Seis días antes de la reunión de directorio del FMI donde se prevé la aprobación de las metas del acuerdo con Argentina, el Gobierno completó un trámite reclamado por Washington: la firma del decreto que designa al sindicato de bancos que colaborará en el canje de los bonos en default. Néstor Kirchner firmó el decreto y hoy será publicado en el Boletín Oficial, según reveló desde Brasil el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En la comunicación que mantuvo la semana pasada con Anne Krueger, el Presidente se había comprometido a sacar la norma antes del día 22, cuando se reunirán las máximas autoridades políticas del Fondo. El organismo lo considera un paso importante para avanzar en la negociación con los acreedores. El Gobierno terminó aceptando la jurisdicción de tribunales extranjeros en caso de controversias con los bancos, pero rechazó otras demandas del Fondo en favor de las entidades financieras.
Los bancos que actuarán como “organizadores internacionales” serán Merrill Lynch, Barclays y UBS Warburg, que desde la publicación del decreto quedarán habilitados para nombrar –en acuerdo con el Gobierno– a otro grupo de entre cuatro y seis bancos que serán los que actuarán como agentes “colocadores”. Es decir, estas entidades se encargarán del trabajo operativo de canjear los bonos en default por los nuevos títulos.
Los organizadores internacionales se concentrarán en Europa, América del Norte y el Caribe, mientras que para atender a los bonistas situados en Japón el Gobierno diagramará en las próximas semanas una estrategia a medida sin la intervención de un banco en particular.
En la plaza local trabajarán los bancos Nación, Galicia y Francés, que evitaron competir en propuestas y formaron un sindicato para actuar en conjunto. Su misión será canjear los bonos que tienen inversores minoristas –por aproximadamente 13.000 millones de dólares–, ya que el Ministerio de Economía se encargará directamente de negociar con AFJP, bancos, Fondos Comunes de Inversión y compañías de seguros –que poseen bonos por unos 18.000 millones–.
De los 81.200 millones de dólares de títulos a refinanciar, el 38 por ciento está en poder de inversores radicados en el país. El siguiente grupo más numeroso de acreedores está en Italia (con 15,6 por ciento) y después vienen Suiza (10,3), Estados Unidos (9,1), Alemania (5,1) y Japón (3,1).
Durante la dura negociación con el FMI, el Gobierno rechazó una serie de exigencia del organismo que pretendía darle más poder a las entidades financieras. Por un lado, se pedía que la Argentina mantenga a los bancos designados hasta el final de la operación y, por otro, que pudieran determinar qué nivel de acreedores debían aceptar la oferta para que sea válida. El Fondo consideraba que debían hacerlo al menos el 80 por ciento de los acreedores. El vocero del Palacio de Hacienda, Armando Torres, precisó ayer que el decreto “faculta al Ministerio de Economía a reemplazar, si existieran razones que lo justifiquen, a cualquiera de las entidades” del sindicato de bancos. En cuanto al porcentaje de adhesión de los bonistas, no se fijó ninguna cifra concreta sino que se dispuso, en el acuerdo con el Fondo, que tiene que haber un “umbral mínimo razonable” de aceptación. Lavagna lo calcula entre un 50 y un 66 por ciento.
Por arriba del 66 por ciento, los bancos internacionales cobrarán un 0,35 por ciento más de premio. Sus honorarios serán de 475.000 dólares por mes cada uno por los 6 primeros meses y 300.000 dólares por el resto de la contratación (3 meses renovables). La comisión de colocación será de 0,275 por ciento del valor nominal de los títulos. La comisión de los bancos que operan en el país será de 0,12 por ciento, subiendo a 0,15 por ciento nominal sobre los bonos canjeados si superan el 66 por ciento de aceptación.