En el segundo semestre de 2003 el 47,8 por ciento de los habitantes de los principales aglomerados urbanos del país se encontraba en la pobreza, mientras que el 20,5 permanecía en la indigencia. Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares y fueron difundidos ayer por el Indec. Los números, todavía muy altos, pues involucran la precariedad social de más de 11 millones de personas sobre un universo que comprende al 60 por ciento de la población total, fueron tomados en el Ministerio de Economía como un éxito de la política económica gubernamental. En concreto, porque en la comparación con el primer semestre del 2003 existe una disminución de 6,2 puntos en la pobreza, que equivale a una baja del 11,5 por ciento, y de 7,2 puntos en la indigencia, lo que significa un 26 por ciento menos.
En el segundo semestre de 2003 el número de pobres era de 11.074.000 personas distribuidas en 2.524.000 hogares. De este total, 4.749.000 personas, integrantes de 1.044.000 hogares, eran indigentes. Se considera que una persona es pobre cuando sus ingresos monetarios no le alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos y servicios, la llamada canasta básica total (CBT). En tanto, es indigente si dichos ingresos no cubren una canasta básica de alimentos (CBA). El costo de las canastas varía en las distintas regiones del país. En el Gran Buenos Aires, en diciembre de 2003, la CBA para una familia tipo integrada por un matrimonio y dos hijos de 3 y 5 años tenía un costo de 309,9 pesos, mientras que su CBT alcanzaba los 678,6 pesos.
Hablar de que 4,75 millones de personas son indigentes significa que teóricamente pasan hambre o están subalimentadas. Por ello el Gobierno consideró “novedoso” incluir un indicador de los ingresos no monetarios (en especie), como ropa y alimentos, que los hogares reciben de fuentes institucionales; además del Gobierno, las iglesias, escuelas y distintas organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con los escuetos nuevos datos aportados por el Indec, el 76,8 por ciento de estas ayudas se dirigen a hogares pobres y el 40,9 a indigentes.
Los indicadores destacaron también las disparidades regionales. Las cifras más altas se registraron en el Noreste, 64,5 y 33,9 por ciento de pobreza e indigencia respectivamente y el NOA, 60,3 y 26,2. La Patagonia continúa reteniendo la mejor posición relativa, con 34,5 por ciento de pobreza y 14,1 de indigencia.
Desde el Ministerio de Economía se mostraron entusiasmados con los nuevos números, los que atribuyeron el éxito de la política económica implementada. Según el subsecretario de Programación Económica, Sebastián Katz, la mejora de los indicadores sociales respondió a tres causas.
- La reducción de los costos de las canastas entre el primero y el segundo semestre del año. La CBT bajó el 2 por ciento, en tanto que la CBA cayó el 2,4 por ciento.
- La baja del desempleo. Desde el valle de la crisis, en el segundo trimestre de 2002, se crearon, según Economía, 1.980.000 puestos de trabajo, básicamente en el sector privado. Si se excluyen los planes sociales con contraprestación, el número se reduce a 1.130.000 empleos. En 2003 la relación (elasticidad) entre el crecimiento del empleo y la evolución del producto fue de 0,9 (por cada punto de crecimiento del PIB el empleo se expandió en 0,9 puntos). Situación que fue reflejo de una demanda de trabajo concentrada en sectores trabajo intensivos de baja calificación, como textiles, metalmecánica y construcción.
- El aumento de la demanda de trabajo y la intervención gubernamental se tradujeron también en aumentos de salarios. Siempre entre la primera y la segunda mitad de 2003, las retribuciones a los trabajadores del sector privado formal subieron el 7 por ciento, mientras que en el sector informal la suba habría sido del 11 por ciento.
El modelo de salida de la crisis, entonces, se asentó en una estructura de precios relativos favorable a la demanda de trabajos de baja calificación que, como continúa mostrando una pobreza mayor al desempleo, no siempre garantiza al ocupado saltar la línea de pobreza. El contraargumento del Gobierno es que la tendencia apunta a la mejora de las condiciones actuales.