La misión del FMI terminó ayer la tercera revisión del acuerdo con Argentina. El Gobierno pasó el examen sin las estridencias de otras veces. Para que la aprobación quede confirmada habrá que esperar a la reunión de directorio del Fondo, pero fuentes vinculadas al organismo, consultores de la city y funcionarios de Economía coincidieron en que será sólo un trámite. De todos modos, el Gobierno debió pedir waivers (dispensas) por el incumplimiento de metas cualitativas, como la sanción de la ley de coparticipación. Las autoridades del FMI harán los reproches de rigor, pero seguirán adelante con el programa a tres años pactado con la administración Kirchner. Roberto Lavagna recibió al jefe de la misión, John Thornton, con un dato categórico, que reafirma la posición argentina frente al principal interés del FMI: el superávit fiscal de mayo fue record, superior a los 3500 millones de pesos.
El Palacio de Hacienda difundirá oficialmente mañana los datos fiscales. Página/12 pudo saber que el monto del superávit rebasará las previsiones más optimistas. El Gobierno consiguió en cinco meses casi 9200 millones de pesos de excedente, contra una pauta anual de 10.000 millones. Lo más probable es que el superávit de todo 2004 casi duplique el comprometido con el FMI. Los leves incrementos en jubilaciones mínimas y en salarios de empleados públicos fueron poco gasto frente a la importante suba de la recaudación. Esa disciplina fiscal es reconocida por Washington. También la cautela con que Lavagna maneja las proyecciones macroeconómicas, contrastante con la de otros gobiernos y otros ministros de Economía.
Lavagna, acompañado por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, recibió en la mañana de ayer a Thornton y al delegado permanente del FMI en Argentina, John Dodsworth. Fue un encuentro corto, de apenas media hora, en el que el jefe de Hacienda comunicó la novedad sobre el resultado fiscal de mayo y explicó las razones de los incumplimientos de metas cualitativas. En particular, detalló el estado de las negociaciones con las provincias para la sanción de una nueva ley de coparticipación. El acuerdo con el Fondo establece que en enero de 2005 debería entrar en vigencia un nuevo sistema de reparto de recursos tributarios entre la Nación y las provincias. A esta altura parece difícil que el conflicto entre el gobierno central, la provincia de Buenos Aires y los demás distritos de interior vaya a resolverse a tiempo para que la ley se sancione este año.
El Gobierno demostró voluntad para responder a lo pactado con el FMI, más allá de los problemas con la ley de coparticipación. Lo que hizo fue apurar el envío al Congreso de la ley de Responsabilidad Fiscal, que pone un estricto límite al gasto y al endeudamiento provincial. La explicación del Fondo para el derrumbe de la convertibilidad es que las provincias no ajustaron sus cuentas. Es lo que repite Anne Krueger en cada conferencia, en un intento por salvar el prestigio –más que devaluado– del organismo que la tiene como número dos. Con la ley de Responsabilidad Fiscal, el Gobierno responderá a la obsesión de Washington de controlar las cuentas provinciales, objetivo inalcanzable para el FMI porque sus acuerdos son con el gobierno nacional, no con las provincias.
Los otros dos atrasos que presenta el Poder Ejecutivo respecto de lo acordado con el Fondo tienen que ver con las privatizadas y con la banca pública. En el primer caso, Lavagna prometió enviar la próxima semana al Congreso el proyecto de ley con el nuevo marco regulatorio para las empresas de servicios públicos. En la segunda revisión del acuerdo, el ministro se había comprometido a tener terminada para junio la renegociación de los contratos de las compañías eléctricas y gasíferas. Como la tarea no está lista, el Gobierno responde elevando al Poder Legislativo una ley relacionada con el tema, que el Fondo también pide. Es la misma estrategia que con el caso de la coparticipación.
En cuanto a la meta vinculada a la banca pública, Lavagna les dijo a los delegados del FMI que en los próximos días se resolverá la elección de las consultoras que analizarán la situación de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires. Es otra de las metas cualitativas incumplidas en esta revisión.
Ninguno de estos tres temas –coparticipación, privatizadas y banca pública– pueden poner en riesgo la continuidad del acuerdo. Sobre todo cuando del lado de los cumplimientos figura el altísimo superávit fiscal y la mejora en la propuesta a los acreedores por la reestructuración de la deuda. Economía se niega a darle intervención al FMI en este último tema, pero lo cierto es que Lavagna toma como un punto a su favor la concesión que el Gobierno hizo a los tenedores de bonos.
El mayor interés del Fondo es que Argentina tenga un alto superávit fiscal para pagarles más a los acreedores. Y el Gobierno está respondiendo. Eso no quiere decir que Rodrigo Rato y Krueger lo consideren suficiente, pero la pelea quedará suspendida hasta el lanzamiento del canje de deuda y la evaluación de la respuesta del mercado. Si el Gobierno consigue que un alto porcentaje de bonistas acepte su propuesta, entonces el FMI no tendrá nada más que decir. En caso contrario, la próxima revisión del acuerdo, dentro de tres meses, será el momento para la verdadera batalla. Ahora, todo pasó sin sobresaltos.