En el Ministerio de Economía celebraron como si fuese una victoria. Antes de partir de regreso a Washington, la misión del Fondo Monetario, que estuvo en Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo vigente, emitió un comunicado que bien podría leerse como favorable: dio por cumplidas las llamadas metas cuantitativas (de superávit fiscal) y elogió los “progresos en la agenda de reformas estructurales” para “sostener la disciplina fiscal en el mediano plazo”. Sin embargo, el problema no es la misión –que deberá elevar su dictamen a la gerencia y al directorio del organismo–, sino la oposición de los representantes de países como Italia, Alemania, Japón e Inglaterra, que presionan para que el gobierno de Kirchner mejore su propuesta a los acreedores privados.
Como siempre ocurre, los comunicados del Fondo empiezan con una fórmula diplomática: “Las discusiones (entre la misión y las autoridades argentinas) fueron cordiales y colaborativas”, afirma la misiva. Lo importante viene después. “La performance sobre los criterios cuantitativos están cumplidos”, asegura la declaración escrita por los jefes de la misión, John Thornton y John Dodsworth. “La recuperación de la economía argentina continúa siendo fuerte, con una tasa de crecimiento cercana al 10 por ciento en el primer trimestre, reduciendo el desempleo y trayendo el PBI real a los niveles previos a la crisis. La inflación está controlada, la cuenta corriente muestra un superávit sustancial y las reservas continúan aumentando”, agrega. Primera señal a favor de Lavagna: los burócratas de Washington no hacen la más mínima referencia al impacto que la crisis energética podría tener en el crecimiento y en particular sobre la industria.
Más adelante, el organismo destaca que “la misión ha registrado progresos en la agenda de reformas estructurales, que incluyen reformas en la estructura fiscal tendiente a consolidar y sostener la disciplina fiscal en el mediano plazo, medidas en el sector bancario para fortalecer la intermediación financiera y los continuos esfuerzos para reestructurar su deuda soberana”.
Segunda señal favorable: no se menciona que el Gobierno deberá pedir un “waiver” (dispensa) por el incumplimiento de “metas cualitativas”, como ser el compromiso de contar con un proyecto de ley de coparticipación consensuado en el Congreso. De hecho, tampoco está claro que la ley de Responsabilidad Fiscal –otra de las “metas cualitativas” exigidas para fin de mes– vaya a ser aprobada sin más trámite. En el Senado empezaron a oírse voces disidentes dentro del propio justicialismo y es probable que se introduzcan modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo. Otra meta estructural incumplida es la selección de dos consultoras internacionales para auditar y formular un plan de reforma de los bancos Nación y Provincia.
Al destacar los “continuos esfuerzos para reestructurar su deuda soberana”, la carta de la misión realiza otro guiño al Gobierno en un tema tan sensible como la renegociación con los acreedores privados.
Finalmente, el comunicado sostiene que, “en colaboración con el Banco Mundial, la misión ha revisado las políticas aplicadas dirigidas al sector energético y de las empresas de servicios”. De nuevo, no se hace ninguna referencia a las tarifas de los servicios públicos: una constante en todos los documentos del organismo en los últimos dos años, que el Fondo insiste en la necesidad de descongelar por completo. En este sentido, Lavagna se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley para el nuevo marco regulatorio de los servicios públicos, pero el borrador todavía no está listo.
Sin embargo, semejante respaldo de los técnicos del Fondo a la política oficial serviría de poco si en el Directorio del organismo se consolidara el bloque opositor a la Argentina, constituido por un grupo de países que pretenden que la administración Kirchner mejore la oferta a los acreedores privados.