ECONOMíA
› EL GOBIERNO DEFINIO LA
DISTRIBUCION DEL SUPERAVIT EXTRA DEL PRESUPUESTO
Gastar antes que lleguen los acreedores
El superávit record de este año no se utilizará para pagarles un adelanto a los acreedores ni para más aumentos de los salarios públicos. Economía anunció que los recursos extra ya tienen destino. Costo de la crisis energética.
Roberto Lavagna se presentó ayer ante la prensa para enviar un mensaje a distintos sectores: tanto a los internos que reclaman ajustes salariales o bajas de impuestos, según el caso, como a los acreedores que piden un pago inicial en efectivo por los bonos en default. En ambos casos los planteos al Gobierno surgen por la mejora en los ingresos tributarios, que están superando largamente lo previsto en el Presupuesto. La pelea por ese excedente involucra desde la CTA hasta los economistas de la city, pasando por los bonistas y el FMI. A todos ellos, Lavagna les dijo que ese superávit ya está asignado y que no hay más plata para nada de lo que le piden. En su explicación de qué hará el Poder Ejecutivo con el dinero, el ministro reveló que la crisis energética le costará al Estado más de 2000 millones de pesos este año.
Lavagna se presentó en conferencia de prensa junto al secretario de Hacienda, Carlos Mosse, quien había preparado una prolija planilla con las fuentes de ingresos y las proyecciones de gastos. En la primera columna figuraban 7841 millones de pesos. Ese será el incremento de recursos, por encima de lo que figura en el Presupuesto. La cifra es una estimación para todo el año, que computa lo que ya se obtuvo en el primer cuatrimestre y calcula cuánto más se puede lograr hasta el 31 de diciembre. El monto es importante: 13,7 por ciento más que la recaudación prevista anteriormente.
El jefe del Palacio de Hacienda aclaró que la proyección está hecha en base a una “hipótesis conservadora” de crecimiento de la economía, del 5,5 por ciento. La recaudación del impuesto a las Ganancias será la que más aumentará en comparación con lo estimado en el Presupuesto: 2947 millones de pesos (hasta un total de 13.233 millones). Después le siguen el IVA (con 2039 millones), los impuestos al comercio exterior (1440 millones), los aportes a la Seguridad Social (755 millones), el impuesto al cheque (740 millones) y los gravámenes sobre los combustibles (124 millones).
Una vez que precisó cuánto más dinero tendrá el Estado este año, Lavagna explicó que “el grueso de esos recursos ya fue distribuido”. Por lo tanto, sentenció que “no habrá ningún pago adicional a los acreedores”. Lo mismo había dicho el último domingo en un reportaje con este diario, echando por tierra con las expectativas de los bonistas.
De los 7841 millones extra, 4952 millones se gastarán y 2727 millones se usarán para cubrir otros compromisos del sector público que, según el Presupuesto, se iban a financiar con la emisión de deuda. Ahora, esos bonos no saldrán al mercado. Otros 162 millones todavía no están asignados.
El gasto adicional de 4952 millones se dividirá en distintos rubros. Antes que nada, 636 millones irán a las provincias por coparticipación (y de ellos, 512 millones serán para el Fonavi y 124 millones para Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires). Otros 248 millones se destinarán a cancelar parte de la deuda con los docentes por los pagos atrasados del Fondo de Incentivo. Los sucesivos aumentos de las jubilaciones y pensiones mínimas, de 220 a 280 pesos, le costarán al Estado 945 millones (hay que considerar que los incrementos se completarán recién en septiembre). Además, se usarán 134 millones para pagar en efectivo –no más en cuotas— los retroactivos a los nuevos jubilados. En tanto, 105 millones serán para otorgar 150 pesos a los empleados públicos que ganan menos de 1000, y otros 82 millones para los salarios universitarios. Finalmente, 300 millones cubrirán las erogaciones del nuevo plan de seguridad. En total, entonces, el gasto social subirá en 1814 millones.
La crisis energética se llevará 2098 millones, de los cuales 700 millones serán para compensar a las privatizadas para que no apliquen subas de tarifas en los consumos residenciales. Asimismo, la compra de fuel oil a Venezuela demandará 759 millones. También se girarán 256 millones para obras en Yacyretá y 383 millones para otras obras de infraestructura energética.
Finalmente, 94 millones financiarán la construcción de un acueducto en La Pampa y 310 millones serán “refuerzos varios”.