Repsol YPF podría ser nuevamente multada en el corto plazo por vender gas licuado de petróleo en el mercado interno a un precio superior al de exportación, aprovechándose para ello de su preeminencia como proveedor. La petrolera ya fue sancionada con una pena pecuniaria de 109,6 millones de pesos por cometer esta transgresión entre 1993 y 1997. Pero ahora la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analiza la conducta empresaria en los dos años siguientes, cuando la firma española ingresó a la compañía y consiguió la mayoría accionaria y control. Los técnicos oficiales no tienen dudas: el comportamiento ha sido exactamente el mismo y, por consiguiente, ameritaría un nuevo castigo.
Aun así, la cuestión es todavía tema de debate dentro de la Comisión, órgano a cargo de Ismael Malis. Según pudo saber Página/12, a pesar de las presuntas evidencias técnicas sobre aquella falta, todavía no hay unidad de criterio sobre si aplicar o no una nueva multa. Dentro de ese organismo habría comenzado a levantarse una voz partidaria de conceder a la firma administrada por los españoles irrestricta libertad para operar en el mercado, incluyendo la facultad de fijar precios a su arbitrio.
El análisis del comportamiento de la empresa cuando aún estaba bajo la órbita pública no dejó dudas al entonces secretario de Industria, Alieto Guadagni, ni a los técnicos de Defensa de la Competencia. Según concluyeron los representantes del Estado, Repsol YPF era responsable de la provisión de más del 50 por ciento del GLP a granel y, por consiguiente, dominaba el mercado. Gracias a ese dominio, imponía a los fraccionadores locales un precio 44 por ciento superior al que cobraba a los compradores del exterior.
Como agravante, esos contratos incluían una cláusula que prohibía expresamente la reimportación del gas al territorio argentino, de modo tal que YPF se garantizaba un cómodo manejo de cantidades y precio. Finalmente, la discriminación en detrimento de los compradores argentinos redunda en un perjuicio para los tres millones de familias que consumen el gas de garrafas en el país, generalmente los más pobres.
Sobre esa base, el Estado aplicó una multa de 109 millones de pesos, apelada por la empresa hasta que un dictamen de la Corte Suprema de Justicia no le dejó otra chance que pagar. Recién en 2002, cuando el valor en dólares de aquella pena casi se redujo a un tercio, la compañía ya plenamente en manos de la española Repsol hizo efectivo el pago. Pero ya entonces había quedado abierto otro capítulo del examen, correspondiente al bienio 1997-1999.
La empresa hoy argumenta lo mismo que sus abogados en las apelaciones de aquella primera vez: que “con el 29 por ciento” no tiene dominio del mercado y que, “al menos ahora, los precios convergen”, que el abastecimiento interno está garantizado y que lo que resta se “exporta al precio marginal o alternativo”, no sujeto a ninguna restricción. Sin embargo, eso no sólo difiere de la visión actual de Defensa de la Competencia, sino de un estudio realizado el año pasado por algunos legisladores bajo el comando del justicialista Arturo Lafalla, donde se concluye que entre los años 2001 y 2003 la firma habría exportado GLP “a un valor que está un 20 por ciento por debajo” del precio de venta al mercado interno, aprovechando que controla el 58 por ciento del mercado.
El dictamen sobre el bienio 1997-1999 estará fundado técnicamente pero, en última instancia, la decisión la toman funcionarios políticos que dependen del Ministerio de Economía.