El escándalo que involucra a la AFJP Siembra, perteneciente al Citi, a la agencia bursátil Rabello y a responsables del Banco Privado de Inversiones, y que Página/12 trató en exclusiva en sucesivas notas (la primera el 11 de marzo de 2002), llega a juicio oral. La denuncia, efectuada por la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de AFJP (Safjp), dio origen a la causa que lleva el juez en lo Penal Económico Bernardo Vidal Durand. El caso tiene diversos ribetes de sumo interés porque descubre múltiples falencias. Víctimas de las maniobras investigadas son los trabajadores aportantes a la Administradora, porque es su ahorro jubilatorio el que sufre las pérdidas. Como en la Argentina el Mercado de Valores se autorregula, Rabello, la bursátil extrabancaria líder, no padeció consecuencia alguna: la CNV no puede sancionarla, y el MerVal se limitó a abrirle un sumario, a pedido de la Comisión, pero sin ulterioridades. Por otro lado, queda claro con qué facilidad pueden engañar los intermediarios a quienes invierten en el mercado de capitales argentino.
Como ya se explicó en este diario, la maniobra era burda. Por la mañana, Siembra colocaba a través de Rabello órdenes de compra de acciones extranjeras (vía Cedears), altamente líquidas como Motorola, Oracle, Intel, Microsoft, Merck, Alcatel, Vodafone y otras. Se adquirían al precio del momento. Hacia el cierre de la jornada, si los papeles habían bajado, la pérdida realizada al venderlos se le adjudicaba al Fondo de Siembra, el que recién en ese instante era oficializado como comitente, es decir, comprador. Pero si las acciones habían subido, generando una ganancia, se hacía figurar no a Siembra sino a otros presuntos inversores, en general al Banco Privado o a personas ligadas a él, como Alejandro Estrada, su presidente, o Raúl Fernández, su vice. Como las órdenes se impartían mediante celulares, no quedaban registradas. Recién cuando se las quería oficializar se recurría a las líneas de la Mesa de Inversiones de la AFJP, cuyas comunicaciones quedan grabadas.
Uno de los héroes de la persecución judicial del caso es Diego Guerendiain, jefe del departamento de Denuncias Penales de la Safjp. El y su equipo de abogados impulsaron la causa, cuando tuvieron apoyo político desde arriba y cuando carecieron de él también, lidiando contra bufetes jurídicos pesados, como los de Fontán Balestra, Sarrabayrouse, Romero Victorica y otros. Guerendiain objetó duramente la pericia contable que, asombrosamente, firmó el perito contador oficial Alfredo A. Peralta junto con los peritos de parte, entre ellos Pablo de Estrada, ex presidente de la CNV, propuesto por Javier Goñi, cabeza de Rabello. También lo suscribió el perito contable propuesto por la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Héctor Sabor, elegido por el decano de Económicas, Héctor Degrossi. Esta pericia, totalmente exculpatoria, hubiese conducido al archivo de las actuaciones. Pero Guerendiain la objetó por “las omisiones y la distorsión de los hechos investigados”, considerándola inútil porque “se limitó a relatar y enumerar los registros asentados en los libros de las sociedades involucradas”, es decir, Siembra y Rabello. El letrado de la Súper sugiere que todos esos peritos, incluyendo llamativamente a Peralta y Sabor, desviaban la atención de la maniobra.
El juez Vidal Durand, que hubiese podido valerse de ese dictamen pericial para desactivar el proceso, resolvió en cambio que el economista platense Nicolás Salvatore, del Cedes, también propuesto por la UBA como perito, metiera sus narices de experto en mercado de capitales –campo en el que trabaja con Roberto Frenkel y José María Fanelli, directores del correspondiente posgrado– en el tema bajo pesquisa. Salvatore no había participado porque en diciembre se iba de vacaciones, volviendo de Brasil el 5 de enero. Según declaró, el perito oficial Peralta le dijo que no se preocupase porque el dictamen sería probablemente presentado en febrero. Pero cuando Salvatore retornó encontró todo cocinado. Luego, la pericia por él efectuada determinó que sí hubo perjuicio para el Fondo administrado por Siembra, en un monto muy similar al establecido por la CNV y la Safjp, y además que hubo beneficio para terceros, conclusión clave para el avance ulterior de la causa hacia el Banco Privado.
Las conclusiones técnicas de Salvatore convencieron al juez Vidal Durand de instruir la elevación a juicio oral de Pablo Miguel Salvemini, que operaba para Siembra; de Luis Rocco, que gerenciaba las inversiones de esa Administradora, y de Alejandro Milito Bianchi, conocido como Miléitor, responsable de la mesa de Rabello Sociedad de Bolsa. Ya previamente había resuelto el juez el envío a juicio oral de Francisco Luis Scola, de Rabello. Algo interesante a destacar es que Milito, Salvemini y Scola se mantuvieron largo tiempo prófugos, lo que pudo haber inducido a los demás imputados a concentrar en ellos las responsabilidades. Pero con su apresamiento cambiaron las cosas, porque los reos podían comprometer a los máximos jerarcas. De hecho es lo que hizo Scola, excarcelado tras su declaración, en la que admitió la estafa, pero adjudicándose una participación secundaria.
Salvemini, operador de Siembra que está preso desde hace un año, declaró la semana última que en esa AFJP “todos han visto y oído cómo cerraba operaciones” valiéndose de un celular o de un teléfono ajeno a la mesa de inversiones. “Todos, absolutamente todos, sabían que las operaciones se hacían desde cualquier parte”, acotó, preguntando por qué si el manual de procedimientos de la firma prohíbe el uso de celulares, la empresa los provee. Entre los testigos de las operaciones incluye a Ricardo Guitart, presidente de Siembra, hasta ahora no imputado en la causa. Salvemini también apuntó la decisiva participación de Alberto Términe, ex ejecutivo del área de inversiones de la AFJP, al que se le dictó falta de mérito, y Luis Rocco, ex gerente de Inversiones, actualmente detenido.
Ahora bien: si existió un complot a tres bandas, el dinero ganado sin riesgo a costa de los afiliados de Siembra debió de repartirse entre los involucrados. Rastrear la ruta del dinero es el próximo paso de la investigación. La legislación regula penas de 5 a 15 años para quien “causare un perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones, procurando un beneficio indebido para sí o para un tercero”.