“¿Se acuerda cuando (Roberto) Dromi dijo que estábamos de rodillas? Bueno, ahora estamos acostados. Las petroleras nos han acostado, nos quebraron la muñeca.” Así habla nada menos que una fuente del área energética del Gobierno, para asombro del cronista, tanto por lo que sostiene como, no menos, por quién lo sostiene. ¿Pero cómo, si este Gobierno aparece enfrentando a los lobbies privados como ninguno en los últimos 30 años? Sin embargo, por la razón que sea, en la guerra del gas, el oligopolio, con Repsol-YPF a la cabeza, está logrando lo que se propuso. No: más de lo que se propuso, y más rápidamente, según explican con una lluvia de datos consultores privados, que incluso sospechan de las actitudes chilenas, que facilitan el triunfo de esos mismos intereses. Ellos ambicionaban volver a dictar los precios de ese insumo energético en un plazo de dos o tres años, pero lo están consiguiendo casi de inmediato. Un detalle curioso: los importadores trasandinos no accionaron judicialmente contra los proveedores cisandinos que les prometieron un gas que ahora les retacean, culpando al Gobierno de Néstor Kirchner. Prefirieron usar al presidente Lagos y a la canciller Alvear. Por ahora, el aumento de la retención a la exportación de crudo (del 20 al 25 por ciento) y gasolinas (de 0 a 5 por ciento), que ayer anticipó en exclusiva Página/12, es la mayor estaca que el PEN quiere clavarle al monstruo.
El caso del gas boliviano es muy ilustrativo. Durante tres décadas, Gas del Estado estuvo trayendo por ese ducto 7 millones de m3 diarios, que se importaban por razones geopolíticas, para evitar que Bolivia se recostara demasiado en Brasil. Ahora, misteriosamente, ese caño sólo sirve para transportar 4 millones. Esto puede explicarse, en todo caso, porque Refinor, sociedad que fue desestatizada por separado cuando la privatización de YPF, no tenía la menor intención de mantener interconectados los dos mercados, ya que en el país del Altiplano, de grandes reservas y magra demanda interna, el precio del gas era bajo, mientras que en la Argentina, con reservas mucho menores y mucha más demanda, podía facturarse más caro.
Así, Refinor –que hoy es de Repsol y Petrobras– abandonó el ducto, permitió su deterioro, con el Enargás haciendo la vista gorda, y hasta permitió el asentamiento de poblaciones sobre la traza, lo que vuelve muy peligroso subir la presión en el tubo. Ahora lo están recauchutando de mala gana. Pero, de paso, asegurándose que esa importación sea un jugoso negocio repartido entre Repsol y Petrobras. El cocalero Evo Morales hizo su aporte al oponerse a que se exportara gas a la Argentina, y Néstor Pitrola, del Polo Obrero, añadió lo suyo al interceder por el país.
Atención a estos datos: siete industrias argentinas buscaron algún proveedor boliviano ajeno a la trenza de los dominantes. Y pudieron cerrar trato a 90 centavos de dólar por millón de BTU (cada millón equivale a 27,1 metros cúbicos). El paso siguiente fue pedirle a Refinor (Repsol-Petrobras) acceso al caño que va de Pocitos a Campo Durán, a lo largo de 40 kilómetros. Refinor ha contestado, ni sí ni no, a pesar de estar obligada a dar open access, a cambio de cobrar un peaje, porque así quedó determinado al perder en 2000 un largo pleito con Productos de Maíz SA.
La razón es muy sencilla: mientras esas empresas traerían gas a 90 céntimos, Repsol (cuya subsidiaria en Bolivia se llama Andina) dice que el precio en el país vecino es de u$s 1,40, subiendo a 1,60 por el transporte hasta la frontera argentina, comienzo del caño de Refinor. En este filón deben de haberse prendido algunos personajes públicos de la hermana república, ya que YPFB operará como “cargador”, recibiendo el gas de las petroleras e inyectándolo en el tubo. YPFB es una mezcla de intermediario y ente regulador. En este caso, se encarga de bloquear la participación de productores independientes. Por ende, para traer gas boliviano a 90 centavos hay que vencer complejas trabas a ambos lados de la frontera. Refinor debería llamar a concurso de manifestación de interés por parte de quienes quisieran traer gas de Bolivia, pero no parece dispuesta a hacerlo.
El caso chileno no es menos especioso. Ya José Pepe Estensoro, primer dueño de la YPF privatizada, acordó contratos de exportación hace más de diez años, fijándose el precio en el equivalente al combustible alternativo, que es básicamente el fuel. Este es el máximo valor, y corresponde a las características chilenas, un país que carece de ese recurso (aunque muchos aseguran que, en realidad, había un valor oculto, bastante inferior). Aquel precio tope, que en cambio no se amoldaba a las condiciones argentinas, porque acá sí hay gas, quería usarlo Pepe para trazar un sendero creciente de precios de este lado de los Andes. Y aunque Estensoro perdió la vida en un accidente, su visión se cumplió: desde los 70 centavos, el gas se había remontado a u$s 1,40/1,50 para cuando se hundió la convertibilidad.
Lo última jugada de Repsol y compañía fue hacer desaparecer el gas. Es un misterio que en julio 2003 hayan entregado 3800 millones de metros cúbicos, en marzo 2004 sólo 3200, ¡y hayan estado cortándole la provisión a numerosas fábricas, cuando también sobra capacidad de transporte! Hace menos de medio año, las petroleras visitaban con humildad a los clientes y firmaban contratos por 73/75 centavos de dólar. Ahora no se consigue a menos de 1,15 y siempre bastante menos de lo apetecido. En los contratos, que no incluyen compromiso firme de suministro, ya se establece un precio de 1,40 para el invierno de 2005. Ni el petrolero más optimista soñó con conseguir tanto tan pronto.