría, se habló del bono atado al crecimiento. No obstante, dada la estrategia comunicacional de Economía, no puede descartarse que en danza existan otras alternativas que, por ejemplo, incluyan la participación del FMI y de gobiernos del G-7.
Los voceros de Economía se limitaron a informar que el encuentro de los hombres del Fondo con Lavagna había tenido un carácter meramente formal para el camino de aprobación de las metas. La de ayer habría sido la “reunión final” y el “núcleo del acuerdo” ya estaría listo. La misión se quedará hasta el fin de semana para redactar el texto de la aprobación de las metas y elevarlo al directorio. “No creo que haya otra reunión con el ministro”, sostuvieron.
Desde Washington, el vocero del Fondo, Thomas Dawson, fue más conciso que sus pares del Ministerio de Economía. Las negociaciones “marchan exactamente como se esperaba”, sostuvo. “Tomamos nota del estado de las discusiones, incluidas las reuniones”, completó. Con “reuniones” no se refería a las de Buenos Aires, sino a las de los comités de acreedores de la Argentina, una de las cuales, la liderada por el italiano Nicola Stock, se realizó este martes en Nueva York. Dawson confirmó que el FMI envió allí a un representante en carácter de “observador”. Al mismo tiempo, Lavagna se quejaba de que en la prensa argentina existe “una especie de reduccionismo cuando se habla nada más que de la deuda”.
Al margen de las perspectivas, la agenda de la política económica continúa sujeta al contrapunto con los organismos financieros internacionales. En este punto no hay discontinuidad histórica. Luego del acuerdo de septiembre, fue el turno de la primera revisión, ahora se discute la segunda. En poco tiempo más el debate será por las metas del superávit para el año próximo. En el Ministerio de Economía son cada vez más las voces que por toda explicación remiten al volumen del endeudamiento externo y a las limitaciones inherentes. Por más que Lavagna sostenga que en su diálogo con el presidente Néstor Kirchner el problema de la deuda apenas se trata, prefiriéndose tópicos como “la lucha hemisférica contra la aftosa” o “la producción con transgénicos”, las presiones de los acreedores continúan marcando el paso.
Para saber los resultados habrá que esperar hasta el lunes 8 de marzo, cuando se reúna el directorio del FMI, apenas un día antes del importante vencimiento de 3100 millones de dólares que debe afrontar la Argentina.

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