El Ministerio de Economía se apresta a elegir cuál de las tres consultoras que se presentaron a la licitación para el “fortalecimiento y eficientización” del Banco Nación se hará cargo de la tarea. Se trata de uno de las metas acordadas con el FMI para el acuerdo stand-by en curso desde septiembre pasado. La demora en este punto se traducirá en el pedido de una dispensa (waiver) para que la tercera revisión sea aprobada. De acuerdo con el pliego de bases y condiciones para la licitación, al que accedió Página/12, muchas de las tareas del auditor externo se encuentran en contradicción con las funciones tradicionales de la banca pública. Entre otros puntos, se evaluará el cierre de las sucursales “no rentables”, lo que podría implicar la reducción de personal y de cobertura geográfica, así como la transformación del Banco en una sociedad anónima. La presidente de la entidad se pronunció en contra de cualquier forma de privatización, “hablar de privatización me pone mal, me incomoda”, sostuvo.
La apertura de los sobres de la licitación para la contratación de consultoras para el “Diagnóstico y formulación de un plan de fortalecimiento y eficientización de la banca pública oficial” se produjo el 4 de mayo pasado. Además del Nación será auditado el Banco Provincia (Bapro). Para la primera entidad se presentaron 3 firmas. Dos de ellas son consultoras internacionales. Se trata de AON Consulting y Booz Allen Hamilton, con amplia experiencia en procesos de privatización en América latina. La tercera es un consorcio integrado por un grupo español, DFC, y dos nacionales: Suárez y Méndez, y Aguirre y González. Quizás hayan escuchado las declaraciones del presidente Néstor Kirchner, quien llamó a “terminar con el curro de las consultoras” internacionales y privilegiar la inteligencia local. Desde entonces, el Ministerio de Economía tuvo 40 días hábiles para elegir a uno de los competidores. El plazo vence el 1° de julio próximo. Pero los incumplimientos en los tiempos vienen de arrastre y Economía deberá pedir una dispensa formal al FMI.
La licitación, ya antes de la gestión de Felisa Miceli, dio lugar a fuertes críticas de la Asociación del Personal Jerárquico del Nación, quien denunció que las tareas de la consultora significaban un nuevo intento por poner en marcha la privatización del Banco. Desde el Ministerio de Economía niegan rotundamente la acusación y explican que se trata de la simple búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión. Uno de los argumentos más fuertes es que en 2003 el Banco perdió 800 millones de pesos.
¿Pero cuál será la tarea de la consultora una vez elegida?
En los pliegos licitatorios pueden leerse, entre otros puntos, los siguientes cuatro objetivos:
- “Asegurar la sustentabilidad y eficiencia de las operaciones (del Banco) en un contexto de competencia con la banca privada”.
- “Identificar las actividades y líneas de negocios no rentables, que no logren recuperar totalmente los costos”.
- Proponer un plan de transformación que incluya “acciones con plazos definidos para que la banca mejore radicalmente sus procedimientos y gestión, aumente la transparencia y eficiencia de las operaciones y fortalezca las funciones de control interno y gestión de riesgo”.
- En el capítulo sobre “revisión del rol y opciones estratégicas futuras” se destaca la “determinación de los cambios necesarios para lograr la viabilidad y rentabilidad en el entorno operativo actual y futuro” y considerar “la visión del accionista respecto de los roles y funciones asignadas al Banco”.
En principio, dado que se trata de ajustar los rojos actuales y potenciales de las cuentas públicas, los objetivos aparentan ser razonables. Sin embargo, estos criterios de rentabilidad lógicos en la administración privada pueden estar en contradicción con las finalidades de un banco público, lo que no significa que una banco oficial no deba ser rentable. Pero antes de considerar los cuatro objetivos enunciados es necesario un breve repaso de la realidad actual del Banco.
De acuerdo con su carta orgánica, e implícitamente también de acuerdo con el texto de la Constitución nacional, el Banco Nación debería cumplir cuatro funciones básicas. Regular tasas de interés, otorgar créditos de fomento, contribuir a la integración regional y aportar al Tesoro Nacional. Por variadas razones, el Banco no cumple hoy todas sus funciones. Uno de los datos más cuestionados es el resultado negativo de 800 millones de pesos en el balance de 2003. En este punto debe considerarse que durante ese año el Nación debió pagar mandas judiciales por 900 millones de pesos más 44 millones de dólares. A ello se sumaron adelantos de coparticipación que no fueron cancelados y avales inadecuadamente otorgados.
Otro punto controvertido es por qué, si el Nación concentra el 23 por ciento de la torta de los depósitos, no fue capaz de cumplir la función de generar una tasa de interés de referencia. Aquí la razón es más compleja y debería ser explicada por razones primero políticas y después económicas. No obstante, desde el Banco argumentan que la elevada previsión a que obligan los créditos incobrables heredados de la década del ’90 supone mantener inmovilizados fondos por alrededor de 800 millones de pesos, situación que atenta contra la capacidad prestable.
Pero más que los problemas generados en el Banco por el desmanejo del pasado y por la propia crisis del conjunto del sistema financiero, la pregunta esencial es si los objetivos de la consultoría externa son compatibles con los objetivos de la carta orgánica de la entidad.
Sin duda, el punto más discutible, sintetizado en los tres primeros objetivos que deberá perseguir la consultora, es la aplicación de criterios de rentabilidad propios de la actividad privada. Si bien un banco público no debe tener pérdidas y si es posible debe contribuir al Tesoro, la función de ayudar a ejecutar las políticas económicas y sociales resulta incompatible con la maximización del beneficio. Algunos pocos ejemplos alcanzan para ilustrar la afirmación. De la contribución al desarrollo de zonas alejadas de los grandes centros urbanos, por ejemplo, no puede esperarse conseguir una rentabilidad máxima. Tampoco de la presencia en zonas inhóspitas o de escasa densidad poblacional, donde no existen las grandes empresas, sino sólo pequeños emprendimientos. Así, es posible que las primeras “líneas de negocios no rentables” sean identificadas en muchas sucursales del interior. Asimismo, ayudar a exportar a un conglomerado de pymes tiene mayor costo administrativo que hacerlo a una sola gran empresa. Resulta improbable construir una tasa de interés de referencia menor a la de mercado manteniendo la misma rentabilidad que los privados. En líneas generales, una banca cuyo objetivo sea aportar al desarrollo social y regional siempre obtendrá rendimientos menores a los de la banca privada.
El último punto, donde se considera al Estado como “accionista” en el marco de la definición de futuros objetivos, puede considerarse tanto un error conceptual como una clara alusión al destino planeado para la banca pública (ver aparte). Lo notable, en todo caso, es que estas transformaciones sean impulsadas por un organismo también público, como el FMI.