El gobierno nacional comenzó a cursar su propuesta de renegociación de los contratos a diversas empresas concesionarias de servicios públicos privatizados, y en particular a las eléctricas. El compromiso de definir un nuevo marco regulatorio para los servicios públicos, que dé luz verde al descongelamiento definitivo de las tarifas, es una de las condiciones que exige el Fondo Monetario para aprobar la tercera revisión del acuerdo vigente.
La propuesta oficial fue elaborada por la Unidad Renegociadora de los Contratos (Uniren), conformada por funcionarios de los ministerios de Economía y de Planificación Federal. Plantea un criterio general de mantenimiento del actual esquema tarifario para lo que resta del año, aumentos a partir del 2005, y un rediseño definitivo de las pautas contractuales (política tarifaria, de inversiones, etc.) para el largo plazo.
Los contratos actuales fueron suspendidos por efecto de la Ley de Emergencia Económica y Social de enero de 2002, y prorrogada hasta el 31 de diciembre próximo. La renegociación de los contratos es un compromiso asumido por la administración de Néstor Kirchner ante el Fondo, y en principio la cuestión debía haber concluido el 30 de junio.
Luego de varios meses a la espera de alguna señal, las compañías distribuidoras de gas natural y las transportadoras de energía eléctrica recibieron las respectivas propuestas, y la intención oficial sería que formularan sus respuestas en un plazo de 10 días hábiles.
En el caso de las eléctricas, se les habría ofrecido un aumento generalizado de tarifas a partir de febrero de 2005, de entre 20 y 25 por ciento, en el marco de una recomposición tarifaria total hacia fines de 2007. Desde las compañías, como adelanto de la pulseada que se viene, ya anticiparon que esa fórmula les parece “insatisfactura”.