Para verificar que no existan filtraciones, una misión técnica de la Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia viajó a la Argentina para controlar el cumplimiento del acuerdo de exportación de gas suscripto entre ambos países. Una cláusula restrictiva impuesta por el gobierno del Altiplano prohíbe expresamente la reventa del recurso a Chile. En tanto, las relaciones entre los gobiernos de Chile y Argentina se van normalizando paulatinamente en la misma medida en que se regulariza el envío de gas a través de la cordillera.
La Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia informó en La Paz que, para verificar el acuerdo con Argentina, se han establecido vínculos de trabajo con la Secretaría de Energía de ese último país, con intercambio de información técnica durante todo el período que dure el acuerdo de suministro. Durante seis meses, Bolivia se comprometió a entregar cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas, con prohibición expresa de reexportación a Chile. Este país y Bolivia mantienen una prolongada controversia territorial por la ocupación del país trasandino de territorios que dejaron a Bolivia sin salida al mar,
Argentina comenzó a restringir los envíos de gas a Chile a partir de abril, alcanzado durante mayo un recorte de 7,3 millones de metros cúbicos diarios. Pero a partir del lunes de la semana pasada, la situación comenzó a revertirse, restableciéndose exportaciones por un volumen de dos millones de metros cúbicos por día.
Esta última información generó inquietud en Bolivia, donde diversos grupos opositores vincularon el restablecimiento de las ventas a Chile con la llegada del gas boliviano. Al respecto, el superintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, declaró a la prensa de su país que los primeros informes técnicos sobre el tema establecen que el gas boliviano no se está enviando a Chile. La superintendencia también puntualiza que el compromiso del gobierno argentino es que no se “autorizarán exportaciones a terceros países desde la Cuenca Noroeste, que reporten cantidades superiores al promedio histórico de los 90 días anteriores a la fecha de suscripción del convenio” firmado con Bolivia en abril pasado. Las autoridades bolivianas reconocen que el gobierno argentino “ha aprobado el 17 de junio una normativa que traduce lo señalado en el convenio internacional” para asegurar el uso doméstico de los volúmenes del energético boliviano.