Por Fernando “Pino” Solanas, Elido Veschi, José Rigane, Angel Cadelli y Ariel Basteiro *

El patrimonio que formaron generaciones de argentinos fue vendido o concesionado en la última década violando leyes con la mayor desaprensión: el Congreso posibilitó que los servicios públicos se entregaran sin tasación ni inventario de sus bienes y propiedades. La operación terminó en un despojo sin precedentes: entre otros delitos, los talleres ferroviarios fueron saqueados y miles de sus máquinas y repuestos se remataron por sistema de “loteo” que encubrían sus contenidos. Sólo en la concesión del Ferrocarril Belgrano a la Unión Ferroviaria desaparecieron 4000 vagones de 20 metros, lo que equivale a un convoy del Tigre a La Plata. Las reservas petroleras se calcularon un 30 por ciento menos para beneficiar a los compradores; repartieron yacimientos, materiales y buques de YPF entre dirigentes y amigos del “menemato”; ejecutaron el “per saltum” y permitieron que Iberia hipotecara la flota de Aerolíneas Argentinas para comprarla. Todo sucedió en la más descarada impunidad, sin que un fiscal o juez pudiera impedirlo y sin que la televisión dedicara ni un solo programa para informar o debatir las privatizaciones: las campañas mediáticas hacían creer a la ciudadanía que el culpable de sus males era el Estado y los demonios sus empresas de servicios. Un pueblo que no sentía al patrimonio nacional como propio e ignoraba su valor, mal podía defenderlo. Aún hoy sigue sintiendo que los bienes del Estado no son suyos, sino pertenencias del gobierno, es decir, del partido gobernante.
El gobierno del presidente Kirchner ha promovido acciones que ninguno de sus antecesores se había animado, como cancelar concesiones que no cumplieron contratos –Correo– o que siguen maltratando a los usuarios y destrozan valiosísimos materiales públicos como es el caso de los trenes. Hoy la asignatura pendiente continúan siendo los ilícitos cometidos contra los bienes del Estado y así como es justicia terminar con la impunidad de malas concesiones lo es también exigir una auditoría de inventario de los bienes públicos que fueron dados en uso y que deben ser devueltos o repuestos en condiciones. Si romper o robar lo que es público no es delito, difícilmente puedan reconstruirse una ética ciudadana y una conciencia solidaria que defiendan lo que es propiedad común de la Nación.
El país está saliendo de una de las peores crisis de su historia. La hecatombe que significó el derrumbe del modelo con su secuela del genocidio social y las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 exigen una refundación democrática y abrir los debates que nuestra sociedad se debe. ¿No deberíamos aprovechar el precio de tantos atropellos para estudiar cuál deberá ser el modelo de gestión de los bienes públicos que se recuperen –caso Correo o ferrocarriles– que nos defienda de corruptelas y asegure una administración honesta, moderna y eficiente? Entre la vieja y burocrática administración estatal y los incumplimientos y tarifazos de las corporaciones privadas, hay opciones y antecedentes en el mundo de nuevos modelos de gestión democráticos y participativos, que incluyen a usuarios y trabajadores.
Frente a estas asignaturas pendientes, hemos constituido la “Comisión Nacional para la recuperación del patrimonio” (CO.NA.DE.PA.) integrada por asociaciones y personalidades, con el fin de: 1) Iniciar acciones ante el Parlamento para recuperar los bienes y empresas del Estado y denunciar ante la Justicia los ilícitos cometidos contra el patrimonio exigiendo la condena de sus responsables; 2) Solicitar al gobierno una auditoría de inventario de los bienes concesionados y/o la reposición de los faltantes; 3) Desarrollar una conciencia pública sobre el valor económico y político, social y cultural que tiene el patrimonio para el bienestar de los argentinos y el desarrollo del país; 4) Convocar un gran debate sobre el modelo de gestión de las empresas de servicios públicos; 5) Promover la realización de referéndums vinculantes sobre estos temas.
Queremos invitar a asociaciones, ciudadanos y usuarios a que nos acompañen en esta gesta por hacer realidad el “Nunca Más” de los delitos contra el patrimonio público.
* Comisión provisoria de la CO.NA.DE.PA.