Con un día de anticipación a lo anunciado, el Gobierno dio ayer un paso fundamental para salir del default: presentó el Plan Buenos Aires ante la autoridad regulatoria de los Estados Unidos, la Comisión de Operaciones Bursátiles. La SEC, así conocida por sus siglas en inglés, será la que apruebe formalmente la emisión de los nuevos títulos públicos. Pese a la flexibilización respecto de Dubai, la flamante propuesta obtuvo un rechazo de una de las asociaciones de bonistas locales. En este marco tenso, un día después de que Rodrigo Rato presionara para que la oferta de la Argentina llegue a un acuerdo con “todos” los acreedores, el Fondo Monetario anunció el envío de una nueva misión a Buenos Aires.
La SEC no tiene plazos para expedirse. Debe analizar si la emisión no se choca con la estructura legal estadounidense, bajo cuya jurisdicción serán lanzados los próximos bonos. Fuentes oficiales estimaron que el trámite podría demorarse entre dos y tres meses. Con la presentación ante el organismo estadounidense, el Gobierno dio la señal de que el Plan B.A. es el definitivo aun con la resistencia que generó entre los inversores. Si llegase a cambiarlo debería volver a presentarse ante la SEC. Sin embargo, en la city especulaban con que la oferta dejó márgenes para que pueda llevarse a cabo otra flexibilización. Concretamente, los financistas se referían al capítulo donde se explicita que habrá un plus si la economía crece más del 3 por ciento anual. En el microcentro se entusiasman con un pago en efectivo hacia fin de año, basándose en esa premisa, sin que haga falta el envío de otro prospecto a la autoridad estadounidense.
Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas, explicó que, ante las “severas restricciones de orden legal que las normas de la SEC imponen a todos los emisores”, el Ministerio de Economía no publicará el modelo de sustentabilidad de la deuda que acompaña la oferta.
En simultáneo con la pulseada con los bonistas, el Gobierno volvió a sentir la presión de Washington. Anteayer fue el propio titular del FMI quien exageró la situación al reclamar una aceptación unánime a la propuesta. Y desde el fin de semana habrá una misión de técnicos del organismo que discutirá con los funcionarios de Economía la tercera revisión al programa firmado el año pasado. Lo lógico es que el examen sea superado con holgura por Roberto Lavagna, ante el sobrecumplimiento de las pautas fiscales. La pelea de fondo se aguarda para septiembre, cuando deban definirse las metas para el próximo año.
En este contexto, Nielsen escuchó la reprobación de un grupo de bonistas argentinos. Fue la primera reunión con acreedores después de la flexibilización de la semana pasada. A los inversores parece no alcanzarles. La Asociación de Ahorristas de la República Argentina (AARA) la rechazó en duros términos. A través de un comunicado señaló que el Gobierno “tiene un doble discurso” y “favorece a los fondos buitres”. “La negociación se ha convertido en una simulación y consideramos que con ella se generará la mayor confiscación de la historia”, añadió la entidad.
La reunión del secretario de Finanzas con los bonistas se realizó en el Palacio de Hacienda y duró dos horas. “Fue una discusión tensa y dura y en muchos casos no hubo respuestas a nuestros planteos”, comentó a los periodistas Carlos Báez, titular de AARA, al término del encuentro. La principal objeción de los ahorristas se relaciona con los plazos de los nuevos bonos, de entre 30 y 42 años. En tono irónico, Báez le preguntó a Nielsen si la oferta “venía con medicamentos mágicos para que una persona de 60 años pudiera llegar a los 102 para cobrar”. En realidad, los nuevos bonos podrán venderse en el mercado de capitales, aunque con una quita.