Por Plan Fénix *

En días recientes se han producido declaraciones de las máximas autoridades de los organismos multilaterales de crédito –específicamente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial– que insistieron en que el gobierno argentino acuerde con los tenedores de títulos de deuda en default, mejorando al efecto la oferta formulada en Dubai el año pasado. Esto es evidencia de un cambio de actitud de tales organismos, los que hasta el año pasado no opinaron en tal sentido, limitándose a asegurar el repago de sus acreencias. Se ha producido en consecuencia un claro realineamiento de posiciones, que requiere un análisis.
Por lo pronto, debe recordarse que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial (y el Banco Interamericano de Desarrollo) avalaron plenamente el modelo económico y social instalado en los años ’90, lo que se concretó en apoyo financiero concreto. Un modelo que ya antes de la crisis terminal de 2001 venía mostrando resultados adversos, tanto en el terreno del crecimiento como en el de la equidad distributiva; así lo evidencia la prolongada recesión, iniciada en 1998, y la consolidación del desempleo en niveles de dos dígitos desde 1993. Se trató de un modelo perverso, que unió estos resultados negativos con un creciente endeudamiento externo.
El problema que se suscitó en estas circunstancias con la declaración de default es por cierto de naturaleza compleja. Del lado de la Argentina, requiere y requerirá una movilización de recursos que deberá recaer principalmente en los sectores beneficiados durante la década pasada. Del lado acreedor, debe involucrar a todas las partes –esto es, organismos multilaterales, gran banca privada internacional, tenedores de títulos, banca de inversión, evaluadoras de riesgo y auditorías internacionales– pero no en un mismo plano.
A los grandes bancos privados internacionales les corresponde asumir una cuota de responsabilidad, por su participación en la colocación de títulos, abusando en muchos casos de la confianza de los ahorristas, incluidos los inversores institucionales. Los tenedores de títulos –que necesariamente sufrirán una quita– deberán recibir, en lo posible, un tratamiento acorde con los montos que efectivamente aportaron, y su condición económica y social; para ello, la intervención de los respectivos gobiernos será seguramente necesaria.
El caso de los organismos multilaterales de crédito es diferente. Les cabe parte de la responsabilidad de lo ocurrido, por el aval mencionado, pero debe señalarse que la Argentina adhiere a ellos en calidad de asociado. Los acuerdos y demás acciones que ambas partes implementen nunca deben omitir esta circunstancia. Estos deben excluir, en consecuencia, un posible alineamiento con los acreedores privados. No es congruente que entidades de las que el país es socio ejerzan presión a favor de terceros; más aún, si a ellos se ha reservado en este proceso la posición de acreedor privilegiado, lo que ha asegurado el repago en condiciones normales de sus créditos, ocasionando una merma en términos netos del endeudamiento de la Argentina con ellos.
Por otro lado, son preocupantes las argumentaciones que se han esgrimido en estos días. Tanto la directora a cargo del FMI como el presidente del Banco Mundial han sostenido claramente que las políticas sociales deberán ver limitado su alcance, a fin de mejorar la oferta argentina a los acreedores privados. El presidente del Banco Mundial ha sostenido, incluso mediante un argumento que compara la situación del país con la de un hogar endeudado, que deben honrarse las deudas, postergando eventualmente “gastos en educación de los hijos”. Resulta muy llamativo que, frente a la dramática situación social que vive la Argentina, se enarbole este tipo de consignas, especialmente en el caso del Banco Mundial, que ha proclamado repetidas veces su compromiso con la noción de crecimiento con equidad.
Por su parte, el FMI con su accionar está violando sus propios estatutos, los que incluyen la política hacia países en atrasos queestablecen que “el FMI deberá evitar poner al deudor en una situación de debilidad ante sus acreedores”. En el caso de que exija la adopción de compromisos inaceptables para nuestro país, la Argentina deberá considerar la alternativa de dar por finalizados los acuerdos con este organismo.
Desde el Plan Fénix queremos manifestar nuestra profunda preocupación y rechazo, tanto por el evidente encolumnamiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con los acreedores, como por su alegato a favor de la postergación de políticas sociales para los sectores que más han sufrido las consecuencias del modelo económico, prohijado por una dirigencia argentina miope y dogmática, con el apoyo de aquéllos.
Las eventuales falencias que tengan los actuales planes de contención y asistencia social deberán ser corregidas, a fin de asegurar una llegada efectiva y eficaz a quienes los requieran. Pero nunca más la Argentina deberá endeudarse comprometiendo los equilibrios macroeconómicos y el bienestar de sus habitantes. De hecho, esta posición ha sido sostenida por algunos acreedores privados, que se manifestaron dispuestos a vincular el nivel de quita con el mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos.
Esperamos que estas líneas contribuyan a un debate fructífero acerca de la cuestión de la deuda y del rol que les cabe a los organismos multilaterales de crédito.

* Abraham Leonardo Gak. Director Proyecto Estratégico Plan Fénix.