Después de la difusión de los últimos datos oficiales sobre el desempleo, el Gobierno quiere mostrarse rápido de reflejos y con iniciativa política. Ayer, y a pesar del feriado, Alberto Fernández, jefe de Gabinete, hizo declaraciones radiales temprano en la mañana y reveló que en los próximos días se anunciará un “ambicioso plan de obras públicas”. El anuncio correría por cuenta del propio Néstor Kirchner a su regreso del viaje a China, a principios de julio.
Si bien en el último año se crearon un millón de puestos de trabajo, hubo un dato que preocupó a la Casa Rosada: la caída en la tasa de empleo en el primer trimestre del año en relación al trimestre anterior. Se calcula que entre ambos períodos hubo una destrucción neta de unos 30 mil puestos de trabajo. Aunque los funcionarios creen que ese hecho se explica por una cuestión estacional –es más fructífera la última parte del año que el comienzo, que coincide con la época de vacaciones–, lo cierto es que la noticia generó preocupación en el entorno de Kirchner. El análisis radica en que, aun con una economía creciendo con fuerza, se hace necesaria la aparición del Estado en la conducción de un proceso de inversiones que garanticen, entre otras cosas, la generación de empleo.
En sus declaraciones radiales, Fernández recordó que “el Gobierno ha realizado mucha obra pública” para ayudar a combatir el desempleo. De hecho, hubo varios planes que se pusieron en marcha. El primero se relacionó con la licitación de diversos corredores viales. El más ambicioso, no obstante, se anunció junto a la creación de la empresa estatal de energía –Enarsa–, en medio de la crisis energética. En ese momento se dio a conocer un menú de inversiones por 11.150 millones de pesos para el quinquenio 2004-2009. De este total, sólo una fracción mínima –de 425 millones– corresponde a obras que se terminarán en los próximos 12 meses.
Una tercera etapa de inversiones fue anunciado dos meses atrás por el ministro de Planificación, Julio de Vido. Este programa incluyó obras por 2000 millones de dólares y anticipó un sistema que podría volver a ponerse en práctica en el plan que Kirchner anunciará no bien regrese de su periplo de 11 días: la participación de los organismos internacionales, algunos bancos oficiales, y de las compañías privadas en el financiamiento de las obras.
Algunas de las claves de la acción que el Gobierno piensa desarrollar en lo inmediato, en materia de obra pública, son las siguientes:
- Uno de los bancos más activos en el financiamiento de obras fue el de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Impulsó los trabajos en el ferrocarril trasandino y en la autopista que unirá Rosario con Córdoba.
- Otro de los sectores que está mirando el Gobierno es el de las AFJP. Como Kirchner es muy celoso de las cuentas públicas –así como impulsa el rol activo del Estado también quiere mostrarse prolijo en las asignaciones de recursos–, en la Casa Rosada buscan la manera de que las administradoras utilicen parte de sus multimillonarios recursos para financiar los trabajos. Al respecto, De Vido tiene en su poder planes que, en este sentido, le presentó la cámara de la construcción.
- También se estudian distintas formas de que los privados interesados en participar de las obras pongan fondos frescos para impulsarlas. Los diversos modelos varían de acuerdo a la manera en que las empresas recuperan la inversión y una determinada rentabilidad, y si es el Estado u otra tercera empresa la que finalmente termine explotando –durante un determinado período– el proyecto terminado. Todas estas variantes se las conoce como “proyectos público-privados” (PPP) y, en sus distintas formas, son aplicadas en unos 70 países.
- Los organismos financieros internacionales suelen respaldar a los PPP. No obstante, el Gobierno espera que haya desembolsos frescos para hacer frente a las inversiones productivas. Una parte ya fue anunciada la semana pasada por el BID. Pero la verdadera expectativa de los funcionarios está puesta en que el Fondo Monetario flexibilice su metodología decontabilización fiscal y deje de considerar como gastos algunas inversiones en obras públicas. El tema, reclamado con fuerza por los gobiernos de la Argentina y de Brasil, quedó, al menos por ahora, en la nada.