La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló un arbitraje presuntamente inapelable que favorecía a la constructora Cartellone, en una demanda contra el Estado nacional por mayores costos en una obra hidroeléctrica. Aquel organismo puso de relieve que aquellas decisiones pueden revisarse en caso de resultar “inconstitucional, ilegal o irrazonable”. La Procuración del Tesoro se entusiasma con la idea de que sirva como precedente para habilitar la jurisdicción local en la treintena de demandas que las privatizadas iniciaron ante el Ciadi (Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones), tribunal arbitral del Banco Mundial. Los abogados públicos advierten, además, “una tendencia” de esas empresas a renunciar a los arbitrajes, apostando a la vía negociada para tener alguna compensación por los perjuicios que les ocasionó la devaluación y pesificación de las tarifas.
La constructora del mendocino José Cartellone, responsable de la obra civil de Hidronor, reclamó ajustes en la liquidación de obras realizadas en Piedra del Aguila desde mediados de los ‘80 hasta 1991. Como el pleito no pudo resolverse por la vía administrativa, las partes convinieron someterse a un arbitraje que no tendría posibilidad de ser apelado. El laudo finalmente satisfizo las expectativas privadas en demasía, ya que previó una actualización de aquellos pagos que el máximo tribunal de la Nación acaba de considerar “desproporcionados e irrazonables”, amén de otros vicios, como calcular el ajuste desde un mes antes de lo que lo exigía la empresa.
Lo que alienta a los abogados públicos es que la Corte está ratificando su potestad de revisar laudos, aun cuando las partes hubieran resignado la posibilidad de apelación. Según el razonamiento oficial, esta facultad revisoria también podría ser extendida a los dictámenes producidos en tribunales internacionales como el Ciadi. Un aspecto medular de la estrategia oficial para contrarrestar las multimillonarias demandas indemnizatorias consiste, justamente, en recuperar la jurisdicción local, presuntamente más permeable a los argumentos de la defensa argentina. Para sus reclamos por un total de 16 mil millones de dólares, las privatizadas invocan los tratados recíprocos de inversión que Argentina firmó con sus países de origen durante la década pasada y que habrían sido vulnerados tras las devaluación. Pero a juicio del procurador Horacio Rosatti, esos acuerdos internacionales tienen un rango inferior al de la Constitución nacional y, por lo tanto, los árbitros del Banco no podrían disponer algo que la contraríe.
Los fallos del Ciadi también tienen el status de inapelables, salvo que mediara un vicio muy flagrante, como evidencias de que sus autores fueron corrompidos o que se extralimitaron en sus atribuciones. Argentina tiene un papel muy singular por la cantidad de casos en su contra y la envergadura económica de los reclamos que enfrenta. Frente a esto, la Procuración del Tesoro resolvió cuestionar íntegramente el propio sistema bancomundialista en distintos ámbitos internacionales, incluidos el de la OCDE, que nuclea a las naciones más ricas del planeta. Allí objetó aquella cerrazón del Ciadi y su negativa a considerar una situación particular como la “emergencia económica”.
En ese ámbito encontró aliados, como Brasil y Chile, pero también coincidencias con Estados Unidos y Canadá. Tanto Buenos Aires como Washington consideran poco apropiado que el Ciadi opere con tribunales ad hoc en lugar de tener un cuerpo estable, a semejanza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con los canadienses, el punto de contacto está en la idea de distinguir una expropiación de una medida regulatoria que no exige compensación, como serían las tomadas en Argentina luego de la crisis del 2001 y que afectaron las condiciones en que operaban las privatizadas.Por ahora, el expediente más avanzado es el que inició la norteamericana CMS, accionista minoritaria de TGN (Transportadora de Gas del Norte), que daría lugar a un fallo recién el año próximo. En caso de ser desfavorable, el Estado argentino pedirá la nulidad, trámite que no demorará menos de dos años en resolverse. Los tiempos amagan dilatarse. El tribunal arbitral del Ciadi que analiza el pedido indemnizatorio por el congelamiento tarifario y el cobro del impuesto a los sellos que formuló Enron, accionista de TGS (Transportadora de Gas del Sur), ordenó días atrás la suspensión por ocho meses de esa demanda, entendiendo que aquellas cuestiones se están dirimiendo en Unidad de Renegociación de Contratos y en la Corte, respectivamente. Hace pocas semanas, el Estado argentino también firmó un acuerdo con Aguas Argentinas para congelar el pedido de arbitraje hasta fin de año, a la espera de que avance la revisión contractual. Pero, además, los demandantes están mostrando su voluntad de desistir y vienen abriendo sigilosas negociaciones con el Gobierno. Las empresas están preocupadas por los altos honorarios que cobran sus abogados, de hasta 500 dólares “la hora”, y la magra perspectiva de que un eventual laudo favorable pueda ejecutarse.
Hay un aspecto técnico decisivo que mina las esperanzas privadas. El dictamen del Ciadi tiene para el país que debe acatarlo el valor de una sentencia formulada por su propia Justicia y no la jerarquía de una orden internacional. Así, las privatizadas quedarían finalmente sujetas a los tribunales argentinos a la hora de que se ejecute una orden de pagarles la esperada compensación económica. Varias empezaron entonces a sentarse a discutir con el gobierno de Néstor Kirchner cómo siguen explotando un negocio que continúa siendo próspero.