El conflicto suscitado por la rescisión del contrato de la línea del ferrocarril San Martín amenaza con instalarse definitivamente en sede judicial. Luego del recurso de amparo que dio lugar a la suspensión de la caída de la concesión, acción que el Gobierno apeló por considerarla “desacertada”, otro juzgado embargó la recaudación obtenida por Transporte Metropolitano, tanto en la línea San Martín como en la Roca y Belgrano Sur. Sería por una deuda de 2002 con la misma empresa de origen japonés a la que recientemente se adquirieron 15 locomotoras. En tanto, Sergio Taselli, el accionista que controla Metropolitano, optó por dar batalla acusando al Gobierno de querer dar un golpe mediático y haberlo amenazado con la caída de las concesiones de las otras dos líneas.
Con menos subsidios y con la recaudación embargada, la intervención del Poder Judicial en el conflicto de la línea San Martín enturbia el panorama y obliga a acelerar definiciones. La novedad de ayer, además de las críticas gubernamentales a la jueza que accedió al recurso de amparo, Claudia Rodríguez Vidal, fue el embargo de la recaudación en las tres líneas que maneja Metropolitano. El abogado Miguel Carchio, representante de la empresa Railway Leasing Argentina (RLA), aclaró que “el embargo de la recaudación de Metropolitano es consecuencia de una orden judicial dispuesta en 2002, por la deuda que este grupo tiene con RLA”.
Sin embargo, el momento elegido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, a cargo de Juan José Dieuzeide, no podría haber sido más oportuno. La presión resulta ejercida en el momento justo. “Estos embargos –añadió Carchio– se mantienen vigentes hasta la oportunidad en que se obtengan las ratificaciones por parte del Estado nacional.”
Por su parte, la firma Metropolitano sostuvo que el embargo fue consecuencia de incumplimientos del Gobierno. “Este nuevo incumplimiento de la Secretaría de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime, provoca un cuantioso daño al consorcio ferroviario y en caso de persistir pone en peligro el normal funcionamiento del servicio.” “La empresa responsabiliza a Transporte por el incumplimiento en el pago de la primera cuota del acuerdo suscripto oportunamente y deslinda cualquier responsabilidad ante posibles deficiencias en el servicio provocadas por el mencionado incumplimiento”, dijo el operador.
El conflicto comenzó tras la devaluación, momento en el que deudores y acreedores no lograron ponerse de acuerdo en el monto a pagar para concluir con la operación. Dieuzeide ya había dispuesto en diciembre pasado el secuestro de las 15 locomotoras diesel que Metropolitano utilizaba desde 1997. El conflicto logró destrabarse en abril con un acuerdo por el que el Estado se comprometía a concretar los pagos de las cuotas adeudadas.