Cuando se habla de una quita nominal del 75 por ciento sobre la deuda, ¿qué quita se infligirá realmente a los tenedores de los bonos defolteados a canjear? El descuento no será nada uniforme, porque dependerá, en cada caso, del precio al que el bonista actual compró esos títulos. La realidad es que algunos los adquirieron al precio de emisión; es decir, al cien por cien del valor impreso, o un poco por debajo. En el otro extremo, los llamados fondos buitre los compraron de segunda (o enésima) mano a valores de entre 20 y 30 por ciento, pensando que era una ganga. Pero ahora la Argentina dice que pagará 25 (es decir, entregará bonos nuevos cuyo valor anotado sea una cuarta parte del original). En este caso, las aves de rapiña habrán hecho un mal negocio. “Compraron caro”, sentencia Miguel Bein, y de allí la furia y las amenazas que profieren.
En la realidad, el caso es mucho peor aún para esos especuladores, porque ellos pagaron 25 para comprar papeles que decían 100, pero la Argentina no les ofrece los mismos 25 dólares sino un nuevo bono por 25 dólares que, bajo ciertos supuestos (todavía el país no precisó las características de esos futuros títulos), en verdad sólo valdrían 10 en el mercado, por las condiciones de garantía, tasa (cupón) y plazo de amortización. Obviamente, cuanto mayor sea la pérdida para esos acreedores, mayor número de ellos rechazarán el canje ofrecido y recurrirán a la Justicia. Esa es la razón por la que los bancos que implementarán el canje (Merrill Lynch, UBS y Barclays), y también el FMI, le reclama(ba)n al Gobierno endulzar su oferta. El Fondo pretendió fijar un alto porcentaje de aceptación por parte de los acreedores como condición para considerar exitoso el canje. Ese listón fue volteado por el país porque lo dejaba a merced de los rapaces, que tendrían poder de veto.
Sin embargo, así como no tiene sentido dar de comer a estos pajarracos, tampoco es razonable ocasionar un daño patrimonial mayúsculo a inocentes ciudadanos italianos, alemanes o japoneses que invirtieron en estos papeles cuando –como apunta Ricardo Schefer, del CEMA– “no eran basura”. Y añade: “Basura fueron con el diario del lunes”. De todas formas, es verdad que ofrecían un rendimiento alto, al que necesariamente está asociado un riesgo elevado. Pero, según Schefer, ese conocimiento puede presumirse en los inversores calificados, como bancos, fondos, brokers, gente de fortuna o alguien como él, que no tiene dinero pero dicta Finanzas en la Ucema. En cambio, el asalariado o el agricultor que se ensartó con los títulos porque un banco europeo o nipón se los encajó es un inversor no calificado. Lamentablemente, la propuesta argentina no brinda a éstos (una categoría especial contemplada, por ejemplo, por la SEC, comisión de valores estadounidense) un trato preferencial, y quién sabe si ello sería legalmente viable.
Los expertos coinciden en que es imposible saber quién compró a cuánto, y esto fue ratificado a este diario por fuentes de Economía. Alejandro Vanoli, del Plan Fénix, arriesga, no obstante, que la gran mayoría (ocho o nueve sobre diez) de los tenedores de bonos nominados en euros (33 por ciento del total defolteado), en yenes (3 por ciento) o en libras, francos suizos y otras monedas (1 por ciento) compraron emisiones originarias, muy cerca de la par. Diferente sería la situación de los títulos nominados en dólares (53 por ciento) y en pesos (10 por ciento). En este caso hubo mucho pase de manos, interviniendo fondos de cobertura, fondos mutuos abiertos y buitres.
De este conjunto, que representa cerca de dos tercios del paquete a canjear y cuyos tenedores actuales pagaron muy por debajo del valor facial, con lo que sufrirían una quita mucho menor o nula, habría que restar las tenencias de las AFJP (Nación excluida), a las que por el DNU 530 del año pasado Economía les volvió a endosar los originales bonos defolteados, en represalia por su rechazo a la pesificación del Préstamo Garantizado. Ese paquete equivale a 28 mil millones de pesos, pero aunque la Secretaría de Finanzas lo contabilizó dentro de los bonos por u$s 88 mil millones respecto de los cuales efectuó en septiembre la oferta llevada a Dubai, la cuestión está en la Justicia y sin definir. La Caja de Valores, depositaria de los papeles en fiducia, sólo atinó a preguntarle al juez qué debe hacer, y hasta ahora no obtuvo respuesta, por lo que se abstuvo de obrar.
Luciano Laspina, de MacroVisión, destaca que los fondos buitre, con hasta un 20 por ciento de los bonos en impago en la cartera, compraron a precios de entre 20 y 25 por ciento del valor pleno, mientras interpreta que Roberto Lavagna sugirió que la propuesta tendería a acercar el valor presente neto de la futura corriente de pagos resultante de los nuevos bonos al 75 por ciento de quita (bajando desde el presunto 90 actual) que se fijó como descuento nominal. “Sin ese guiño, los bancos no hubiesen aceptado integrar el sindicato armado para el canje”, razona. Sin embargo, no cree que el cupón ligado al crecimiento, que el ministro ahora ofrece como propina para todos los títulos del menú, sepa a mermelada para los bonistas por su indefinición y su volatilidad.
Bein sugiere, a ojo de buen cubero, estimar que el tenedor minorista europeo o japonés compró a precio pleno, o cerca de la par, igual que las AFJP locales. Los inversores institucionales (bancos, fondos, etcétera) habrían adquirido los papeles pagando entre 60 y 70 por ciento de su valor escrito. Quizá diez puntos más barato entraron los minoristas argentinos, una clientela compuesta por evasores del impuesto a las Ganancias, que con plata negra sacada del país invirtieron (¡argentinos al fin!) en deuda de la patria. Los buitres, por último, se abalanzaron sobre los títulos a precios por encima del 20 por ciento, no inferiores. El Global 2008, por ejemplo, nunca cotizó por debajo de ese cartabón, salvo un día del 2000. Hace casi un año flotaba por encima del 30 por ciento, para planear ahora algo por debajo.
De hecho, como Hacienda tiene una buena pila de bonos en su haber, podría ensayar, vía Merrill o UBS por ejemplo, alguna operación oculta, undercover, de venta que derrumbe el mercado y persuada a los tenedores de aceptar la oferta argentina. En estos asuntos, al fin de cuentas, la “buena fe” sólo es declamada en los comunicados. En la práctica, no hace falta mucho para demoler el precio de esta especie porque se transa muy poco en la plaza. En general, se la utiliza como mero vehículo para fugar capitales: empresas que no pueden aparecer expatriando dólares, compran aquí bonos en pesos y los liquidan afuera contra dólares. Los instrumentos de deuda sirven así para perjudicar los intereses nacionales.
Como ejercicio intelectual, porque no se cuenta con los datos necesarios, Jorge Gaggero sugiere realizar la propuesta de quita, no sobre el valor nominal de los bonos, sino sobre su precio de adquisición por cada tenedor. Para el caso podría utilizarse la quita que Adam Lerrick y Allan Meltzer, hoy abrazados a la causa de los tenedores de títulos, imaginaron para el simulacro de cesación de pagos argentina que escenificaron en Manhattan en noviembre de 2001, mes y medio antes de que el país efectivizara el corte de manga (Página/12 relató en exclusiva aquella teatralización el 17/11/01 en una nota titulada “Zafarrancho de default”). En aquel bonodrama, el mexicano José Angel Gurría, actual socio de Lerrick, encarnaba el rol de policymaker, es decir Domingo Cavallo (aunque éste los insultaba por atreverse a sugerir que la Argentina defoltearía, e incluso recomendar que lo hiciera).
El simulacro concluyó con el país (llamado Mañana en esa charada) canjeando el 99,6 por ciento de su deuda, con una quita del 51,1 por ciento. Si ahora, para simplificar la cuenta, se supone una quita del 50 por ciento y se aplica ésta sobre el precio de adquisición de los bonos por sus actuales portadores, según el juego que imagina Gaggero, el resultado es llamativamente similar a la propuesta que efectúan Lavagna/Nielsen. Considerando un paquete a canjear de u$s 90 mil millones (el mismo monto utilizado en el zafarrancho), los buitres se llevarían 2250 millones, suponiendo que poseen un 20 por ciento del total y lo compraron al 25. A las AFJP y otros inversores institucionales les tocarían 9000 millones, presumiendo que tomaron los bonos a valor pleno. Suponiendo que los restantes inversores los adquirieron al 50 por ciento en promedio, se llevarían 13.500 millones. Total, u$s 24.750 millones, que implican una quita del 72,5 por ciento, semejante a la ofertada, pero distribuida de modo mucho más equitativo. Lástima que estas cosas sólo ocurran en la fantasía.