El polémico proyecto de ley que promueve la compra de bienes de capital y las obras de infraestructura pasó la primera valla en el Congreso. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Industria de Diputados dieron dictamen favorable a la iniciativa, que quedó habilitada para ser tratada en el recinto. El debate, de todos modos, promete ser intenso, ya que hubo una gran cantidad de disidencias parciales. Las críticas surgieron incluso desde el oficialismo. “Es una ley a medida de Techint”, denunció el diputado Claudio Lozano, junto con su par Adrián Pérez (ARI), quienes emitieron un dictamen en minoría. El proyecto de Roberto Lavagna faculta al Poder Ejecutivo a conceder facilidades impositivas por 1000 millones de pesos.
La discusión más fuerte está dada porque el Grupo Techint sería el mayor beneficiario del sistema de diferimiento de IVA a las inversiones. El holding que encabeza Paolo Rocca planea construir un gasoducto desde Bolivia, con una inversión de 1000 millones de dólares. A algunos diputados les llama la atención que Lavagna haya diseñado el proyecto al mismo tiempo que la empresa anunció la obra. “A Techint esta ley le cae como anillo al dedo. Hay muchas suspicacias por este tema y no son en vano, porque en el acuerdo que firmó el Gobierno con la empresa en enero se preveía la reducción del IVA”, mencionó a Página/12 el diputado Alberto Natale (demócrata progresista), quien emitió un dictamen en disidencia parcial.
El Gobierno argumenta que es lógico que el proyecto favorezca a los grandes grupos, porque fue pensado para facilitar importantes obras de infraestructura. “No hay pymes en condiciones de construir un gasoducto”, justificó una fuente legislativa, con argumentos de Economía. Ese planteo generó un intenso debate en las comisiones, especialmente en la de Industria. Los instrumentos que propuso el Gobierno son el diferimiento del IVA para inversiones y la amortización acelerada de IVA y Ganancias para la compra de bienes de capital. No hay cupos que garanticen que el beneficio llegará a las pymes, por lo que se corre el riesgo de que el grueso de los 1000 millones disponible sea utilizado por las grandes empresas.
“Nosotros propusimos que el régimen de promoción fuera para las pymes, que se pudieran comprar sólo bienes de capital nacionales y que hubiera una distribución geográfica del beneficio”, explicó el diputado Pérez, quien también cuestionó la poca claridad sobre el mecanismo de selección de los proyectos a ser promocionados. El presidente de la Comisión de Industria, el duhaldista Carlos Brown, pidió la ampliación del monto aplicable a la promoción, para que no se agote en un proyecto y llegue a las pymes.
Para Lozano, “este proyecto no tiene otro objetivo que facilitar un negocio de Techint”. “Ellos van a construir un gasoducto para poder sacar el gas de sus pozos en Bolivia, que no pueden exportar por el Pacífico por los problemas de ese país con Chile”, opinó. También cuestionó que de una inversión de 1000 millones de dólares, el Estado aporte 250 millones “sin convertirse en socio”. “El Gobierno le garantiza a la empresa una rentabilidad anual de 12 por ciento sobre la inversión, aporta fondos y otorga un diferimiento impositivo. Es decir, le da todos los apoyos imaginables”, agregó. El gasoducto en cuestión llegará al puerto de Rosario y la parte de inversión del Estado será para que poblaciones del NEA accedan al gas. “Habría que ver si en esa zona no sería mejor desarrollar proyectos alternativos de generación de energía”, concluyó Lozano.