Las distribuidoras eléctricas podrían firmar en los próximos días un acuerdo provisorio de revisión contractual con el Gobierno, incluyendo “ajustes a cuenta” de una futura recomposición, posiblemente atemperado por el anuncio de algunas inversiones. Después de meses de discusión con magros avances, la Unidad de Renegociación de Contratos está dispuesta a sellar con las empresas un acuerdo antes del 30 de junio con dos horizontes posibles: uno de emergencia, con vigencia sólo hasta fin de año o bien, tal como prefieren las adjudicatarias, hasta finales de 2007. El nuevo esquema de precios nada tiene que ver con el actual régimen de premios y castigos, cuya aplicación aún debe ser precisada por el órgano de control.
Según la visión empresaria, es la primera vez que existe una decisión política firme para llegar a un acuerdo “sí o sí” que, en cualquier caso, incluirá una recomposición tarifaria para el sector residencial. Esta franja fue excluida de las modificaciones al régimen de precios instrumentadas por el Gobierno en febrero pasado y que entrañó ajustes de entre el 35 y 50 por ciento, pero sólo para los grandes usuarios.
El Gobierno ya manifestó su intención de reacomodar también los valores de los consumos residenciales, pero no quiso hacerlo fuera de un marco más amplio, que incluya alguna regla sobre cómo evolucionarán esos precios en el futuro, cuáles serán las pautas de calidad exigibles y las inversiones necesarias para cumplirlas.
La administración kirchnerista asumió ante el Fondo Monetario Internacional el compromiso de terminar la renegociación de contratos antes del 30 de junio, pero este cometido se hizo muy difícil debido a las dificultades para acercar posiciones con las empresas. Ante esta situación, los funcionarios de Economía y Planificación concibieron la idea de utilizar un esquema similar al empleado con Aguas Argentinas, con la que se celebró un acuerdo de emergencia hasta fin de año, con la idea de terminar para entonces un borrador de más largo plazo.
Aun en caso de emular esta fórmula, habría un reajuste de tarifas a cuenta de otro mayor que continuaría aplicándose desde 2005 en adelante. El otro camino es el de firmar un contrato hasta finales de 2007, lo que permitiría prever ahora un sendero de precios hasta entonces. Pero en cualquiera de los dos casos, esto tendrá como contrapartida el anuncio de algunas inversiones que, en ciertos casos, las empresas ya están previendo para evitar un derrape notorio en la calidad de la prestación.
La agenda de discusión incluye varios puntos críticos sobre los que aún no hay acuerdo. Entre ellos, cómo se financiará la ampliación de la red y bajo qué condiciones ingresarán los nuevos usuarios residenciales. No está claro si lo harán bajo el actual régimen de ininterrumpibles o se habilitará la posibilidad de cortarles el suministro, de ser necesario.
El cuadro tarifario en ciernes no tiene relación con el régimen de premios y castigos dispuesto para paliar la crisis energética y que tiene efecto neutro sobre las transportistas y distribuidoras. Los “premios” a quienes consuman menos que en el mismo bimestre del año anterior serán costeados mediante un cargo que recaerá sobre los usuarios medianos y grandes (T2 y T3); en tanto que los “castigos” integrarán un fondo fiduciario a administrar por el Estado para obras energéticas.
Ese sistema poco seduce a Edenor, Edesur y Edelap, que no ven en él una herramienta demasiado eficaz para promover el ahorro de energía. Amén que aún faltan precisiones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre el precio exacto del castigo a aplicar y de las excepciones a esa pena (una casa que hace un año estaba deshabitada, por ejemplo).
Las distribuidoras coinciden en que el Gobierno tomó medidas adecuadas para paliar la crisis que originó en todo el sector energético la escasez de gas, pero opinan que el menú orquestado (incluida la importación de fueloil) resulta insuficiente para solucionar el problema de fondo y, porlo tanto, auguran otro cuello de botella en el próximo invierno: no hay inversiones previstas para ampliar la capacidad de generación eléctrica y subsistirían las dificultades para transportar gas.
Otra prueba de que muchas cosas están sin resolverse es que ninguno de los accionistas de las distribuidoras están pensando en levantar los reclamos que formularon contra el Estado argentino ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, por los presuntos perjuicios que les ocasionaron la devaluación y pesificación de sus tarifas.