El subsecretario de Combustibles, Christian Folgar, intentó ayer minimizar los efectos que tendrá en el invierno la escasez de gas asegurando que no faltará GLP y que sólo sufrirán cortes las usinas e industrias que compran aquel combustible con contratos “interrumpibles”, beneficiados con una tarifa más baja. Por la mañana, los diputados de la Comisión de Energía tuvieron que convencer a un grupo de colegas de Chile de que es mejor buscar alguna fórmula consensuada para resolver de modo amistoso el problema que generó en ese país la restricción de 3,3 millones de metros cúbicos diarios aplicadas a las exportaciones del fluido argentino. La tarea habría resultado eficaz: los legisladores trasandinos se fueron con la promesa de seguir de cerca el tema desde una comisión binacional y sin mencionar la posibilidad de hacer reclamos judiciales.
Folgar salió a aplacar los ánimos perturbados por la noticia de que comenzó otra ronda de interrupciones en el suministro del gas a las industrias, junto al rumor de que podría haber algún faltante en el gas licuado. “Argentina exporta la mitad de su producción, así que hay margen para atender la demanda del mercado interno”, aseguró Folgar, descontando que sería muy sencillo asignar un nuevo destino a ese fluido, como si los contratos de exportación pudieran omitirse sin inconvenientes.
En declaraciones radiales, el funcionario también descartó cortes a los clientes residenciales, comercios e industrias que compren ese carburante con contratos de la categoría de “ininterrumpibles”, de tarifa más alta que aquellos acuerdos que permiten suspender la provisión de ese suministro. Las industrias que estén encuadradas en esta última categoría “tienen la posibilidad de conseguir combustible alternativo”, aclaró Folgar, en un intento por disipar los temores de que la crisis energética pase a mayores.
En ese renglón se encuentran las usinas eléctricas, que al estar obligadas a quemar fuel oil en lugar de gas, sufrirán una suba en sus costos, ajustes que todavía no se sabe quién, cómo y cuándo pagará. Lo que sí está definido es que a partir de mayo, audiencia pública mediante, se ajustaría en un 40 por ciento el valor del gas boca de pozo, lo que hará subir “entre el 15 y el 20 por ciento” el precio final el fluido, según calculó el propio subsecretario.
El otro aspecto conflictivo de la crisis energética es la amenaza chilena de denunciar al país por violación de acuerdos internacionales debido a que Argentina limitó en 3,3 millones de metros cúbicos diarios la provisión de gas desde final del mes pasado. Con una presencia llamativamente concurrida por ser lunes, los diputados de la Comisión de Energía, presidida por el justicialista Jesús Blanco, y el propio presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, recibieron ayer a un grupo de legisladores chilenos que vinieron a plantear cuán grande es el perjuicio que aquel recorte origina a su país.
El grupo de diputados de Chile –encabezados por un opositor– transmitieron a sus pares locales “la preocupación” del gobierno de Ricardo Lagos por esa medida inconsulta que para ellos configura una violación de acuerdos. Sus pares argentinos insistieron con la idea de que no hay tal transgresión, en parte porque el protocolo bilateral de integración de 1995 establece expresamente el criterio de “proporcionalidad”, que impone a los compradores trasandinos la obligación de someterse a las mismas limitaciones que puedan sufrir los argentinos. Según destacó Blanco, otros parámetros previstos en los contratos de venta también habilitarían a la Argentina a reducir sus despachos en una proporción todavía superior que la que lo hizo. Estas y otras cuestiones serán debatidas en el seno de una comisión legislativa bilateral, integrada por tres parlamentarios por cada país. Una salida diplomática para aplacar los ánimos.