En la carta de intención firmada con el Fondo Monetario, el Gobierno prometió la aprobación de dos leyes antes de fines de junio: una nueva Ley de Coparticipación y la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal. La primera supondría un nuevo reparto de la torta de impuestos nacionales entre jurisdicciones. La segunda busca comprometer a las provincias con el ajuste fiscal acordado con el FMI a nivel nacional para los próximos años. El lunes llegará a Buenos Aires la misión del organismo para evaluar, entre otras cosas, el cumplimiento de esas exigencias, contempladas en la tercera revisión del acuerdo. Roberto Lavagna anticipó que solicitará un waiver (dispensa) por la coparticipación, algo que los burócratas no objetarán, porque la discusión de esa norma amenaza con abrir una verdadera caja de Pandora. Pero sin ley de ajuste provincial desde Washington ya avisaron que no hay posibilidad de que levanten el pulgar.
Para entender este nuevo capítulo en la relación FMI-Nación-provincias, más vale empezar por el principio. La llamada coparticipación federal determina el reparto de todos los impuestos nacionales (salvo los del comercio exterior y la seguridad social), en primera instancia, entre la Nación y las provincias.
La Ley de Coparticipación vigente, sancionada en 1988, establecía que la Nación embolsaría el 44 por ciento de esos impuestos (en realidad un 1 por ciento iba a financiar la bolsa de los ATN), mientras que el 56 restante sería transferido a las provincias.
En el 2004, la Nación se apropia del 62 por ciento del pastel coparticipable y las provincias reciben sólo el 38 por ciento. Sin embargo, si se mira cómo se reparte la totalidad de los ingresos fiscales nacionales (incluyendo las retenciones a las exportaciones, que no se coparticipan, y el impuesto al cheque, que sólo coparticipa el 30 por ciento), la diferencia es aún más notoria: la Nación se queda con el 66 por ciento de los recursos tributarios y devuelve apenas el 34 por ciento a las provincias.
¿Qué sucedió en el medio? Merced a la presión del Fondo Monetario, que en un país federal sólo podía negociar metas de ajuste fiscal con el gobierno central, Domingo Cavallo logró arrancarles a los gobernadores la firma de los llamados Pactos Fiscales, por los cuales resignaron fondos a favor de la Nación. Para ello, contó con la inestimable colaboración del ex ministro del Interior Carlos Corach, que repartía discresionalmente Aportes del Tesoro Nacional y otros paquetes de socorro financiero para alinear voluntades en el interior. Dicho sea de paso, el cavallista Juan Carlos Pezoa, entonces subsecretario de Provincias y actual asesor de la Jefatura de Gabinete, fue una pieza clave de ese aceitado engranaje de disciplinamiento político.
¿Cómo se distribuyen, a su vez, los fondos entre las provincias? Buenos Aires aporta el 34 por ciento de los recursos fiscales a la bolsa de la coparticipación y retira sólo el 22 por ciento (ver cuadro); Córdoba y Santa Fe contribuyen con alrededor del 8 por ciento, aproximadamente lo mismo que les vuelve; y en las provincias chicas la AFIP recauda menos impuestos nacionales de los que después les gira la Nación.
El “desequilibrio” en las cuentas de Buenos Aires se remonta a los tiempos de la administración Alfonsín. Entonces, el también radical Alejandro Armendáriz renunció a “puntos de coparticipación” que el Presidente redistribuyó entre las provincias más pequeñas, como parte de una estrategia de convivencia con los gobernadores justicialistas.
El propio Kirchner reconoció esta situación durante la última campaña electoral. Como recordó el titular de la Cámara de Diputados, el duhaldista Eduardo Camaño, su plataforma electoral decía, en el apartado “reformulación de la coparticipación”, que “a Buenos Aires deben restituirle los 8 puntos de coparticipación federal que se le quitaron durante el gobierno de Alejandro Armendáriz y la devolución no tiene que salir de los ingresos de las otras provincias sino de la Nación”. Ocho puntos de coparticipación equivalen a unos 2400 millones de pesos al año.
El proyecto de coparticipación de la administración Kirchner no modifica, en lo sustancial, la desbalanceada asignación de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias, además de congelar la posición relativa de Buenos Aires.
Como publicó Página/12 la semana pasada, la estrategia de negociación del kirchnerismo fue aislar a Felipe Solá, garantizándoles a José Manuel de la Sota y a Jorge Obeid los recursos necesarios para financiar, entre otras cosas, los déficit de sus cajas de jubilación: 340 millones en Córdoba y 120 millones en Santa Fe. Pero además, en la Rosada saben que con 2 o 3 puntos de coparticipación bastan para alinear a la mayoría de los gobernadores de las provincias chicas.
El apuro del Fondo Monetario por acelerar el trámite de la coparticipación residía en la ingenua creencia de que una nueva ley ofrecería “seguridad jurídica” a una distribución de impuestos favorable a la Nación. Sin embargo, Lavagna consiguió que en Washington admitieran que, una vez abierta la caja de Pandora, el resultado podría ser justo el contrario. Se correría el peligro de que las provincias terminaran arrancándole a la Nación ingresos necesarios para garantizar el superávit fiscal prometido a los acreedores.
Para la Ley de Responsabilidad Fiscal no habrá “dispensa” que valga. Con esa norma, el Fondo pretende que, por primera vez en la historia argentina, se fijen estrictas pautas de superávit fiscal para los estados del interior, además de establecerse límites al endeudamiento.