El presidente provisional del Senado, el chubutense Marcelo Guinle, pedirá al procurador general del Tesoro, Horacio Rosatti, que estudie la posibilidad de existencia de “mala praxis” en los actos de gobierno. La causa es el doble pago que deberá hacer el Estado por el Programa de Propiedad Participada (PPP) de los empleados de la ex YPF. De acuerdo con un fallo de la Corte Suprema, el erario deberá realizar nuevas erogaciones por alrededor de mil millones de pesos. Convertirse en ejemplo de negligencia en el ejercicio de la función pública recaería en el ex ministro Domingo Cavallo y su equipo de colaboradores. La solicitud incluye que los responsables de la mala praxis asuman de su propio bolsillo el perjuicio económico provocado al conjunto de la sociedad.
La empresa estatal YPF se convirtió formalmente en Sociedad Anónima el 1º de enero de 1991. Hasta el 7 de julio de 1993, cuando comenzó la primera secuencia de su privatización, la gestión de José Estenssoro ya se había desprendido de más de 34 mil empleados. Cuando finalmente se decidió la irregular eliminación de la PPP e indemnizar a sus titulares, ya en la gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, se tomó como “fecha de corte” al 7 de julio de 2003. Según reseñó Guinle a Página/12, la decisión tomada por Cavallo y sus asesores dio lugar a tres situaciones de injusticia: al reducirse arbitrariamente la base de los que cobraron, una menor cantidad de empleados obtuvo una mayor cantidad de dinero. Además, muchos que deberían haber sido indemnizados, los despedidos en este período, no cobraron. Por último, se permitió cobrar a los traídos por la gestión Estenssoro, es decir a quienes ingresaron entre el ‘91 y el ‘93, cuando la empresa ya era una SA.
Frente a las demandas de los empleados que quedaron afuera, la Corte Suprema reconoció en el caso Antonucci los derechos de los empleados de YPF al 1º de enero de 1991. Esto significa que ahora, a pesar de haber pagado ya el dinero correspondiente al PPP, el Estado deberá afrontar nuevos pagos por mil millones de pesos. Por eso, Guinle presentó un proyecto para que el Ejecutivo instruya a Rosatti para que determine las “responsabilidades que le caben a los funcionarios públicos que intervinieron en el dictado de las diferentes normativas de aplicación” del PPP.