El gobierno nacional confirmó que estudia aplicar retenciones a las exportaciones de gas natural. La medida fue adelantada ayer por Página/12. A diferencia del resto de los hidrocarburos, el fluido resultó exceptuado de los decretos que reglamentaban la Ley de Emergencia Económica del 2002, por lo que nunca pagó el tributo. La restricción de la oferta y la magnitud que adquirieron las exportaciones, especialmente a Chile, se cuentan entre las razones objetivas que pesarían en la eventual decisión gubernamental.
“Estamos estudiando los cuadros de retenciones”, aseguró el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pero “todavía no hay una decisión tomada sobre ese punto”, relativizó. En realidad, dichos cuadros no requieren de análisis muy complejos. La Argentina exportó en el 2003 cerca de 2500 millones de pesos de gas, en todas sus formas, pero sólo alrededor del 40 por ciento de esta cifra correspondió a gas natural, lo que deja una casi perfecta base redonda de 1000 millones de pesos sobre la cual calcular el impuesto. Si se asimila al gas la alícuota del crudo, que con el aumento de la semana pasada llegó al 25 por ciento, se tendría para el fisco un ingreso extra potencial de 250 millones de pesos, los que se sumarían a los alrededor de 800 millones provenientes de los aumentos en las retenciones al crudo, combustibles líquidos y distintos tipos de gas licuado que fueron anunciados la semana pasada. Sin embargo, si la actual crisis energética es algo más que retención de oferta, es posible que el total exportado disminuya junto con la magnitud de lo recaudado.
Pero la decisión gubernamental de “estudiar” las retenciones al gas natural fue interpretada por algunos observadores del mercado local como otra de las clásicas “advertencias” del Gobierno, a esta altura propias de su estilo de negociación. En este caso, el objetivo no serían las retenciones mismas sino presionar a las petroleras para evitar una andanada de aumentos que sigan la suba internacional del crudo.
En cualquier caso, el mecanismo de las retenciones continúa siendo un potente instrumento de política económica frente a empresas que pretenden trasladar a consumidores locales los aumentos en los precios internacionales. En este sentido, y dado que los costos de producción no dependen de las oscilaciones externas, una alternativa para estabilizar los precios internos, que bien podría ser considerada por el Ministerio de Economía, podrían ser las retenciones móviles, es decir, con una alícuota variable que acompañe la evolución de los precios en el mercado mundial.
Las retenciones a los hidrocarburos fueron dispuestas por el artículo 6º de la Ley de Emergencia Económica 25.561 en enero del 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde. Sin embargo, al momento de ser reglamentada por el Decreto 310/2002, el gas natural no apareció entre las posiciones arancelarias gravadas por el nuevo tributo. Este beneficio se produjo en un momento en que las ventas al exterior del fluido experimentaban un alza sensible. Entre el 2000 y el 2003, las exportaciones de gas pasaron de 4600 a 6500 millones de metros cúbicos. Esto es, un aumento del 41 por ciento.