Aunque ningún precio subiera este mes, la inflación minorista sería del 3 por ciento. Ese es su piso. Es lo que los estadísticos conocen como “efecto arrastre” y obedece a que el ascenso de los precios se fue acelerando a lo largo de marzo, para volverse vertiginoso durante la última semana, especialmente en súper e hipermercados. De hecho, el índice minorista (IPC) terminó marzo con una escalada del 4,0 por ciento, cuando en el INdEC esperaban, con los datos recogidos hasta bien avanzado el mes, que repitiese el alza de febrero, que había sido del 3,1 por ciento. A pocos meses de haber concluido un largo proceso deflacionario, la Argentina se ve nuevamente lanzada a la inflación, sin que la población tenga forma de defenderse de ella. Tanto los asalariados como los proveedores de servicios personales, que no pueden defender su ingreso real, están sufriendo una rotunda caída en su poder de compra. Según la medición oficial, los precios al consumidor treparon 9,7 por ciento en el primer trimestre. Esta carrera inflacionaria fue desatada por la devaluación del peso, y la timidez y los titubeos del Gobierno respecto de la imposición de retenciones a la exportación dejaron hasta ahora sin uso efectivo este instrumento apto para atenuar el traslado del aumento del dólar a los precios internos.
Si se observan incrementos como el del aceite de maíz: 43,8 por ciento en marzo y 84,2 por ciento en el trimestre, o de la harina de trigo común (21,3 y 78,2 por ciento, respectivamente), se vuelve más inexplicable la tardanza gubernamental en moderar el salto en el tipo de cambio efectivo mediante la aplicación de retenciones. En lugar de emplear este medio, el Gobierno prometió aplicar otras herramientas imprecisas, mientras afirmaba, por boca del mismo Presidente, que los precios exageradamente altos deberían bajar. Por ahora, nada de esto ocurrió, como era obvio, porque hay libertad de precios y, por ende, ninguna forma directa de forzar su reducción.
Los datos del INdEC muestran solamente la inflación visible. Pero hay otra, oculta, que emergerá cuando se efectivice el reajuste en las tarifas de los servicios públicos y en los alquileres, no más allá de agosto. En este sentido, esa inflación sumergida es como el CER (coeficiente de ajuste basado en el IPC), que tanto preocupa a los deudores pesificados. Sin embargo, esta indexación postergada, que por ahora se devenga pero no se paga, retarda el impacto de la inflación sobre un componente del gasto actual de los endeudados, mientras los que ni siquiera tienen deudas padecen el efecto abrasivo de la inflación sobre el total de su presupuesto.
Como ya ocurrió en meses anteriores, el índice de precios mayoristas (IPM) danzó a un ritmo mucho más frenético que el del menudeo. Su alza fue del 11,2 por ciento, completando un 32,0 por ciento en el trimestre. Suele interpretarse, erróneamente, que el IPM anticipa lo que después ocurrirá con el IPC. Pero la desacompasada progresión de estos indicadores obedece a su diferente estructura, ya que en el minorista gravitan fuertemente los servicios (47 por ciento de la canasta, respondiendo a las pautas de consumo que existían en 1997), mucho menos influidos por el dólar.
A medida que se precipita el alza de los precios crece el incentivo a volcar cualquier excedente líquido a anticipar consumos, conducta que es hoy la mayor alternativa al dólar como refugio. No obstante, y a pesar de que aumente la velocidad de circulación del dinero, el creciente nivel de precios licúa el poder adquisitivo y acentúa la depresión de la demanda. Es muy difícil que las exportaciones balanceen este efecto recesivo, propio de un escenario de acentuada inflación y muy alto desempleo, que reduce cada vez más el precio relativo del trabajo. Esto añade incertidumbre económica, pero también social y política, a las perspectivas del programa de Jorge Remes Lenicov.