Por M. G.

El Gobierno y las productores de gas llegaron a un acuerdo de último momento que evitará cortes en las próximas semanas, pero para lograr un arreglo definitivo el Poder Ejecutivo baraja un plan de escalada: arranca con la posibilidad de subir las retenciones a las exportaciones de petróleo y gas, sigue por el cambio en el sistema de liquidación de divisas e incluye la chance de retirar las concesiones. Página/12 pudo saber que, si resulta necesario reemplazar gas con fuel oil para las industrias, la diferencia de precio no la pagarán ni los consumidores ni el Estado.
Las gasíferas se comprometieron a poner dentro del sistema de distribución cinco millones de metros cúbicos. Dijeron que usarán reservas utilizadas normalmente para los consumos más altos del invierno.
“El lunes no van a haber cortes de suministro de gas y electricidad en casas de familia, y el servicio declarado ininterrumpible en el gas (residencial y comercial) tiene garantizado su abastecimiento durante todo el invierno”, dijo el secretario de Energía, Daniel Cameron.
Altos funcionarios del Gobierno consultados por este diario atribuyeron la pelea con las empresas a presiones para la mejora de las tarifas pero admitieron la existencia de un problema real, que paradójicamente surge del crecimiento. “El producto subió 10 puntos pero la infraestructura viene de cuatro o cinco años de desinversión”, dijo. “Ni siquiera hubo inversión cuando terminó la etapa recesiva, y eso es porque las empresas manejan la inversión en relación con la puja tarifaria.”
El Gobierno dijo que la primera condición que sigue poniendo en la negociación con las empresas es que garanticen los volúmenes de suministro.
“Amenazan, como en septiembre del año pasado, cuando dijeron que iba a haber cortes en verano en la costa, y en verano hubo ocupación plena pero ningún corte”, argumentó uno de los funcionarios consultados. “Al existir monopolio en la prestación de servicios, no se puede empezar discutiendo tarifas, porque sería una vergüenza”, dijo.
El 55 por ciento del gas se destina a la generación de energía. En febrero y enero hubo un 30 por ciento más de consumo energético. Y el record histórico de consumo se produjo el último jueves.
El pronóstico es que, además de estos cinco millones de metros cúbicos, podrían agregarse otros siete antes de la llegada del invierno.
Fue ante una pregunta sobre lo que ocurriría si no se cumplen estos planes que el funcionario dijo que una eventual diferencia de precio entre el gas y el fuel oil que se importase no sería pagada ni por los usuarios ni por el Estado. Una forma de decir que será absorbida por las empresas.
El esquema de razonamiento se repitió en una conversación que Kirchner y Ricardo Lagos (Chile importa gas argentino) mantuvieron ayer:
–A vos las empresas te garantizaron la importación y a nosotros la producción –dijo Kirchner–. Que se arreglen y cumplan con los dos.
El Gobierno niega que “con Chile haya una reivindicación nacionalista”. Y dice que no quiere llegar a un recorte de las exportaciones pero que la prioridad será el mercado interno. De todos modos, su prioridad política es presionar a las empresas dentro de lo técnicamente posible para que ni siquiera se llegue a ese punto.
El ministro de Infraestructura, Julio De Vido, y el secretario Cameron dijeron a los extranjeros que también confían en el aporte de energía brasileña, de entre 300 y 400 megavatios dentro de una línea de producción de dos mil megavatios. El argumento oficial para el optimismo es que aun si Brasil vuelve a crecer este año, los apagones de 1998 cambiaron los hábitos y produjeron una baja regular del consumo de energía del 21 por ciento.
La puja es de criterios de administración política, porque parece difícil un acuerdo técnico entre el gobierno y las empresas. No hay una base común desde el momento en que la Auditoría General de la Nación dijo en un dictamen que las concesionarias pusieron gastos como inversiones. Tanto la AGN como los ministerios de Economía y de Infraestructura cuestionaron al órgano regulador del sector, el Enargas, que no habría pedido precisiones ni explicaciones.
Las empresas reunidas en Adigas informaron que desde 1993 invirtieron 8264 millones de dólares, de los cuales 3218 millones fueron para comprar activos. Según Adigas, la inversión obligatoria de 496 millones de dólares se cumplió de más.