La jueza en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal dejó ayer en suspenso la rescisión del contrato de concesión del ferrocarril San Martín hasta el 6 de julio, día en el que los funcionarios del área de Transporte tendrán que justificar ante la magistrada aquella decisión. El pronunciamiento aborta el traspaso de la línea al Estado, la que seguirá en manos del consorcio Transporte Metropolitano SA, con cuyos accionistas el Gobierno mantiene una relación bastante belicosa. El secretario del área, Ricardo Jaime, defendió la determinación oficial aludiendo a los accidentes fatales ocurridos en la línea, a su juicio producto de la paupérrima calidad del servicio.
Rodríguez Vidal hizo lugar a un recurso de amparo interpuesto por la empresa, que decidió discutir en los tribunales el decreto 798 por el cual se le quitó la adjudicación de esa línea, con el argumento de una mala prestación del servicio. Como contraataque, el grupo conformado por Electromat, Trainmet y Ormas puso de relieve algunos presuntos incumplimientos de parte del Estado, al que le imputa “discriminación” por el supuesto no pago de una parte del subsidio que se habría liquidado íntegramente a otras líneas. Pero también enfatiza que cuestiones como éstas ya se están discutiendo en el ámbito de la Unidad de Renegociación de contratos.
En atención a este argumento, la jueza resolvió dejar en suspenso aquella norma y citar a los responsables de la Secretaría de Transporte y de la Unidad de Renegociación a su despacho para que expliquen por qué se tomó una medida tan drástica en el medio de una revisión contractual. “La Justicia debería haber atendido nuestros argumentos antes de resolver”, se quejaba ayer el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, para quien el propósito prioritario del Gobierno fue preservar el interés de los usuarios, que están padeciendo una prestación deficiente.
“Pareciera que algunos se quieren olvidar de los accidentes y de los muertos, producto del pésimo servicio que prestaba Metropolitano, que quiere judicializar esta decisión, ya que no defendió la línea con una buena prestación”, espetó el funcionario.
El Ministerio de Planificación ya resolvió apelar la medida, la segunda en la semana que toma la Justicia. Antes de Rodríguez Vidal, el juez Eduardo Luft había resuelto suspender el decreto, también a pedido de Metropolitano. Pero el miércoles emitió una resolución rectificatoria, precisando los alcances de su dictamen: el decreto 798 –y, por consiguiente, el rescate de la concesión– seguiría en pie, aunque no podrían alterarse los contratos celebrados con los comerciantes que explotan negocios en las estaciones de Retiro a Pilar.
La medida cautelar impone un paréntesis en las tareas de traspaso del San Martín a Transporte que, a su vez, comprometió el asesoramiento técnico del resto de los operadores de trenes suburbanos: Trenes de Buenos Aires, Metrovías y Ferrovías. Estas empresas, cuyos contratos también están bajo revisión, integrarían una Unidad de Gestión Operativa encargada de dirigir técnicamente la línea hasta su reprivatización.
Según destacó el propio Jaime, Metropolitano no puso ningún obstáculo al traspaso de la información necesaria para concretar aquel cambio de manos, que el Gobierno pensaba formalizar a más tardar la semana próxima. Pero, en rigor, la batalla está planteada en los tribunales, donde también se investiga un atentado ocurrido días atrás en el Roca, la otra línea que, junto al Belgrano Sur, opera el consorcio. Una de las hipótesis analizadas por la Justicia, y alimentada por datos de los servicios de inteligencia, es que se habría tratado de un autoatentado, lo que promovería una automática rescisión del contrato también de esta línea.
También existen grandes interrogantes acerca de la suerte que correrá el San Martín, cuyo destino se debate en dos causas judiciales simultáneas. La cautelar admitida ayer por la jueza abre un breve paréntesis hasta el martes mientras analiza la cuestión de fondo: en qué medida es legalmentefactible dar por caída esta adjudicación cuando, al mismo tiempo, las privatizaciones ferroviarias están en plena revisión.