Por Fernando Krakowiak

Eduardo Curia es uno de los pocos economistas oficialistas que propuso flexibilizar la oferta a los acreedores y aumentar la proyección de superávit, cuando en el Gobierno aseguraban que la propuesta de Dubai era inmodificable. Con los cambios concretados, Curia afirmó a Página/12 que “los bonistas van a querer un tercer round”, pero ahora el Gobierno “debería tratar de que, a lo sumo, haya un tiempo de descuento para ultimar detalles técnicos”. “No se debe poner en riesgo la sustentabilidad de la oferta para lograr una mayor aceptación” y remarcó que ha llegado la hora de que “el Gobierno le reclame buena fe al G-7 y al FMI.”
–¿Está conforme con la flexibilización de la propuesta?
–Desde fines del año pasado, vengo diciendo que había que mejorar la oferta, siempre que no se alterara la esencia del planteo formulado en Dubai. La nueva propuesta implica un mayor compromiso, pero respeta esa esencia al jugar con el valor presente y el valor nominal de la quita del 75 por ciento, al mismo tiempo que responde a la invocación de “buena fe” que hicieron el G-7 y el FMI. Creo que estamos llegando al final del camino porque el Gobierno no debe poner en riesgo la sustentabilidad para lograr una mayor aceptación.
–¿Va a ser la última oferta?
–Después de las propuestas de Dubai y de Buenos Aires, los bonistas van a querer un tercer round e incluso un cuarto y un quinto. El Gobierno debería tratar de que, a lo sumo, haya un tiempo de descuento para ultimar detalles técnicos, alterando la proporción de emisión de los bonos o discutiendo la aplicación del bono de crecimiento. En el límite podría figurar un pago inicial de cortesía que sirva como la frutilla del postre sin herir las reservas.
–¿Entonces habrá tercer round o tiempo de descuento?
–La situación es complicada. Yo pensé que antes de lanzar la nueva oferta se iba a conversar con el G-7 y el FMI para obtener su apoyo, porque son los árbitros que le pueden marcar la cancha a los bonistas. Sin embargo, lo máximo que hubo es la expresión de John Taylor diciéndoles a los bonistas que sigan negociando. Mi temor es que hayamos incurrido en una nueva presentación unilateral y que los bonistas vengan por más. Por eso, creo que es momento de que el Gobierno le reclame buena fe al G-7 y al FMI.
–¿Qué porcentaje de adhesión considera suficiente para cerrar un acuerdo?
–Cuanta más adhesión haya mejor, siempre que no se ponga en riesgo la sustentabilidad de la oferta. Un 70 por ciento sería un buen resultado.
–¿Qué riesgo pueden representar los bonistas que se queden afuera?
–Puede suponer un costo para el país. Por lo tanto, el Gobierno debería previsionarse, pero lo importante es tratar de ganar tiempo.
–El Gobierno afirma que si se llega a un acuerdo, la Argentina quedaría con una deuda equivalente al 85 por ciento de su producto, ¿es sustentable una deuda de esa magnitud?
–La verdad es que estamos jugados. La deuda sería más manejable si fuera equivalente al 60 por ciento del producto, aunque también hay que tener en cuenta que durante la convertibilidad el porcentaje era menor, pero con relación a un producto que estaba signado por una terrible distorsión cambiaria. Por lo tanto, lo que parecía un porcentaje admisible en rigor era aberrante. El 85 por ciento es bastante subido, pero la sustentabilidad va a pasar por el modelo económico. Las exportaciones y la sustitución de importaciones deben ser la clave, para lo cual se debe mantener un tipo de cambio real alto a lo largo del tiempo.
–Pero los supuestos de la propuesta de Economía proyectan un tipo de cambio real más bajo.
–Si bien son ejercicios de simulación, eso me preocupa mucho porque revela un desatino colosal. Algunos sostienen que un tipo de cambio bajo otorga un aliciente fiscal, pero por esa vía también perdemos recaudación por retenciones. Además, uno puede tener en teoría la posibilidad de acceso fácil al dólar porque es barato, pero eso no refleja el costo de oportunidad económico de generar los dólares. Durante la convertibilidad el dólar era barato, pero había una escasez de dólares infernal.
–¿Qué podría pasar en el peor escenario?
–Lo catastrófico sería llegar a una instancia en la que el país termine siendo bloqueado. Hoy esa posibilidad aparece lejana, pero también es cierto que hay un límite después del cual ya no hay repechaje.