Los expendedores de GNC y las entidades defensoras de usuarios y consumidores recurrieron a la Justicia para intentar bloquear decisiones del Ejecutivo que podrían afectar abastecimiento y tarifas de suministros energéticos. Anteriormente, industriales de diversas provincias habían logrado amparos judiciales contra la interrupción del servicio por recortes programados en la oferta, a los que ayer se sumó una cristalería rosarina. Ahora, además, fueron los expendedores de GNC de Córdoba los que obtuvieron un fallo a su favor que deja en suspenso la recategorización como clientes a través de un decreto nacional, la que los degradó de clientes “firmes” a “interrumpibles”. En tanto, un grupo de asociaciones de consumidores reclamó a la Justicia la anulación de la convocatoria a Audiencia Pública para mañana y que se suspendan las modificaciones de tarifas dispuestas bajo la modalidad de “premios” y “castigos”.
El juez federal del juzgado 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, hizo lugar al amparo presentado por expendedores de GNC para que el sector siga dentro de la categoría de “no interrumpible”. Según fuentes judiciales, Freytes resolvió en favor de los vendedores de GNC cordobeses, dejando en suspenso el rango de usuarios interrumpibles, tal como dispone el decreto 180/04 del gobierno nacional. El mencionado decreto no suspende los contratos vigentes, sino que establece que los nuevos que se suscriban para la venta de combustible vehicular se realizarán bajo la modalidad de “interrumpibles”, para garantizar el gas a usuarios domiciliarios.
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Argentina (FACUA), entidad que nuclea a cinco entidades defensoras de los derechos del consumidor, pidió, en tanto, a la Justicia que dejara sin efecto los “aumentos” que, aducen, “ya fueron decretados” para la tarifa del gas. Además, la entidad reclamó que se suspendiera la audiencia pública sobre las tarifas, prevista para mañana.
A partir de las 9.30, en la sede central del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), mañana se pondrá en debate el acuerdo entre las autoridades nacionales y las empresas productoras sobre el aumento en los niveles de producción de gas natural y una recomposición del precio del fluido en boca de pozo. A la audiencia (que no tiene carácter vinculante) fueron convocados a participar empresarios, funcionarios del sector energético, legisladores y asociaciones de consumidores. Conforme al compromiso asumido por la Secretaría de Energía, los productores aplicarían un sendero de aumentos a lo largo de los próximos dos años que llevaría el precio final del gas en boca de pozo a un valor aproximado al precio internacional.
La acción de amparo con pedido de medida cautelar de “no innovar” urgente fue presentada por FACUA ayer por la mañana ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La entidad denunció que el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las empresas del sector viola la legislación que prohíbe la indexación de tarifas, pues prevé el precio y su indexación según una cláusula de ajuste atada al dólar. El escrito reclama a la Justicia que “impida la modificación de los Cuadros Tarifarios de las licencias de Gas Natural hasta tanto finalice la renegociación de los contratos” con las empresas transportadoras y distribuidoras. En ese sentido, considera que el acuerdo entre el Ejecutivo y las productoras es “nulo”, pues “son falsos los hechos y derechos invocados” para su dictado.
Además, la presentación avanzó sobre la Audiencia Pública, al considerar que “estaría desnaturalizada, porque la decisión ya fue tomada (...). Los aumentos comenzarían a regir a partir del 10 de mayo próximo”, completó la denuncia.
En otro fallo que provocará repercusiones, la Justicia federal rosarina dispuso que la empresa Litoral Gas no puede cortar el suministro a una fábrica debido a los graves daños patrimoniales y operativos que le causaría la restricción. Según consigna en su edición de ayer el semanario local Punto Biz, se trata de Cristalería del Rosario, a la cual en febrero último le “venció el contrato ininterumpible que la firma tenía conLitoral Gas para la provisión del insumo” y, si bien la voluntad de la fábrica fue renovar el contrato, incluso pagando más, la distribuidora se negó a suscribirlo.
La amplia gama de pronunciamientos de la Justicia en contra de las medidas adoptadas en las últimas semanas como paliativos a la crisis energética empiezan a poner en tela de juicio su efectividad, tal como había ocurrido con los intentos de aumentos parciales de tarifas durante la gestión de Eduardo Duhalde al frente del Ejecutivo. Se abre un nuevo frente de batalla para el Gobierno, que apostó todas sus fichas al acuerdo de precios con las productoras y una exhortación a la baja del consumo de los usuarios.