Después de varios meses de tensión, el Gobierno y Aguas Argentinas llegaron a un acuerdo para renegociar el contrato de concesión. El primer paso será la firma de un acta que fijará las reglas de la discusión. Eso ocurriría la próxima semana. La empresa se librará de ese modo de la amenaza de la anulación del contrato, que el Gobierno formuló en varias oportunidades. Los reiterados incumplimientos de Aguas Argentinas y la decisión de la compañía de iniciar un juicio contra Argentina ante un tribunal internacional por la devaluación y la pesificación de las tarifas habían puesto a la administración Kirchner en pie de guerra. Tras una larga pelea, sin embargo, el Gobierno accedió a sentarse a negociar con la empresa las nuevas condiciones para la prestación del servicio: léase, tarifas y marco regulatorio.
El secretario de Relaciones Exteriores de Francia, Renaud Muselier, vendrá a Buenos Aires el próximo martes para una visita diplomática, pero su real objetivo será participar del acto en que se suscribirá aquel acta. Eso ocurriría el mismo martes o miércoles. Aguas Argentinas es una empresa controlada por la francesa Suez, y de allí el interés del funcionario extranjero. El gobierno francés dio un fuerte respaldo a Suez en sus negociaciones con Argentina. Distintas fuentes señalaron a Página/12 que esa intervención fue importante para cambiar el humor del gobierno argentino hacia la empresa. De hecho, en lugar de quitarle la concesión, como amagó varias veces, aceptó negociar un nuevo contrato.
Aguas Argentinas, por su parte, se avino a cumplir con varias de las demandas que le formuló el Gobierno. La primera es que mientras dure la renegociación de la concesión la empresa aceptará el congelamiento de las tarifas. El plazo máximo para terminar la renegociación es fin de año. La segunda exigencia es que la compañía realice durante todo 2004 inversiones por 242 millones de pesos. El dinero no lo pone Aguas Argentinas de su bolsillo, sino que lo aparta de lo que recauda de los usuarios. Así fue establecido en 1993, cuando se privatizó el servicio. La empresa se resistió durante varios meses a destinar 242 millones a obras, ya que pretendía retener un mayor porcentaje de la recaudación para arreglar con sus acreedores y salir del default. Pero, finalmente, el Gobierno se puso firme y Aguas retrocedió.
La situación fue la inversa respecto de la tercera exigencia: que la empresa suspendiera completamente la demanda que inició en Washington, ante un tribunal internacional (Ciadi), por la devaluación y la pesificación de las tarifas. Según Aguas, esas medidas violaron el contrato que tenía firmado con el país.
La empresa no aceptó el pedido de la suspensión total. A cambio, ofreció suspender sólo la discusión de fondo (si hubo o no incumplimiento por parte del Estado argentino) mientras se renegocia el contrato. Pero la empresa deja que el juicio siga avanzando y que se sigan cumpliendo con los pasos administrativos. El Gobierno, al final, aceptó esa oferta. En los hechos, la empresa ganó la pulseada, porque lo importante en este punto del conflicto es si el juicio sigue o no, ya que el fondo de la cuestión se analizará –de cualquier modo– recién el próximo año.
La ventaja para Aguas de seguir con la demanda es que tiene una herramienta de presión para renegociar mejor su contrato. El Gobierno tenía oportunidad de quitarle la concesión a la empresa por los repetidos incumplimientos en sus obligaciones. En lugar de seguir ese camino, aceptó negociar nuevas condiciones para la explotación del servicio.