En una semana, el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley con el nuevo marco regulatorio para las empresas privatizadas. La iniciativa fijará las condiciones en que operarán las compañías de servicios públicos de ahora en más, en reemplazo de las reglas anteriores que quedaron desdibujadas con la devaluación. Varias de las concesiones otorgadas durante el menemismo establecían, por ejemplo, la dolarización y actualización de las tarifas por la inflación estadounidense. Una comisión integrada por funcionarios de Planificación y Economía tiene a su cargo la revisión de cada contrato pero, más allá de esa tarea, se requiere de un nuevo marco global para la explotación de los servicios. Con esta ley, de paso, el Gobierno pretende cumplir con el FMI que viene reclamando apurar la negociación con las privatizadas.
Roberto Lavagna recibirá hoy a la misión técnica del Fondo que audita el cumplimiento de las metas pactadas con el organismo. Allí estarán el jefe del equipo, John Thornton, y el delegado permanente en Argentina, John Dodsworth. El ministro destacará la holgura fiscal y el control de las principales variables macroeconómicas, con una expansión del PIB de más del 11 por ciento en el primer trimestre respecto al año pasado. Con un crecimiento tan fuerte y con un superávit fiscal tan elevado –en mayo habría rozado los 3500 millones de pesos–, no habrá problemas para pasar la revisión.
Pero el Gobierno deberá pedir un waiver (dispensa) por la falta de acuerdo con las provincias para una nueva Ley de Coparticipación. Y Lavagna sabe que el FMI hará algún planteo por la falta de avance en la redefinición de los contratos con las concesionarias de servicios públicos. Los técnicos del Fondo también objetarán los atrasos en la selección de las consultoras que analizarán la situación de los bancos Nación y Provincia.
En marzo pasado, cuando el FMI realizó la segunda revisión del acuerdo, Lavagna se comprometió a tener terminada para fines de junio la negociación con las operadoras de electricidad y gas. Sin embargo, la necesidad de cubrir la emergencia energética estiró los tiempos de la discusión con esas empresas. Según trascendió, el problema con las distribuidoras eléctricas del área metropolitana –Edenor, Edesur y Edelap, las únicas de jurisdicción nacional– sería que pidieron incrementos tarifarios para este año, que el Gobierno rechaza, más allá de las subas que concedió de manera indirecta con el plan de premios y castigos para la racionalización de la energía. En el caso de las empresas de gas, las negociaciones están mucho más demoradas.
Una de las razones del atraso es que las privatizadas se resisten a suspender los juicios que iniciaron contra el país ante un tribunal internacional (el Ciadi, con sede en Washington). Hasta el momento, el Gobierno relicitó las concesiones viales interurbanas, cerró un acuerdo con Aeropuertos Argentina 2000 y alcanzó un convenio transitorio con Aguas Argentinas hasta fin de año (que no contempla la suspensión del juicio ante el Ciadi, a pesar del reclamo inicial del Ejecutivo). También firmó actas provisorias, hasta diciembre, con Telefónica y Telecom.
La propuesta del Gobierno para renegociar los contratos de eléctricas y gasíferas establece que no habrá “ningún aumento de tarifas en 2004, se iniciará una recomposición escalonada a partir de enero de 2005 que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2006, y habrá una revisión integral en 2007”. También se define que las inversiones para ampliaciones en transporte y distribución estarán a cargo de Fondos Fiduciarios, ya creados por decreto.
El Gobierno remitió la semana pasada al Senado el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, que pone límites estrictos al gasto y al endeudamiento provincial. Fue en respuesta a una de las demandas del Fondo, siempre obsesionado –especialmente Anne Krueger– con las cuentas públicas en los distritos del interior. La próxima semana el Ejecutivo cumpliría con otro de los requisitos de Washington, al girar al Congreso la propuesta con el nuevo marco regulatorio para los servicios públicos. El ministro de Planificación, Julio De Vido, había encargado el año pasado un proyecto a la universidad Flacso, que supuestamente serviría como base para la redacción de la ley. Los economistas de ese centro de estudios, reconocidos por su rigurosidad en el análisis de los contratos de las privatizadas y en la constatación de incumplimientos y abusos, prepararon un texto que finalmente quedó guardado en un cajón. La próxima semana se conocerá cuáles son las reglas de juego que diseñó el Gobierno para el funcionamiento de esas compañías durante los próximos años.