Transcurrían los primeros meses del gobierno de la Alianza, y Carlos “Chacho” Alvarez lucía nervioso e irascible cada vez que desde el bloque de diputados del Frepaso le respondía que la llamada ley de flexibilización laboral chocaba con los principios de la agrupación. “Si no sacamos esta ley, se rompe el acuerdo con el Fondo, y se nos cae el gobierno”, exageraba –lo admitió después, cuando estalló el escándalo de los sobornos– el entonces vicepresidente. Un año antes, en una austera oficina en la calle 19 en Washington, sede del Fondo Monetario, Roque Fernández “negociaba” con un equipo de funcionarios del organismo cuando una secretaria le acercó un papelito que lo dejó helado: “Se cayó el Beto”, decía la nota. Desconcertado, el ministro discó de inmediato a Buenos Aires para saber si el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, permanecía en su cargo. Después de unos minutos, alguien reparó en el precario castellano de la secretaria, y en que el veto en cuestión era una de las condiciones exigidas por el FMI para frenar una ley que iba en contra de los lineamientos de Washington. Por estos días, el gobierno de Kirchner lucha en el Congreso por apurar otra conflictiva ley a pedido del Fondo: la denominada de Responsabilidad Fiscal. Un relevamiento de Página/12 revela que en los últimos años se aprobó más de una veintena de leyes y decretos fundamentales –el listado completo es mucho más largo– por encargo de Washington.
Una vez, Rudiger Dornbusch, el excéntrico profesor del M.I.T, propuso que la política económica argentina fuera dirigida por un “comité de notables” extranjeros, algo que causó indignación y revuelo en la dirigencia política, reacia a esa forma de “subcontratación” del poder, pero proclive a votar leyes “made in Washington”.
Sólo dos proyectos de ley fueron, hasta ahora, rechazados sistemáticamente por el Congreso: la privatización del Banco Nación y la reforma de la ley de coparticipación, que hoy forma parte del menú legislativo que, en la última carta de intención, se comprometió a despachar la administración Kirchner.
El inventario de leyes o decretos que llevan el sello del FMI, en orden cronológico empezando por las más recientes, es el siguiente:

Era Kirchner

- Ley de compensación a los bancos: incluida en la ley de Presupuesto 2004.
- Ley de Reforma de la ley de Entidades Financieras y de la Carta Orgánica del Banco Central: contiene la polémica inmunidad judicial para los funcionarios del Central –una exigencia histórica del Fondo– y mayores potestades a la entidad para cerrar, fusionar y reestructurar bancos.
- Ley Antievasión I: es una de las condiciones de la carta de intención firmada en septiembre.
- Proyecto de ley Antievasión II: Idem anterior.

Era Duhalde

- Ley de Subversión Económica: modificó la ley que, según Washington, no ofrecía “seguridad jurídica” a los hombres de negocios, quienes temían ser perseguidos por los jueces con esa figura legal ante la quiebra, cierre y/o vaciamiento de entidades financieras o empresas.
- Ley de Quiebras: modificó la ley vigente, en línea con los intereses de los acreedores. Ante la enorme cantidad de empresas locales deudoras que cayeron en default tras la devaluación, el Fondo asumió la representación de los acreedores –en su mayoría extranjeros– y logró posicionarlos mejor en la renegociación de sus acreencias.

Era Alianza

- Ley de Déficit Cero: “Argentina no tiene otra opción que el déficit cero”, afirmaba Thomas Dawson, director de Relaciones Institucionales del FMI el 15/9/2001, al defender públicamente una de las últimas medidas instrumentadas por Domingo Cavallo antes de la debacle.
- Ley de Competitividad: en ella, además de algunos incentivos impositivos a los sectores productivos, figuraba la creación del impuesto al cheque, como una respuesta a las presiones del Fondo para cerrar la brecha fiscal. “El Gobierno reafirmó su compromiso con las metas fiscales para el 2001 en el contexto de la ley de Responsabilidad Fiscal (ver más abajo)”, decía el FMI en el memorándum de junio de 2001.
- Ley de Superpoderes: En inglés, Special Emergency Powers. Una pata de la estrategia llevada adelante por el ministro Cavallo ha sido “reestablecer el liderazgo de Gobierno al obtener mandato legislativo para legislar por decreto”, aplaudía el Fondo, al aprobarse una ley que exigía hace rato.
- Decreto de Desregulación de las Obras Sociales (junio 2001).
- Ley de Reforma del Mercado Laboral (mayo de 2000): “Es de esperar que la reforma tenga en el tiempo un impacto significativamente positivo en la competitividad y el empleo”, pronosticaba el Fondo.
- Decreto de recorte de salarios públicos (mayo 2000): entre el 12 y 15 por ciento.
- Ley de Emergencia Fiscal: a principios del año 2000, impulsada por José Luis Machinea y Chacho Alvarez para llegar a un entendimiento con el organismo. Respondía a las llamadas “reformas estructurales”: apuntaba a la “Reforma del Estado” y concedía al Ejecutivo, entre otras cosas, la potestad de eliminar organismos y relocalizar empleados públicos, entre otras medidas.
- Ley de Reforma Tributaria: Dispuso el polémico “impuestazo” de Machinea (incrementando la carga, entre otros, del impuesto a las Ganancias), en línea con el reclamo del Fondo.
- Ley Antievasión: Estableció, entre otras medidas, que los pagos de más de 10 mil pesos debían realizarse con cheque, como parte del “paquete fiscal” diseñado en Washington para achicar el déficit fiscal.
- Ley de Pacto Federal: Fijó un techo a las transferencias a provincias y determinó el congelamiento de los gastos provinciales por 5 años, en el contexto de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Era Menem

- Ley de Responsabilidad Fiscal (septiembre de 1999): Ese es textualmente el nombre utilizado en los documentos del FMI, curiosamente el mismo nombre del proyecto enviado días atrás por el gobierno al Congreso. Aquí se llamó ley de “Administración Federal de los Recursos Públicos” o “Régimen de Convertibilidad Fiscal”. A poco de abandonar el poder Menem, el FMI quería asegurarse el compromiso del nuevo gobierno con las metas fiscales fijadas por el organismo. Establecía la elaboración de un presupuesto plurianual, metas de gasto y la creación de un fondo fiscal anticíclico.
La década menemista está plagada de leyes y decretos a medida del Fondo. De hecho, la segunda oleada de privatización, los pactos fiscales para ajustar los gastos provinciales y la privatización de los bancos públicos del interior se inscriben dentro de acuerdos con el organismo.
Pero para tener una idea de hasta dónde llegó la injerencia del “Consenso de Washington” en la política doméstica, vale recordar la Ley Federal de Educación (1993) y el Pacto Fiscal Educativo (1994). Esas normas instrumentaron la descentralización de los servicios educativos en las provincias, una medida por la que presionaron en conjunto el Banco Mundial y el FMI. El primero porque formaba parte del “manual del buen administrador público” escrito por sus expertos. El Fondo porque la descentralización del gasto educativo no fue acompañada por una transferencia de recursos equivalentes desde la Nación, y en consecuenciaera una manera de forzar el ajuste a los estados del interior, la sempiterna obsesión de Washington.